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Lucy Pérez

@lucitaperez

Este martes, decenas de integrantes de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) marcharon por las principales calles de la capital tlaxcalteca y se apostaron en las representaciones de ese Estado, para exigir que la legislación local se homologue con la ley federal, se abrogue del Código Penal el delito de difamación y se respete la división de Poderes.

“No como un favor sino como un exigencia, se actualice la legislación para que no se utilice el código penal obsoleto y arcaico como un garrote para intimidar, para socavar un derecho fundamental como lo es la libertad de expresión, tampoco queremos un cheque en blanco para el libertinaje para delinquir como reporteros, sino que nuestras garantías individuales se respeten”, expresó Juan Luis Cruz Pérez, periodista y ex presidente de la UPET, frente al Congreso del Estado.

De acuerdo con el reporte trimestral de Artículo 19, el estado de Tlaxcala pasó “de ser casi invisible en los casos de violencia contra la prensa”, a ser “uno de los estados donde se registraron más amenazas en contra de periodistas, así como el uso de las leyes penales en su contra”.

La organización internacional, que defiende la libertad de expresión e información, ha dicho que “algo evidentemente no está bien, este año Tlaxcala tendrá elecciones locales y parece que el gobierno está dispuesto a todo para controlar a la prensa, sin embargo es difícil pensar en una democracia sin prensa libre”.

Tlaxcala es uno de los 13 estados del país que, contrario a las  recomendaciones internacionales, mantiene los delitos contra el honor (difamación, calumnia y/o injuria).

La protesta se da después de que el pasado domingo 7 de abril fuera detenido Martín Ruiz, director del portal e-consulta Tlaxcala, acusado de difamación por el Oficial Mayor de Gobierno, Ubaldo Velasco Hernández.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), también permanecen abiertas denuncias por parte de los secretarios de la Función Pública, Hugo René Tomoltzin Carreto y de Finanzas, Ricardo García Portilla.

Frente al Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador Mariano González Zarur, el presidente de la UPET, Moisés Morales del Razo, manifestó la unión del gremio en defensa de los derechos fundamentales que fueron trasgredidos por el Estado.

Después, frente a las puertas del Poder Judicial local, el ex presidente de la UPET y reportero de e-consulta, Gerardo Santillán, quien también enfrenta denuncias de funcionarios del gobierno del Estado por supuestas expresiones difamatorias, exigió que exista una verdadera división de Poderes, dado que el Poder Judicial ha mostrado sumisión al Ejecutivo en su intención persecutoria contra periodistas.

Finalmente, se acordó que para consolidar las propuestas del gremio trabajarán en una iniciativa para abrogar el artículo 249 del Código Penal del Estado, que considera a la difamación como delito que amerita pena corporal y pecuniaria.