Roberto Alonso*

Triste y amenazante fue el desenlace preliminar de la reforma constitucional en materia de transparencia en la Cámara de Diputados. Después de su paso venturoso por el Senado de la República, donde tuvieron lugar espacios de consulta y participación social que introdujeron mejoras significativas al dictamen aprobado a finales de 2012, en San Lázaro ocurrió lo contrario.

Si por algo se caracterizó esta reforma en la sede de los diputados fue por el tratamiento que se le dio: un proceso de discusión opaco y excluyente, como lo han descrito las 14 organizaciones que integran el Colectivo por la Transparencia y la red México Infórmate.

A pesar de que esta reforma se presentó como iniciativa desde septiembre de 2012 y fue validada por los senadores en diciembre luego de ser enriquecida, el actual periodo legislativo concluye sin su aprobación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ante la posibilidad de que se votara en comisiones el dictamen con las reservas propuestas por el PRI, la decisión de la bancada del PAN de retirarse de la discusión legislativa fue de lo más prudente.

En un claro contrasentido frente a lo que el PRI aprobó en el Senado, diputadas y diputados del tricolor han planteado una serie de modificaciones al dictamen que no sólo descafeínan la reforma constitucional sino que la convierten en una contrarreforma, en un proyecto regresivo para el régimen del derecho de acceso a la información.

Particularmente y como lo han manifestado el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate en su posicionamiento conjunto, llaman la atención tres planteamientos impulsados por el PRI y que son contrarios a la ampliación de la protección del acceso a la información pública y del sistema nacional de transparencia.

En primer lugar, el PRI busca que los partidos políticos no sean considerados sujetos obligados directos del marco jurídico que regula la transparencia y el acceso a la información pública, siendo tratados como sujetos obligados indirectos a través del Instituto Federal Electoral (IFE) y permaneciendo al margen de la autoridad del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Esta clasificación los mantendría bajo un escrutinio no especializado que ha demostrado su ineficacia.

En segundo lugar y más preocupante aún, el PRI pretende eliminar el carácter definitivo e inatacable de las resoluciones del IFAI, atribuyéndoles únicamente naturaleza vinculatoria al tiempo de permitirles al consejero jurídico del Ejecutivo federal, a los presidentes de las cámaras del Congreso de la Unión y a los titulares de los organismos autónomos interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Con esta modificación el ejercicio derecho de acceso a la información tendería a judicializarse y dejaría de ser expedito, pero además se pasa por alto la defensa que justamente la SCJN ha hecho de la definitividad y la inatacabilidad de las resoluciones del IFAI, asentando que los órganos garantes del acceso a la información pública, en tanto instituciones especializadas, tienen la última voz.

En tercer lugar, el PRI rechaza la posibilidad de un diseño institucional en el que el Ejecutivo federal no tenga un rol preponderante a la hora de designar a los comisionados del IFAI. Aunque el Senado aprobó un diseño que recae fundamentalmente en el Legislativo y considera una amplia consulta a la sociedad, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados prefiere que sea el presidente el que someta a consideración del Senado una terna por cada vacante, ocupando el cargo la persona propuesta por el Ejecutivo federal, dentro de dicha terna, si la Cámara Alta no se pronuncia en un plazo de 30 días naturales posteriores a la recepción de la terna.

Si bien la Cámara de Diputados dio pasos trascendentales en los días recientes para fortalecer las garantías del derecho a la información en otras de sus vertientes con la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, esta misma cámara ha quedado a deber en relación con las bases constitucionales que regulan el derecho a saber.

Urge que se convoque a un periodo legislativo extraordinario para que la reforma en materia de transparencia se apruebe cuanto antes, en los términos acordados en el Senado al ser los que más favorecen el marco legal del derecho de acceso a la información y la transparencia. Si los diputados retroceden los senadores están obligados reencauzar el debate con firmeza y responsabilidad.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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