Lado B
Grupo México ha roto el tejido social en Olintla
Opositores llevan 2 meses en plantón para impedir la obra; las autoridades responden a la empresa, acusan
Por Lado B @ladobemx
28 de enero, 2013
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  • Los opositores llevan dos meses en plantón para impedir la obra; acusan a las autoridades de responder a los intereses de la empresa
Foto: Es Imagen

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Leticia Animas Vargas | RadioExpresión

@letianimas

Olintla, Pue.- El arribo de Grupo México al municipio de Olintla con la intensión de instalar una planta hidroeléctrica y utilizar las aguas del río Ajajalpan ha provocado divisiones entre los pobladores del región, que podrían derivar en enfrentamientos, pero para el corporativo es apenas uno de sus varios proyectos de generación de energía con los que pretende eliminar los 350 millones de dólares que gasta anualmente en la compra de electricidad.

En octubre pasado Grupo México, en voz de Xavier García Quevedo presidente del corporativo, anunció una inversión de 810 millones de dólares para la construcción de cinco plantas de generación de energía, tres en Sonora y dos Oaxaca, lo que le permitirá producir en conjunto el 100 por ciento de la electricidad que requieren sus minas.

Y aunque trabajan sobre la instalación de una planta hidroeléctrica –como parte del acuerdo que firmó Grupo México con el gobierno del estado— hasta el momento la Comisión Reguladora de Energía no ha emitido autorización alguna para que la empresa pudiera utilizar la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y distribuir el fluido generado.

Por lo pronto,  en el municipio serrano la ruptura del tejido social, como dicen los politólogos, se evidencia hasta en detalles mínimos: mientras que lonas impresas en plotter penden de algunas ventanas y paredes de las viviendas de varios “coyomes” (mestizos) en la cabecera municipal en apoyo al proyecto de Germán Larrea; las mantas en las que los totonacos de Ignacio Zaragoza garrapatearon su rechazo, han cedido al sol y al agua de casi 60 días de plantón, pero no en sus reclamos.

Lo mismo que en la realización, este 26 de enero de dos asambleas informativas: una de partidarios de la empresa y otra de sus opositores, tras las cuales las aguas estuvieron a punto de salirse de su cauce cuando los primeros cerraron los accesos a la comunidad e impidieron la salida de 71 miembros del Consejo de la Tierra a quienes querían imponer como “visa” identificarse y firmar un “compromiso de no volver a este municipio”.

Miembros del Centro de Operación y Vivienda y Poblamiento AC, de la Tosepan Titataniske, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, de la Unión Indígena Totonca-Nahua, de la Universidad de la Tierra Puebla, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, del Centro de Estudios Ecuménicos y algunos periodistas quedaron encerrados por más de 20 horas en Zaragoza.

De acuerdo con información del Consejo de la Tierra (Tiyat Tlali), durante los hechos que calificaron como una violación a sus garantías individuales, quedó evidenciado el consentimiento de las autoridades estatales hacia las actitudes y omisiones “de la empresa Grupo México y (de las) autoridades municipales… para intimidar y hostigar a los habitantes de la comunidad de Olintla” que se oponen a la hidroeléctrica.

Además, denunció, es un “palpable ejemplo de las desiguales condiciones económicas con las que accesan (sic) a la justicia comunidades indígenas marginadas y empresas con capitales millonarios en dólares. Lo cual vulnera pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos armonizados con el marco constitucional mexicano… creando un escenario de conflicto social, detonante de violaciones a derechos humanos”.

Una obra irregular

Foto: Es Imagen

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Grupo México llegó a la sierra norte poblana parapetado con el nombre de Generadora Olintla para construir una hidroelérctrica en ese municipio serrano, a pesar de que no han presentado una manifestación de impacto ambiental y sin contar con el consenso de la población afectada que cumple dos meses en plantón de rechazo al proyecto.

La planta generadora forma parte de un plan para “mitigar las emisiones de gases de las minas”, para lo cual habría obtenido un permiso privado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la modalidad de “falso” autoabastecimiento. Pero para Silvia Villaseñor, del Consejo de Tierra (Tiyat Tlali), su verdadera intención es “bajar sus costos de producción y aumentar sus ganancias”, usando la red eléctrica nacional para llevar energía a sus empresas.

El proyecto hidroeléctrico en Olintla forma parte del Convenio Energía Limpia firmado entre el gobierno del estado de Puebla y Grupo México en abril del 2011, para el autoabastecimiento de las minas de dicha empresa, y ha generado tensiones entre los pobladores del municipio –en particular en la comunidad de Ignacio Zaragoza–, y las autoridades locales y estatales, a quienes los primeros reclaman que “se comportan más como empleados de la empresa, que como funcionarios públicos”.

La llegada de una enorme maquinaria con la que el corporativo abriría una brecha hasta la ribera del río Ajalpan, donde construirían una cortina de unos 100 metros de altura, movilizó el pasado 5 de diciembre a los pobladores de Zaragoza que apostaron sus diminutas humanidades frente a la retroexcavadora en rechazo al proyecto que, dicen, atenta contra “los ríos que son la sangre que nutre la Tierra” y a la fecha no se han movido de ahí, pese a la intervención de las policías municipal y estatal.

Mientras, Federico Schroeder, encargado de Desarrollos y Proyectos del grupo minero, ha tratado de convencerlos que la hidroeléctrica tiene más bondades que perjuicios, asegurando que el que se haga con capital privado garantiza que no se repetirán “los abusos” ocurridos en obras de este mismo tipo que eran ejecutadas por “el gobierno” y “va a haber mejoras en el clima”. Aunque no ha explicado a detalle cómo se lograrán estos “objetivos”.

Para otros especialistas, el argumento empresarial, es absolutamente contradictorio pues “la minería, principal actividad del Grupo México, utiliza enormes volúmenes de agua y, junto con los demás recursos naturales, la arrasa despiadadamente. Y ahora, para mitigar el desastre utilizarán el agua para generar su energía eléctrica”, señala en un boletín el Frente de Trabajadores de la Energía.

Viejos anhelos empresariales

A pocos días de haber tomado posesión como secretario de Competitividad, Empleo y Desarrollo Económico, en febrero de 2011, Pablo Rodríguez Regordosa, informó que Grupo México iba a invertir 2 mil millones de pesos en tres plantas hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla con capacidad de generar 26, 20 y 23 megawatts respectivamente, para suministrar energía a las mineras de ese corporativo ubicadas en el norte del país.

El funcionario dio a conocer la disposición de las autoridades de facilitar las cosas a los empresarios, incluso levantando, a través de Conagua, la veda al consumo de agua a cambio de que “garantizara la utilización de tecnología que permitiría utilizarla y regresarla a su cauce natural”.

Exactamente un año antes, en febrero de 2010, durante un foro organizado por la firma BNAmericas, Federico Schroeder ejecutivo del corporativo minero, anunció la inversión en las generadoras de energía para “venderla” a las minas de la empresa a través de Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo a lo señalado por Schroeder, el capital privado “se asociaría” con el sector público para hacer negocios, aunque no explicó que la CFE pondría al servicio de la minera la infraestructura de las redes eléctricas nacionales de transmisión y distribución, a cambio de un pago simbólico por concepto de porteo, al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Queremos saber la verdad

Sin embargo, pese a contar con información del proyecto con anticipación, ni autoridades, ni empresarios, lo dieron a conocer a los pobladores de las zonas que serían afectadas por el mismo, al grado de que, incluso sin permiso de los propietarios, empleados de la minera se introdujeron en terrenos para realizar levantamientos y trazos, provocando disgusto.

Así, la cuerda reventó por lo más delgado el pasado 5 de diciembre, cuando una retroexcavadora llegó hasta la entrada de Ignacio Zaragoza, una comunidad de 565 habitantes, en el municipio de Olintla, ubicada apenas a 600 metros sobre el nivel del mar y desde la que pueden divisarse las amontonadas casas de su vecino, Filomeno Mata, en Veracruz.

Desde entonces, la máquina sigue en el mismo lugar, donde los indígenas totonacos impiden que atraviese el pueblo para abrir un camino “privado” hasta el río donde, según les dijo el pasado 12 de enero el vocero de la transnacional Federico Schoerer, construirían una “laguna benéfica, que dará trabajo a mucha gente, que abrirá caminos de acceso y mejorará el clima”.

“Buscamos un lugar donde no hubieran muchas afectaciones –aseguró-, una cañada que no es apropiada para la agricultura, y a pesar de esto, de todos modos los habitantes serán compensados, pues aunque una parte de sus tierras quede inundada, podrán aprovechar el lago, que tal vez sea más rico que las laderas”.

El proyecto, les dijo, traerá dinero y progreso. El pueblo se hará “importante” porque será generador de energía y “en uno o dos años se detectaran beneficios de desarrollo y la energía regresará al rio sin causarle daño, estará en las mismas condiciones, sólo habrá una turbina conectada a una flecha que la llevará a la subestación de Necaxa”, agregó

Pero esta explicación, que no incluyó detalles técnicos, llegó cuando los indígenas inconformes cumplían 45 días en plantón, con un clima enrarecido por la intervención del alcalde Héctor Arroyo Bonilla y del síndico municipal Diego de Jesús Francisco Galindo quienes, mediante el uso de la fuerza pública, han tratado de “convencerlos” para que desistan de su protesta, según ha denunciado el Consejo de la Tierra.

Y cuando el mismo alcalde y David Díaz Vázquez, delegado de la Secretaría General de Gobierno, se habían presentado en el plantón y habían pedido a la gente que aceptara el proyecto, ofreciéndoles llevarlos a conocer una hidroeléctrica. “Actuando como si fueran empleados de la empresa en lugar de cumplir con sus obligaciones de servidores públicos que deben defender los derechos violentados de la población”, indicaron los ambientalistas.

Luego, abundaron, el síndico Diego de Jesús Francisco Galindo, repartió volantes en la comunidad de Zaragoza con la leyenda: ‘“Estoy a favor de la hidroeléctrica’, actuando descaradamente a favor de los intereses de Grupo México”.

Sin embargo, el presidente municipal Arroyo Bonilla, rechazó las acusaciones e indicó en una reunión con pobladores de Ignacio Zaragoza y el Consejo de la Tierra realizada el pasado 12 de enero en la cabecera, que él les entregó oportunamente la información sobre el proyecto y la apertura del camino hacia el río y dijo sentirse extrañado y sorprendido por los señalamientos en su contra y por la protesta que realizan.

Foto: @AlfaroGalán | Es Imagen</strong

Foto: @AlfaroGalan | Es Imagen

“Tuvimos varias reuniones. Se les informó qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer y se les dijo que iba a bajar una máquina que no iba a pasar por la brecha trazada, sino por el camino real para hacer los últimos muestreos y luego hacer mesas de diálogo en las que participaríamos como responsables de que se lleve a cabo el pago de las afectaciones a cada persona”.

Aseguró tener videos de las reuniones realizadas “hemos sido muy respetuosos con ustedes”, les reclamó.

Ante estos hechos, el Consejo de la Tierra exigió a las autoridades “cumplir con su función de servidores públicos y no favorecer a intereses privados, garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los pobladores totonacas de Ignacio Zaragoza que están ejerciendo su pleno derecho a defender su tierra que es su principal sustento”.

Además en una reunión posterior, pidieron a Federico Schoerer representante de la empresa, respetar las decisiones de la comunidad y de los dueños de los terrenos afectados que, por escrito, han manifestado su rechazo al proyecto y no se trate de engañar a la gente, dijo Leonardo Durán.

“No sólo tenemos opiniones en contra, sino argumentos técnicos. Lo que quieren hacer no es una hidroeléctrica, sino tres. Habrá problemas de sequía rio abajo y estos proyectos requieren de la aprobación de la comunidad que debe conocerlos y saber cómo van a mitigar el impacto ambiental de esta obra privada. Debe respetarse la autodeterminación del pueblo”, pidió Durán.

Por su parte, Silvia Villaseñor exigió que Grupo México hable con la verdad, que acepten que con el autoabastecimiento de energía a través de la hidroeléctrica disminuirán sus costos de producción en las minas y con ello aumentará sus ganancias.

“Es contradictorio que quieran hacer una hidroeléctrica para disminuir la emisión de gases y mantengan los proyectos mineros con los que hacen mucho daño, deberían modificarlos. Deben respetar a la gente. No pueden avanzar porque no han presentado una Manifestación de Impacto Ambiental, han entrado a terrenos sin autorización de los dueños y se están violando los derechos de las comunidades que, sin ninguna intención política, se están defendiendo y por eso se asesoraron”, añadió.

«Los dueños del tiempo «

A la entrada de Ignacio Zaragoza, cuatro lonas, algunas ya hechas jirones, con borrosas letras negras piden al “Gobierno de Moreno Valle y al gobierno federal que retiren la maquinaria de Ignacio Zaragoza, Olintla, Puebla y respeten nuestras tierras”.

A casi 60 días, la desconfianza entre los dueños del tiempo, sigue, la lucha también. Hasta ahora los de Grupo México les han dicho que con los muros de las presas, a las que los mineros modosamente llaman lagos, el nivel del caudal del Ajalpan llegará hasta sus propiedades, pero que les pondrán lanchitas para que puedan navegar por él o que les repondrán los puentes que quedarán anegados, incluida la reliquia que permite el paso a sus vecinos de Bienvenido.

Los totonacos saben, porque lo aprendieron de los abuelos, “que el agua de los ríos necesita correr libre desde las montañas hasta el mar, porque si se represa se enferma, se contamina, se va secando poco a poco y los peces no crecen igual” y exigen que se respete su derecho a tomar sus decisiones “con sus mismos ojos y su propia mente”.

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