Roberto Alonso*

Que más de 20 organizaciones sociales y alrededor de 60 académicos, líderes sociales, activistas y ciudadanos en general hayan firmado una carta pública para que el Congreso de Puebla permita sesiones públicas y participación social en un proceso legislativo no es una buena noticia para un régimen democrático.

Es, de hecho, un mal indicador, una alerta de que el andamiaje institucional enfrenta riesgos serios. De un gobierno proveniente de un partido que desde que obtuvo el poder no lo ha soltado extrañaría menos. En Puebla, no obstante, se siguen observando prácticas antidemocráticas en el ejercicio de la autoridad a pesar de la alternancia en el gobierno estatal y de una composición parlamentaria más plural.

En dos semanas, Puebla ha sobresalido en la escena nacional por los abusos de policías estatales hacia dos periodistas, por la demanda que interpuso el gobierno del estado en contra de otros dos periodistas, por la captura de su órgano electoral y por el calculado control del órgano de transparencia: la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP).

Suena a un estilo de gobierno que se quiso superar pero que sigue intacto. Se trata de métodos y formas de proceder que eran de esperarse durante el sexenio de Mario Marín y que, por desgracia, están lejos de ser erradicados.

La noche del sábado 20 de octubre Gerardo Rojas y Jesse Brena, reporteros de e-consulta y Milenio respectivamente, fueron privados de su libertad por tres horas, golpeados, asaltados y abandonados en un lote baldío. Ambos se dirigían a cenar y caminaban por la vía pública cuando fueron interceptados por una patrulla de la policía estatal.

Apenas unos días después el vocero del gobierno del estado, Sergio Ramírez Robles, anunció la presentación de “las primeras” dos demandas por abusos de la libertad de expresión que habrían causado daño moral a funcionarios de la administración de Rafael Moreno Valle. “Voy derecho y no me quito”, escribió el vocero en su cuenta de Twitter por la mañana del 23 de octubre, horas antes de compartir imágenes de las demandas en contra de Fabián Gómez y Adrián Ruiz.

El mismo 23 de octubre el Congreso local eligió a los nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE). La convocatoria para esta renovación fue atendida por 123 personas, siendo 108 las que acreditaron los requisitos correspondientes. De ese total una comisión especial seleccionó a 36 finalistas, de los cuales fueron elegidos nueve con un procedimiento muy singular: un acordeón que permitió asegurar el sentido del voto.

El Congreso poblano, el mismo que en el primero y en el segundo periodo de sesiones de este año avaló 95% de las iniciativas que le presentó el gobernador -en contraste con las cinco iniciativas aprobadas de 81 presentadas por los diputados locales-, designó como presidente del IEE a un ex funcionario del gobierno morenovallista, quien al ser entrevistado tras rendir protesta demostró desconocer el número de distritos electorales locales.

A ese Congreso se han dirigido organizaciones sociales, académicos, líderes sociales, activistas y ciudadanos “convencidos de la importancia del fortalecimiento de las instituciones”; que entienden a la transparencia y a la participación social como “piedras angulares de la democracia” en las que “se funda un régimen de instituciones respetuoso de las libertades y los derechos, y encuentran asidero las exigencias ciudadanas a favor de la máxima publicidad y de la participación de la sociedad en la vida pública.”

Los 80 firmantes de la carta pública al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Edgar Salomón, y a la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Josefina Buxadé, les han solicitado hacer públicas las comparecencias de los aspirantes al cargo de comisionado de la CAIP y permitir que en ellas participen las organizaciones sociales que han manifestado interés en coadyuvar en la evaluación de los candidatos.

Algo no anda bien cuando lo que se exige es lo que debería ser.

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

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