Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

Foto Lado B

Lilia Vélez Iglesias, presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), consideró que la información sobre el monto de los servicios publicitarios contratados por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con la revista Líderes Mexicanos que edita Grupo Ferráez –Ferráez Comunicación S.A. de C.V— es información que debe ser pública por que involucra el uso de recursos públicos.

Entrevistada luego de que Lado B diera a conocer que la máxima casa de estudios se negó a hacer públicas las facturas y el monto contratado con la compañía editorial entre el 2005 y el 2011, la académica sostuvo que al respecto existe ya resoluciones previas tanto de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) como del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) al respecto.

“Se trata de recursos de los contribuyentes, y los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto se gastó, cómo se gastó y con qué criterios se hizo, ahí el buscar reservar la información es incorrecto”.

“La buena noticia es que a partir de la nueva Ley de Transparencia la BUAP ya quedó bajo atribución del la CAIP, fue importante que todos estos organismos públicos, incluidos los partidos y otros organismos autónomos estuvieran bajo un solo órgano garante y no que cada quién tuviera el suyo. Habrá pues que esperar la resolución de la CAIP, pero si ya hay pronunciamientos previos en ese sentido, difícilmente podría resolver de otra manera”.

La también exintegrante de la CAIP sostuvo además que la clausula de confidencialidad a la que hace referencia la BUAP para tratar de negar la información no puede ser aplicada por que se trata de un derecho constitucional en donde el interés colectivo está por encima del interés particular.

Versiones públicas

Para la especialista en temas de transparencia los expedientes de las escuelas incorporadas sí podrían contener información de carácter reservado que habría que revisar antes de hacer públicos, pero que de igual forma se pueden generar versiones públicas que protejan dichos datos.

Aunque puntualizó que el conocer a quiénes se entregan las incorporaciones si es un tema de interés público.

“Habría que revisar que información tienen los expedientes,  pero sin duda saber a quienes se les están otorgando las incorporaciones es de interés público necesitamos saber a quienes se les como institución se le está reconociendo los estudios, en los últimos años hemos visto crecimiento de escuelas patito, y los criterios para otorgar ese reconocimiento a los responsables de formar y educar”.

Puntualizo que en esas versiones públicas las actas constitutivas no pueden ser consideradas información clasificada pues se trata de documentación que ya está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y por ende son públicas.