• El panista propone sanciones que van desde 60 días hasta seis años de prisión a quienes pinten, dibujen o maltraten el patrimonio histórico, artístico o cultural del Estado

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Dañar o pintar inmuebles podría costarle la libertad y una multa económica a quienes son aficionados al graffiti.

El diputado panista, Mario Riestra Piña, propuso sancionar con 60 días hasta con seis años de prisión y con una multa económica que va de dos mil 954 a los 29 mil 540 pesos por salario mínimo a quienes pinten, dibujen o maltraten, mediante signos, leyendas, dibujos o cualquier otra manifestación gráfica, escuelas, bibliotecas, edificios públicos, museos, monumentos u obras de arte que se consideren parte del patrimonio histórico, artístico o cultural del Estado, o sin permiso de los propietarios.

Si bien la libertad de expresión es un derecho, también las personas tienen el derecho a que sus bienes sean respetados, según justificó el diputado panista.

Al respecto, enunció que el artículo sexto de la Constitución federal dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público”, por tanto –dijo- se justificarían las sanciones.

“El graffiti más allá de ser una forma de expresión, es también utilizado para causar daños irreparables al patrimonio público o privado, teniendo matices extremos dentro de la delincuencia. Se realizan generalmente sobre mobiliario urbano, lo que daña y maltrata los bienes inmuebles públicos o privados (…) muchos de estos considerados parte del patrimonio histórico, artístico o cultural”.

Recordó que los municipios de Cuetzalan, Zacatlán y Puebla son reconocidos por la UNESCO por su arquitectura o escenario, mismo que se ve afectado por el graffiti.

Incluso Riestra consideró que se podrían perder las categorías otorgadas por organismos internacionales por incumplir con los lineamientos.

A lo anterior se adicionan los daños irreversibles a la cantera.

Ante este problema, el panista propuso modificar el Código de Defensa Social del Estado de Puebla con el propósito de incorporar una agravante de multa y pena corporal. Ésta última sólo sería para cuando se dañen los bienes del estado y apegándose a las recomendaciones de la Asociación de Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad.

De aprobarse por los diputados locales, también se dotaría a los ayuntamientos a modificar su Ley Orgánica con la intención de que tengan facultades para la persecución del delito, pero también para actividades de prevención.