• Según la PGJ son 79 los casos registrados en el 2011, y 282 entre 2005 y 2010

• En febrero de este año, sin embargo, el procurador Víctor Carrancá dijo que eran 275 casos del 2000 al 2010

• Priva la impunidad en los asesinatos de mujeres en Puebla, lamenta investigadora

Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

En seis años en Puebla prácticamente se triplicó el número de homicidios doloso de mujeres sin que a decir de especialistas y estudiosos del tema se apliquen políticas de gobierno para detener el problema.

En un comparativo entre el primer año de gobierno del priísta Mario Marín y el primero del panista Rafael Moreno Valle se observa un incremento en el delito del 172 por ciento al pasar de 29 a 79 los casos registrados por la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

Un incremento que no se compara con el que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a asesinatos dolosos en general para Puebla, el reporte del organismo que recoge las denuncias presentadas ante las agencias del ministerio público señala que en 2005 se reportaron 341 casos, mientras que para 2011 se registraron 619, lo que significa un incremento del 81 por ciento en ese periodo.

Llama la atención que las cifras que da a conocer la PGJ a una solicitud de información que presentó Lado B (número de folio 66712) difieren a las que entregó hace unos meses la misma dependencia, también a una solicitud de información, a la activista Natalí Hernández (número de folio 313211).

Y, por si fuera poco, los números difieren también de los que el procurador de Justicia, Víctor Carrancá, presentó en febrero de este año en San Lázaro ante la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a los feminicidios registrados en México: 275 homicidios dolosos de mujeres del 2000 al 2010. Tan sólo la suma de las cifras entregadas por la PGJ de 2005 a 2010 son 282 casos.

En entrevista Galilea Cariño Cepeda, responsable del programa de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J de la Ibero Puebla, sostuvo que la impunidad que priva en el aparato de justicia, pero en especial en el caso de los asesinatos de mujeres es una de las razones que han provocado el aumento que calificó de “alarmante”.

Y existe, desde su perspectiva, “una alta tolerancia a la violencia genérica, las investigaciones son lentas, el proceso para determinar a los culpables es tortuoso, burocrático, y tiene que atenderse con prontitud para eliminar esa idea de que no pasa nada”.

La investigadora sostiene además que la violencia que se ejerce contra las mujeres inicia en casa, pues de acuerdo con información que han recopilado en el organismo universitario la mitad de los asesinatos se registran en los domicilios de las víctimas y los victimarios son los propios familiares.

Cariño Cepeda insistió en que en Puebla no se han logrado concretar procedimientos legales para garantizar la justicia a las féminas que sufren agresiones, por lo que se recomendó al gobierno estatal “empatar y armonizar” las leyes existentes para dar protección a las mujeres en situación vulnerable.

Por su parte, Lourdes Pérez, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Universidad Iberoamericana plantel Puebla, indicó que la violencia contra las mujeres en Puebla es equiparable a la que se vive en entidades como Jalisco, Sonora, Chihuahua y estado de México, donde se registran el mayor número de homicidios en el país.

El desglose de los datos

De los 375 asesinatos registrados en Puebla entre 2005 y 2012 –14 entre febrero y enero de este año—, el 25 por ciento se registró en el primer año de gobierno de la actual administración estatal.

Y es Puebla capital en donde se concentra la mayor cantidad de casos: 95, aunque si se consideran los casos de la zona conurbada la cifra sube a 111, lo que representa el 29 por ciento del total.

Llama la atención que Teziutlán, el municipio que eligió Josefina Vázquez Mota para arrancar su campaña, sea junto con Tehuacán las dos ciudades que concentran más casos después de la angelópolis, y llama la atención porque la tierra en que creció la candidata panista a la Presidencia de la República es, por el número de habitantes, apenas la sexta ciudad más poblada del estado.

En el desglose por edades, los asesinatos se concentran en la franja de los 31 a los 40 años de edad, donde se ubica el 22 por ciento de los casos; le sigue la franja de los 21 a los 30 años de edad, con 74 casos es decir el 19.7 por ciento y en tercer lugar la franja de los 41 a  los 50, con el 13 por ciento.

En los últimos años hubo una mayor incidencia de casos en la franja que va de los 11 a los 20 años, con el 12 por ciento, que en la de mujeres entre 41 y 50 años donde se registra sólo el 8.8 por ciento de los casos.

Feminicidios

Vale la pena señalar que en Puebla no se reconoce legalmente el feminicidio como un tipo de delito, por ello los registros oficiales las ubican como asesinatos dolosos de mujeres.

Al respecto, Cariño Cepeda sostuvo que en la mayoría de los casos sí se podrían considerar a los delitos reportados como feminicidios pues se trata de homicidios de género.

Llama la atención que en el reporte de la PGJ sólo reconocen 10 casos con antecedentes de violencia intrafamiliar. Al respecto la investigadora sostiene que existe un subregistro de casos.

“Sabemos que Puebla bajo el análisis de los diferentes tipos de violencia está arriba de la media nacional, sicológica, delitos sexuales. Por ello, la recomendación es que la autoridad debe condenar este tipo de crímenes no sólo con ruedas de prensa o compromisos teóricos en las leyes sino de manera latente en la práctica y aplicación de medidas, es alarmante una cifra de esta magnitud”.

En agosto del año pasado, investigadoras del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría dieron a conocer un estudio que revelaba que pese a que existe una Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, e incluso un artículo (38 fracción 13) que establece la obligatoriedad del gobierno de difundirla, en realidad los operarios la desconocen y las personas que trabajan en dependencias estatales de procuración de justicia ni siquiera saben que existe, “eso nos hace pensar que no hay aplicación: si no se conoce, mucho menos se aplica”.

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