Encarcelado en 2009 por el delito de fraude, Edmundo Tiro Moranchel, dueño de la desaparecida empresa Invergroup podría estar cerca de obtener su libertad, de acuerdo con su abogado; sin embargo, algunos inversionistas defraudados no confían en la propuesta que lo llevaría de nuevo a las calles y, por el contrario, temen un nuevo fraude

Foto: Joel Merino.

Josué Mota

@motajosue

Tras el desastre financiero de la empresa de Leonardo Tiro Moranchel, Sitma, vino el de la empresa de su hermano Edmundo, Invergroup, con lo que un millar de familias perdieron sus inversiones. A tres años de iniciado el problema aún no se ha resuelto y aunque la defensa legal de éste asegura que pronto terminará, representantes de los defraudados advierten que un nuevo fraude se podría estar fraguando.

La historia

Invergroup era una empresa dedicada a lo que llaman “desarrollos inmobiliarios”; las personas invertían dinero para la compra de bienes inmuebles y con las ganancias se pagaban los intereses por inversiones. En 2009, tras las quiebra de Sitma, un grupo numeroso de inversionistas de Invergroup solicitó la devolución de su dinero y en las sucursales poco a poco se les informó que no podían obtenerlo porque no había efectivo.

Entonces los inversionistas decidieron interponer denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) por el delito de fraude. Tras varios meses el Ministerio Público aseguró las instalaciones de las sucursales y paralelamente se giró una orden de aprehensión contra Edmundo Tiro Moranchel, como presunto responsable del delito. Luego se comenzaron a asegurar bienes propiedad de Invergroup.

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Edmundo se dio a la fuga y debido a la presión mediática, y a las manifestaciones de protesta de los inversionistas, la PGJ destinó a un equipo de la Policía Ministerial para buscar al empresario por todo el país; finalmente el 19 de mayo la búsqueda dio resultados y atraparon a Edmundo cerca de un conjunto habitacional de Acapulco, Guerrero. El empresario ya había comenzado a construirse otra personalidad, tenía documentos oficiales con otro nombre. Fue traído a Puebla, e ingresado en el penal de San Miguel donde permanece hasta la fecha.

Los bienes de Edmundo y los que estaban a nombre de su empresa fueron asegurados por la PGJ y continúan en la misma situación. Los bienes no han sido vendidos y los clientes no han recuperado su dinero.

La propuesta

En entrevista con Lado B, el abogado de Edmundo Tiro Moranchel, Gabriel Hernández Campos, aseguró que un problema legal que trabó por varios meses la situación de su cliente fue que en la administración pasada de la PGJ, un Ministerio Público acusó a su cliente también de los fraudes cometidos por Sitma, propiedad de Leonardo Tiro Moranchel. Sin embargo asegura que su cliente se separó de esta empresa en 2005, y por ello no tiene ninguna responsabilidad en ése fraude.

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Con la actual administración de la PGJ ha trabajado para demostrarlo, y asegura que ya lo consiguió. Por ello, ha comenzado a hacer una propuesta a los inversionistas: ellos otorgan el perdón jurídico a su cliente, los bienes de Invergroup dejarían de estar asegurados por la PGJ, pues ya no existirían denuncias, los bienes se venden, la gente recupera su dinero y Edmundo sale de prisión.

Asegura que Invergroup tiene mil 31 inversionistas a quienes se les adeudan 131 millones de pesos, y que los bienes propiedad de Invergroup vendidos alcanzarían para saldar dicha cantidad, dice que incluso el avalúo realizado por la PGJ lo confirma.

Para garantizar que el pago a los inversionistas se realice, ofrece realizar un convenio ante el Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Con ello, afirma, si no paga a los defraudados el convenio causaría efecto y Edmundo Tiro sería sentenciado de inmediato, sin mediar ningún otro trámite. Se compromete también a que se instituya una mesa de vigilancia integrada por los inversionistas y la representación legal de Edmundo, que vigile la venta de los bienes.

Lado B solicitó una entrevista con la fiscal de la PGJ encargada de Asuntos Financieros para conocer si en realidad el avalúo realizado por la dependencia acredita que los bienes tienen el valor de los de 131 millones de pesos de la deuda, pero la entrevista no fue concedida debido a que la fiscal está fuera de la ciudad realizando algunas diligencias.

Sin embargo, fuentes de la PGJ confirmaron al reportero que se está realizando un avalúo para determinar el valor de los bienes y si alcanzaría para cubrir el adeudo, pero el trámite no ha concluido y por ello no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

En este sentido llama la atención que incluso el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, dijo durante su pasada comparecencia ante el Congreso del estado que los bienes de Invergroup podrían ser suficientes para saldar el adeudo, situación en la que no se encuentra Sitma. Aunque tampoco confirmó que ya se hubiera realizado un avalúo.

Gabriel Hernández asegura que ya ha realizado un acuerdo con 507 de los mil 31 inversionistas, por lo que considera que en los próximos meses podría alcanzar un acuerdo con todos ellos y realizar el convenio en el Centro de Mediación. Asegura que un número de inversionistas no ha aceptado el acuerdo por los malos consejos de sus representantes, quienes les cobran cuotas por la representación.

Dijo que algunos, como Alejandro Tapia, les piden entre 300 y 500 pesos cada ocasión que se reúnen y de ello han obtenido una ganancia que, de resolverse el conflicto, dejarían de percibir. Y señaló que en el caso de Tapia no es un inversionista de Invergroup y se ostenta como tal.

“Advertimos un nuevo fraude”

Foto: Joel Merino.

Lado B entrevistó a Alejandro Tapia para conocer su postura y comenzó por aclarar que no fue un inversionista de Invergroup y que nunca ha sostenido que lo sea. Dijo que por las acusaciones de Gabriel Hernández buscaría interponer una denuncia penal ya que él representa a 45 inversionistas y sólo pide una cuota voluntaria de 10 o 15 pesos para sufragar algunos gastos, y que en general ese dinero ni siquiera es suficiente para acudir a las reuniones en el Distrito Federal con diputados, para realizar algunas gestiones sobre los fraudes de las inmobiliarias.

Sin embargo, aclara que el asunto central es que si los inversionistas aceptan el convenio que ofrece Gabriel Hernández, y el pago no se realiza, ya no existirá ningún mecanismo legal para enjuiciar a Edmundo Tiro, pues los clientes ya habrían otorgado el perdón y las denuncias quedarían sin efecto, y lo mismo ocurriría con los procesos judiciales que ya están en curso.

Dice que el Centro de Mediación no cuenta con la autoridad jurídica para solicitar nuevamente el encarcelamiento de Edmundo Tiro si no se realiza el pago a los clientes, por ello advierte que desde el punto de vista de los abogados que lo apoyan, bajo ese esquema ocurriría un nuevo fraude.

Comenta que no puede existir confianza en que Edmundo Tiro pagará a los inversionistas, porque cuando los clientes comenzaron a denunciar el empresario huyó y no ofreció, estando prófugo, alguna posibilidad para que los inversionistas recuperaran su dinero, aun cuando algunos de los perjudicados ofrecían que se les pagara por lo menos parcialmente el monto de su inversión a cambio de retirar las denuncias.

Además, aclara que basta con que uno solo de los defraudados no acepte el acuerdo para que los bienes sigan asegurados por la PGJ, y el convenio no podría realizarse. Reconoce que los bienes de Invergroup podrían alcanzar para saldar la deuda, aunque asegura que existe un mecanismo más seguro para que los inversionistas recuperen su dinero.

Propone que ante la PGJ se lleve a cabo una reunión en la que estén presentes los compradores de los bienes, los representantes de Edmundo Tiro, y los inversionistas, y en una sola acción los clientes otorguen el perdón  y en ese momento reciban el cheque por el valor de su inversión, y ya con el perdón los bienes dejarían de estar asegurados y los compradores podrían obtener las escrituras.

Asegura que esto es posible gracias a que ya hay empresas interesadas en adquirir los bienes y dispuestas a realizar una acción de este tipo. De lo contrario, si los inversionistas otorgan el perdón y su dinero no se les devuelve se quedarían sin la posibilidad de exigirlo por la vía legal.

Es factible pero es riesgoso

Foto: Joel Merino.

Para conocer una opinión imparcial en este asunto, Lado B entrevistó al abogado Israel Trujillo, quien considera que la propuesta del abogado de Edmundo Tiro es factible en tanto abre la posibilidad de que los bienes inmuebles sean vendidos y los inversionistas recuperen su dinero. Confirmó que el Centro de Mediación tiene facultades de coacción y en el caso de que el dinero no les sea devuelto a los defraudados se configuraría un nuevo fraude de inmediato. Es decir, realizar el convenio en esa instancia no deja indefensos a los defraudados, ni cancela la posibilidad de demandarlo nuevamente por fraude, pues si bien las primeras denuncias ya habrían expirado, Edmundo estaría cometiendo un nuevo fraude.

Sin embargo, el abogado advierte que la propuesta entraña un riesgo que consiste en que si los inversionistas otorgan el perdón a Edmundo Tiro y los bienes dejan de estar asegurados por la PGJ, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o bien el Instituto Mexicano del Seguro Social u otra instancia gubernamental podría embargar los bienes, por otros posibles adeudos de Edmundo Tiro.

Es decir que si los bienes dejan de estar asegurados están expuestos a ser embargados, por lo que Trujillo propone lo que considera sería un “candado” de garantía para los defraudados: que al realizar el convenio ante el Centro de Mediación se estipule que los inversionistas defraudados pasan a ser los propietarios de los bienes inmuebles, y otorguen el perdón para que los bienes dejen de estar asegurados, de esta forma los bienes no quedan expuestos a ningún embargo, y los defraudados se encargarían directamente de la venta.

Reconoce que esta medida implicaría que los inversionistas defraudados hicieran un gran esfuerzo para organizarse, vender los bienes y luego repartir el dinero de acuerdo con el monto de la  inversión correspondiente, pero de esta forma podrían garantizar que, por fin, después de tres años recuperen su dinero.