Redacción

El actual gobierno mexicano se ha empeñado en demostrar que Pemex no tiene los recursos financieros, técnicos, humanos y organizativos para la adecuada explotación de los yacimientos. De esta forma, el Acuerdo para la Exploración y Explotación de los Yacimientos Transfronterizos, firmado por la canciller Patricia Espinosa y Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, puede ser un preocupante antecedente para llegar a un trato para la explotación de yacimientos en aguas profundas mexicanas.

Así lo señaló el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, académico de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana ciudad de México, quien subrayó que este acuerdo, que aún no tiene vigencia jurídica, deberá ser sometido a debate en el Senado de la República antes de su ratificación.

“No se puede aprobar sin antes tener el conocimiento, análisis, debate y claridad necesarios que permitan asegurar que este convenio resguarda y protege los derechos legítimos de los mexicanos”, enfatizó.

El analista observó una “urgencia” para proceder en estas cuestiones, las cuales tienen profundas implicaciones para el presente y futuro de los mexicanos.

“Simplemente hay que recordar que Pemex aporta el 40 por ciento del gasto público del gobierno federal y el 90 por ciento de las divisas del Banco de México, de manera que no es un asunto sectorial sino estructural, pues afecta la macroeconomía del país”.

Montoya apuntó que dada la asimetría existente entre Estados Unidos y México, y debido a que de manera deliberada desde hace algunas décadas México ha sustituido las tareas sustantivas de Petróleos Mexicanos con contratistas privados, principalmente extranjeros, se puede prever que la tecnología, explotación, control y dominio directo de los recursos petrolíferos estarían en gran medida subordinados al proceso de operación de las corporaciones extranjeras.

De esta forma, el experto en política energética enfatizó que México no debe enfocarse en promover la explotación de los yacimientos conjuntos, sino en garantizar los derechos que le correspondan al sobre estos recursos al Estado mexicano.

¿El fin del efecto popote?

“Creo que la afirmación de que con este convenio se termina el llamado ‘efecto popote’ querría decir que tenemos la certeza de que ya existe una explotación de yacimientos que transcurren y tienen una conexión en territorio mexicano, y que esto permitiría un acuerdo para la explotación equitativa de estos recursos, objetivo evidente de este convenio. Pero el hecho es que en estos casos, la forma de convenir un régimen de explotación de un manto compartido tiene consecuencias importantes en relación al beneficio neto que puede recibir el país de los recursos que le correspondan”, precisó el experto de la Ibero.