• Hace dos años, un grupo de empleados de la empresa Lock sustrajo 37 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas, aún se desconoce el paradero del dinero

• La reapertura de la investigación en la Controlaría se produjo luego de un exhorto que envió el Congreso a la dependencia

• Durante su comparecencia, la contralora también mencionó que son 1,091 los servidores públicos que fueron observados por no presentar su declaración patrimonial

Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Un grupo armado robó 37 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas. Los empleados de la empresa de valores Lock S.A de C.V., responsable de trasladar los recursos, fueron los autores del atraco y de asesinar a uno de los custodios que intentó evitar el ilícito. A dos años del hecho, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) recibió nuevos elementos que podrían derivar en sanciones jurídicas adicionales.

Y es que la titular de la Secretaría de la Contraloría, Irma Patricia Leal Islas reveló en su comparecencia ante el Congreso del estado que la dependencia realizó una investigación sobre el funcionamiento de la empresa de valores, la forma de trabajo y las condiciones del contrato, que como se reveló en su momento luego de una solicitud de transparencia, estaba en proceso de formalización. Así, el traslado de los recursos obtenidos de la recaudación estatal se efectúo durante tres meses en tales condiciones.

Este y otros resultados adicionales de la investigación, que la contralora no detalló, fueron turnados a la PGJ, por ello el caso podría generar nuevas acciones legales y no sólo administrativas. Una investigación que fue reabierta por la Contraloría tras el exhorto que envió el Congreso del estado a la dependencia en mayo de 2011 y que fue promovido por el presidente de la comisión Inspectora, Mario Riestra Piña.

Es oportuno recordar que posterior al asalto, el gobierno marinista firmó contratos con Servicios Panamericanos y Compañía Mexicana de Traslado de Valores (Cometra).

En los documentos aparecen los nombres del entonces titular de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar; del subsecretario de Administración, Jorge Luis Mendoza Velarde; del coordinador general de Adjudicaciones, Ambrosio Bret Sierra; del coordinador general de Administración, Antonio Gali Alonso; así como los directores de Recursos Materiales, Servicios Generales y Compras y de Recursos Humanos, Héctor Pascual Luna Castañeda y Humberto Arellano Zazueta.

Según esta información, podría deducirse que estos mismos ex servidores públicos eran los responsables de fincar el contrato con la empresa Lock.

Si bien el citado convenio laboral nunca existió, el ex responsable de la política interna, Valentín Meneses Rojas, advirtió que rescindirían el contrato de manera definitiva.

Además de los discursos gubernamentales, la PGJ obtuvo resultados casi inmediatos que derivaron en la detención de cinco custodios de la empresa Lock: Raúl Peñaflor Velazco de 42 años, director de Operaciones y Comercialización (presunto autor intelectual); Félix Gonzalo Carreón Rodríguez, coordinador regional de operaciones en la ciudad de México; Federico Palacios Pérez, custodio de la empresa Tameme en Puebla; Reinaldo Niño Flores, jefe operativo de Lock (liberado meses después); y Abdiel García Solís, auxiliar operativo de Transporte, quien también fue acusado de quitarle la vida al policía, Roberto Luna Nazario.

Con la detención de implicados, parecía que el caso estaba cerrado. Este jueves, el tema surgió sin que a la fecha se tenga conocimiento del destino de los 37 millones de pesos que almacenaba la Secretaría de Finanzas obtenidos de los contribuyentes.

Funcionarios Inhabilitados

Durante su comparecencia ante diputados integrantes de la Comisión Inspectora, Patricia Leal informó que mil 91 servidores públicos fueron observados por no presentar su declaración patrimonial.

De ellos 81 expedientes derivaron en sanciones, 29 resoluciones están firmes y no hay posibilidad de que haya modificación de los dictámenes.

Según la contralora estatal, los 81 casos impactan a diversos funcionarios, ocho corresponden a titulares de dependencias o de entidades, uno a un subsecretario, 17 a directores de área, dos subdirectores, 14 jefes de departamento y 27 analistas.

Respecto a las que están firmes dos de ellas implican a titulares de área, cinco directores, cinco de jefes de departamento y 17 analistas. La mayoría de los funcionarios no entregaron su declaración patrimonial.

Los mencionados de forma previa están adscritos a las Secretarías de Salud, Educación, Transportes, y de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.