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Con la amenaza de enviar a todos los “evasores fiscales” a la cárcel se violan los derechos humanos, señaló la coordinadora de la Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, Rebeca Munguía Aldaraca .

El Estado tiene derecho de cobrar, pero su forma de cobro debe tener límites, señaló la experta en derecho fiscal de la Ibero. Esto en relación con la ley que entró en vigor en 2012 que advierte que cualquier contribuyente que omita presentaciones definitivas por más de un año se hará acreedor del delito de evasión fiscal, informó el Sistema de Acción Tributaria (SAT).

Munguía aseguró que esta medida excede los límites y viola los derechos humanos. “Lo único que van a lograr es que el contribuyente se estrese, deje de confiar en las instituciones y aparezcan nuevas formas de evasión”.

“Hay otras alternativas para que las personas adquieran la cultura del pago de impuestos; por ejemplo, dar oportunidades al contribuyente, informarlo y darle facilidades para que pueda pagar y no la amenaza de inmediato”, apuntó.

Munguía aclaró que al considerar las figuras de evasión y elusión como sinónimo es peligroso, por lo que definió: evasión significa no pagar, haciendo uso de engaños, aprovechándose de errores, falsificando documentos, alternando contabilidad y todas aquellas conductas negativas y eso es un delito.

Por otro lado, dijo que la elusión significa dejar de pagar porque simplemente no se tiene el dinero, porque se hicieron pagos de alimentación, salud, educación o se cubrieron otras necesidades básicas y no significa que sean evasores.

Munguía consideró que se está retomando la política del terrorismo fiscal que imperó en otros sexenios en los que se consideraban sinónimas las figuras de evasión y elusión.

“En el esquema de terrorismo fiscal, la autoridad asume que al no declarar hay dolo, aprovechamiento, mala intención y que casi todo lo que hagas o dejes de hacer, pienses o imagines es evasión. Sin embargo, para como están las cosas, la gente no paga porque no tiene liquidez y además no hay cárceles suficientes para encerrar a todos los llamados evasores fiscales que incurrieron en evasión o elusión”, alertó.

Recomendó a las personas físicas y morales que mientras se reforma esta ley será necesario acercarse al SAT y pedir prórroga de pago o información precisa para no caer en omisiones porque no podrán ampararse.  Y a las personas que estén bajo un esquema de intermediarios solicitar una constancia de retención a la empresa donde trabaja para constatar que el patrón retuvo la cantidad y la entregó al SAT oportunamente.

Refirió que el problema de fondo es que México no cumple con las modalidades del principio de proporcionalidad, es decir, “gravar a todas las personas que es posible gravar y gravar todas las actividades y sectores que es posible gravar bajo un esquema transparente y funcional”.

La maestra Rebeca Munguía Aldaraca es coordinadora de la Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Académica de la línea de investigación en derecho fiscal. Experta en tratados para evitar la doble tributación, impuestos internacionales, transacciones entre países y aplicación del derecho fiscal internacional.