Joseline Santos Enríquez

@joss_santos

Especial

La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado podría colocarse entre los 10 primeros lugares del país, proyectó la presidenta de la Comisión Legislativa en la materia, Josefina Buxadé Castelán, quien adelantó que el dictamen podría turnarse al pleno del Congreso en un mes, toda vez que falta por detallar algunos puntos.

Esto pues el proyecto es construido por la legisladora y la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, aunando a que los integrantes de la Comisión han sugerido se integre algunos elementos más.

Para que el proyecto sea turnado al pleno, deberán lograr el consenso sobre la inclusión en la ley del techo salarial de los integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).

La propuesta es que el Comisionado Presidente perciba honorarios similares a los de un Secretario del gobierno estatal, el resto de los comisionados el equivalente a un Subsecretario; otra sugerencia es que se establezca en salarios mínimos.

Otro de los puntos por definir es que la Presidencia de la CAIP recaiga en el comisionado que tenga 4 años de trabajo, pues sería quien goce de mayor experiencia en cuanto al trabajo de la Comisión.

De aprobarse, y para empatar los tiempos la actual titular, Blanca Lilia Ibarra, ocuparía por única ocasión el cargo durante 3 años.

Y es que el Artículo 26 de la ley vigente establece que “La Presidencia de la Comisión será rotativa entre cada uno de los Comisionados que hayan sido nombrados durante el periodo respectivo”.

También está pendiente la definición sobre la publicación de los dictámenes del Congreso. Algunos diputados se pronuncian porque sean de conocimiento público hasta que sean avalados por el pleno, otros pugnan porque cada una de las partes del proceso legislativo sea de dominio público.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el diputado de Nueva Alianza, Héctor Alonso Granados, sugirió que las declaraciones patrimoniales de legisladores sea una obligación en materia de Transparencia.

Ésta propuesta como los anteriores serán analizados en próximas reuniones de la Comisión, con el propósito de turnar el dictamen al pleno a más tardar el 15 de noviembre.

Lo que incluye la nueva Ley

A decir de Buxadé Castelán el proyecto contempló elementos propuestos en la iniciativa de Ley impulsada por el diputado priista, Lauro Sánchez López ; de la CAIP, así como organizaciones sociales tales como Actívate por Puebla, la Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (Amedi) capitulo Puebla, y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

De este modo los puntos principales de la nueva legislación son:

• La inclusión de los partidos políticos (propuesto por el PRI) y organismos autónomos que operan con recursos públicos –entre ellos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) — como sujetos obligados.
• Se implementan las figuras “Prueba de Daño” (justificación de que información reservada causaría una lesión al interés público) así como la “Prueba de Interés Público” (la CAIP determinaría si la información clasificada como reservada es pública).
• Establece que la información catalogada como reservada se mantendrá en este status hasta un periodo no mayor a 7 años, siempre y cuando se compruebe que su publicación causaría daño a la gobernabilidad o en materia de seguridad, es decir, que se encuentre en procedimientos e investigaciones.
• Sobre este último los sujetos obligados podrán solicitar una ampliación, de obtenerla contarán hasta con 5 años como máximo.
• La Ley agrega un capítulo especial de sanciones. En caso que los sujetos obligados se nieguen a otorgar información las penas serán: amonestaciones privadas y/o públicas, sanciones económicas, hasta inhabilitación, según lo establece la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
• Define obligaciones generales de transparencia para todos los sujetos obligados.
• Define obligaciones particulares de transparencia para el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los 217 Ayuntamientos, los partidos políticos, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electora y la CAIP, entre otros.

Las exclusiones

Aunque la nueva Ley aglomeró la mayoría de las sugerencias de organizaciones sociales, también excluyó algunas propuestas, entre ellas dos que solicitó Actívate por Puebla y la Amedi.

La primera es que los comisionados sean seleccionados por Universidades o académicos y no por el Congreso. Según Buxadé Castelán no habría autoridad que determinara quienes son los idóneos para tomar esta decisión, tampoco habría parámetros para calificar o descalificar a los posibles evaluadores.

Otra de las exclusiones fue otorgar capacidad de sanción a la CAIP, toda vez que esta tarea compete al área de Contraloría de cada sujeto obligado.

El concepto de la Afirmativa o Negativa Ficta (si trascurre plazo de contestación y no hay una respuesta se interpretará la petición en sentido positivo o negativo, excepto la información reservada), no es considerada en el proyecto de ley, pues si la información es negada al solicitante, tiene 11 días para demandar un recurso de revisión.