• Amenaza directamente a la educación, la seguridad y el bienestar de los menores, consideran ONG´s

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Lado B

Luego que el pasado viernes entrara en vigor la Ley Antiinmigrante HB56 de Alabama, la polémica que ha desatado va en aumento; por un lado exige que todo menor debe asistir a clases para acceder a una educación, pero al mismo tiempo pone en riesgo a familiares de éstos de ser deportados por la falta de papeles.

Y es que ahora para quienes habitan en Alabama, salir a la calle sin un documento de identificación será un delito, ya que los agentes policiacos pueden detener a cualquier persona que sospechen que pueda ser indocumentada para verificar su status.

Sin embargo no sólo pueden ser los policías quienes desempeñen funciones de agentes migratorios, ya que también en las escuelas los profesores deberán informar al gobierno de Alabama sobre familiares que se encuentren en status ilegal en Estados Unidos, situación que ha suscitado cierto temor en los menores de edad, quienes ante la posibilidad que sus padres sean deportados, prefieren no asistir al colegio, publicó en una nota El País.

“Solo esperamos que los menores y sus padres no sufran abusos ni se violen sus derechos en nombre de una ley de inmigración”, indicó Mary Olivella, presidenta de la organización nacional Moms Rising.

Y es que la semana pasada la jueza Sharon Lovelace Blackburn permitió que algunas partes de la legislación entraran en efecto, a pesar de las demandas entabladas por el Departamento de Justicia y organizaciones de derechos civiles, que cuestionaron su constitucionalidad.

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Una ley racista y el éxodo de familias

Para la vicepresidenta de Derechos del Menor de First Focus, Wendy Cervantes, “la nueva ley amenaza directamente a la educación, la seguridad y el bienestar de los menores en Alabama. Normas como ésta convierten a los directores de colegio en policías y desvían los recursos de educación a perseguir a los menores”.

Y es que diversas agrupaciones defensoras de derechos humanos han definido la implementación de esta ley como “una crisis humanitaria”. Sin embargo destaca que la población latina en Alabama no supera el 4%.

«Esta iniciativa amenaza a la comunidad entera; las familias se están yendo, no quieren vivir en un estado que los rechaza», indicó Scott Douglas, director ejecutivo de Greater Birmingham Ministries de Alabama el pasado fin de semana.