Una familia poblana acusa a policías estatales de catear su casa ilegalmente, golpearlos, maltratarlos y privar ilegalmente de la libertad a uno de sus integrantes -al padre de familia-, quien hasta el momento no ha sido localizado, ni presentado ante autoridades ministeriales.
La señora Ana Cruz Kauffmann de 70 años de edad, dijo en entrevista con Lado B que la madrugada de este miércoles un grupo de hombres armados ingresaron violentamente a su casa, registraron su cuarto y sus pertenencias y le dijeron que eran policías y que había sido acusada de secuestro: “me gritaban que les dijera dónde estaban las armas y como no encontraron nada buscaron en la tarjeta de circulación de mi camioneta, vieron el nombre de mi hijo y me dijeron que los llevara a su casa”.
Su hijo vive a escasos metros de la suya, y narró que cuando salió vio que la calle donde vive estaba cerradas por patrullas y camionetas particulares, y cuando estaba cerca de la casa de su hijo le pidieron que le llamara por teléfono para que bajara, y cumplió las órdenes ya que asegura que en todo momento la tuvieron encañonada: “me dijeron que no le dijera nada, que sólo le dijera que bajara a verme”.
Su hijo recibió la llamada de su mamá cerca de las 2:30 de la madrugada y entonces bajó para ver qué ocurría, su hijo de nombre José Alberto Jaquin Kauffmann de 47 años fue recibido a golpes por los policías. Luego los policías ingresaron a su casa. Arriba en el cuarto estaba su esposa, Ariadna Castillo con su hija de cuatro años, y hasta el cuarto subieron los policías.
“Voltearon mi colchón y revisaron todo mi cuarto, me pidieron mis teléfonos y los nextel, se los di, y se llevaron una Laptop, una cámara y 2 mil pesos”, momentos después, narró, se llevaron a su marido y aunque les pidió que se identificaran sólo le dijeron que su esposo está acusado de secuestro, sin hacerle caso para que se identificaran. La señora Ana no fue detenida.
Luego de la detención de José Alberto Jaquin Kauffmann, su familia comenzó a buscarlo en diferentes corporaciones policiacas y acudieron al Juzgado Quinto de Distrito para solicitar un amparo, y acompañados por un actuario del Juzgado fueron a la Dirección de Atención a Delitos de Alto Impacto (DADAI); sin embargo, quienes los recibieron les dijeron que los oficios de la instancia federal no son validos porque deben ir dirigidos a la Dirección General de la DADAI. También llevaron los oficios a las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva y ahí no les recibieron los documentos porque estaban dirigidos a la extinta Policía Metropolitana. Sin embargo, Ariadna Castillo asegura que en las instalaciones de la Policía identificó a algunas mujeres y hombres que participaron en el operativo y que cuando les pidió que le presentaran a su esposo los sacaron de las instalaciones.
La familia ya acudió también a presentar la denuncia en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y se inició la averiguación previa 2943/2011. Hasta el momento José Alberto no ha aparecido, ni ha sido presentado ante las autoridades ministeriales.
Su esposa asegura que no lo entregan porque las autoridades no saben cómo justificar lo que hicieron, ya que su esposo no está involucrado en delito alguno y se dedica a la renta de maquinas de video juego y tienen un café internet.
Es importante recordar que independientemente de las supuestas acusaciones que pesan contra José Alberto, la Policía Estatal Preventiva no tiene facultades para realizar tareas ministeriales y ninguna autoridad debe realizar cateos sin el consentimiento de un juez.