• “Tenemos que saber cómo se están utilizando los recursos públicos”: Lilia Vélez

• Nueva ley de transparencia, asignatura pendiente

Tomada de www.panpuebla.org

Ernesto Aroche Aguilar

El 6 de junio de 2010, un mes antes de la jornada que le dio en las urnas la ventaja para ocupar Casa Puebla, Rafael Moreno Valle hacía pública su declaración patrimonial y afirmaba, de acuerdo con el boletín informativo de la coalición Compromiso por Puebla, “que la transparencia debe ser una obligación de cualquier servidor público”.

Un año después, y con menos de seis meses al frente del gobierno del estado, el discurso de la transparencia se hizo añicos cuando las secretarías de Finanzas, la Contraloría y la de Infraestructura comenzaron a ocultar información referente a gastos en aeronaves, gasto en medios y licitaciones de obra pública, clasificándola como “reservada” –es decir impidiendo su acceso a la documentación– por siete años.

No fue la única argucia legal, para evitar que se conozcan el monto de los gastos en viajes de funcionarios de primer nivel la administración estatal publicó un acuerdo para eliminar la obligación de rendir cuentas.

Y aunque existía el compromiso de la coalición que llevó al triunfo al panista de redactar una nueva ley de trasparencia para eliminar las deficiencias y errores que contiene el actual marco normativo, y sobre el que pesa una acción inconstitucionalidad, hasta el momento la promesa no se ha cumplido.

Al respecto, Rafael G. Hernández García Cano, presidente del capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), cuestionó el retraso de los legisladores por sacar adelante lo que llamó “la asignatura pendiente”.

En un artículo publicado en “Medieros” del periódico La Jornada de Oriente, García Cano sostuvo que dicho retraso “resulta cada vez más grave si consideramos que valiéndose de las carencias, inconsistencias e irregularidades de la actual ley, el Ejecutivo poblano se ha dado rienda suelta para emitir acuerdos de reserva de información”.

Lilia Vélez Iglesias, integrante del nodo de Transparencia de Actívate por Puebla, cuestionó también el retraso del Congreso en la aprobación de la nueva ley al señalar que, por un lado, la problemática de la ley vigente está “sobre diagnosticada” pues existen al menos tres análisis presentados (el de Actívate por Puebla, la Métrica de la Transparencia, el del Centro de Estudios Espinosa Yglesias).

Y por el otro, que las modificaciones que se hicieron a la constitución para dotar de autonomía a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), vuelven imperativa la reforma.

La también integrante de la organización México Infórmate recordó además que la ley actual “es de los peores del país, y fue usado por el gobierno de Mario Marín, a quien se le recuerda como un gobernante corrupto y opaco. Y esos argumentos fueron usados en campaña por Compromiso por Puebla para señalar al marinismo, y ahora están haciendo lo mismo”.

Los casos

El 18 de julio, este reportero publicaba en las páginas del diario Milenio que las secretarías de Finanzas y la de Contraloría del estado habían acordado eliminar la obligación de rendir cuentas y transparentar los gastos erogados en los viajes de los funcionarios de primer nivel, al simplificar “la comprobación del gasto a presentar un informe ejecutivo de las actividades realizadas”.

http://dejatumensaje.mx/

El dato había sido utilizado por la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico para no entregar ni el monto total de los recursos públicos que se gastaron en los viajes a España y Canadá del titular de esa dependencia, Pablo Rodríguez Regordosa; ni la copia de tickets, notas, boletos de avión y en general los documentos que comprueben ese gasto.

El 22 de julio, el periodista Héctor López Neri publicaba en dejatumensaje.mx que en respuesta a una solicitud para conocer “todas las propuestas recibidas para concursar en la licitación del Paseo del Río Atoyac”, la Secretaría de Infraestructura le informó que desde el 29 de abril, tres meses después de iniciada la administración morenovallista, se había acordado reservar por siete años la información relacionada con las licitaciones de obra pública.

“Se clasifica como información reservada toda la relativa a los procedimientos de adjudicación que realiza esta secretaría, incluyendo toda la documentación generada con motivo de la planeación y desarrollo administrativo”.

“Para efectos de lo anterior, se designan como autoridades responsables de la custodia y conservación de la información clasificada como reservada por un periodo de 7 años”, argumentando que hacer pública la información “puede causar daño o perjuicio al interés del Estado o Municipio”.

Ese mismo día, la reportera Selene Ríos Andraca daba a conocer en las páginas del diario Cambio que había recibido de la Secretaría de Finanzas una respuesta similar a una solicitud que presentó para conocer  la información relativa a los gastos de las cuatro aeronaves propiedad estatal, así como las arrendadas para el traslado del gobernador Rafael Moreno Valle y los funcionarios de gobierno.

La pregunta evitaba entrar en datos que pudieran ser considerados como reservado, y sólo pedía “el desglose de gastos realizados por la administración en lo que va del sexenio en aeronaves, combustibles, aditamentos, operación, mantenimiento, así como las millas recorridas por cada una de las aeronaves propiedad del gobierno”.

Unos días después, el 27 de julio, el reportero Fernando Pérez Corona citaba una solicitud de información presentada por la también reportera Suzana de los Ángeles para dar a conocer que la administración morenovallista tomó la decisión de clasificar como reservada la información referente a cuáles medios de comunicación les ha comprado publicidad este año y tampoco informó sobre el gasto realizado a la fecha en este rubro.

Igual que Marín

Al respecto, Lilia Vélez, ex integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), sostuvo que se trata de información que por su naturaleza debe ser pública, pues en todos los casos involucra uso de recursos públicos.

“Me parece que en esos temas no hay fundamento jurídico para reservarlos, como el caso del gasto en medios, no hay argumentos para reservarlos. Tenemos que saber como se están utilizando los recursos públicos”.

Pero además recordó que se trata de información que también fue reservada y negada por el gobierno de Mario Marín: “Estamos ante un gobierno que no sólo repite, sino que está peor. Acá lo único que hace falta es voluntad política, no hay argumentos, me parece que la razón es que no tienen ganas de ser un gobierno transparente, visto a la luz de los últimos casos”.

Por último, la académica sugirió a los solicitantes llevar sus casos a la CAIP y dejar de hacer solicitudes de información para obligar a los funcionarios a transparentar la administración pública como se comprometieron.