• Enfrenta un proceso de inhabilitación por irregularidades encontradas en sus cuentas públicas

• Los faltantes corresponden a su primer periodo como alcalde

Joseline Santos Enríquez

En 30 días, el edil de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, podría ser destituido de su cargo en caso que diputados determinen que no aportó pruebas suficientes para detener el proceso de inhabilitación en su contra por daño patrimonial.

Por segunda ocasión, el munícipe compareció ante integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado como parte de su derecho de audiencia para suspender el proceso de destitución instruido por la pasada Legislatura.

Lo anterior luego que el presidente municipal no comprobó ninguna de las cuentas públicas correspondientes a su primera administración (2005-2008).

Respecto al año fiscal 2006, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) dictó el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades por no comprobar el uso de 13.3 millones de pesos.

A razón de ello el Congreso local lo inhabilitó por 11 años, pero un recurso de impugnación, interpuesto por el edil, le permitió aplazar la sentencia; esto lo facultó legalmente para participar y ganar las elecciones de 2010 por segunda ocasión.

El 11 de mayo de 2011, el munícipe perdió el caso ante autoridades federales, en consecuencia la actual legislatura dio continuidad al proceso de destitución.

Como parte del procedimiento Loeza Aguilar se presentó por segunda ocasión en el Congreso local para presentar pruebas en su defensa, entre ellas argumentó que el OFS nunca le notificó la sanción impuesta debido a que cambió de domicilio en 2005.

Para el alcalde esta es una casual para echar abajo la sanción, a pesar que también estaba obligado a informar su nueva dirección al organismo.

En este sentido confió que en el transcurso de la semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé entrada al recurso promovido por la Sindicatura municipal hace unos días, en el que solicitó su intervención bajo la tesis de desconocimiento de la sanción.

Diputados fijan plazo para resolución

Por su parte, el presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, adelantó que a más tardar en 30 días los diputados emitirán un resolutivo, ya que rechazaron la petición de Porfirio Loeza de suspender el trámite hasta que la SCJN recibiera el expediente.

Al término de la comparecencia, el diputado reveló que el alcalde se reservó su derecho de responder los 12 cuestionamientos de los diputados, pero sí solicitó que se detuviera el análisis.

“En el caso de suspender el proceso estaríamos cayendo en prácticas dilatorias, pues una solicitud, en términos jurídicos, no representa la admisión del procedimiento, y hasta el momento el procedimiento no ha sido admitido y no ha iniciado formalmente por parte de la SCJN, de otro modo estaríamos suspendiendo el proceso ante cualquier solicitud”.