El estado con más inmuebles dañados por los terremotos, Puebla es un espejo de lo que ocurrió en otros lugares del país: una terrible burocracia, malas decisiones, procedimientos equivocados, improvisaciones, obras sin proyectos de intervención y asignación discrecional de contratos a empresas.

La normatividad se hizo a un lado y se “forzó” a los peritos a actuar como una especie de contratistas y se asignaron obras a empresas con vínculos a exfuncionarios y servidores del propio INAH. Ante ello, el entusiasmo con que Ambrosio Guzmán llegó para “cambiar lo que está mal” se desvaneció. Hoy, años después, confiesa: “Esperaba que se hiciera algo”. No fue así. 

Carmen García Bermejo y Thelma Gómez Durán | Quinto Elemento Lab*

—¡No voy a renunciar! —alzó la voz el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez. Sus palabras sorprendieron a Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a sus compañeros presentes en al auditorio del Museo Regional de Puebla. 

La reunión, en la que se haría el relevo en la dirección del Centro INAH Puebla, ya había ocupado casi 49 minutos de la mañana del martes 16 de junio de 2020.

Durante los primeros 25 minutos, Prieto Hernández había hablado sobre la pandemia del Covid 19, “la circunstancia presupuestal” del instituto y la austeridad ordenada por la Presidencia de la República. Para tranquilizar a los trabajadores, aseguró que no habría despido de personal. 

Ocupó otros 15 minutos para comentar sobre el Centro INAH Puebla, “uno de los más grandes y antiguos del país”. Se esmeró en elogiar el trabajo realizado hasta entonces por el arquitecto Ambrosio Guzmán al frente del Centro INAH. Le llamó “amigo, gente buena”, antes de asegurar que el propio Guzmán le transmitió su decisión de dejar el cargo. 

“Yo acepté”, dijo Prieto Hernández y, de inmediato, comenzó a enumerar frases que dan una idea del enrarecido ambiente que se vivía en el INAH Puebla: 

“Estamos en un momento en que vale la pena un cambio, no para detener la marcha, sino para profundizarla; no para consentir ninguna conducta indebida o deshonesta, sino para profundizar en su rectificación. No para solapar a nadie, si es que hay alguien a quien solapar. Nunca nos hemos detenido ante cualquier denuncia de corrupción o actos indebidos. Ahora, menos”. No se consentirá, aseguró, que alguien obtenga beneficios personales o los conflictos de interés.

En apenas siete líneas, demasiadas palabras significativas: conductas indebidas, deshonestas, beneficios personales, corrupción, conflictos de interés, solapamiento. 

El director general del INAH siguió en el uso de la voz. Para relajar ese momento, insistió en reconocer el trabajo de Guzmán Álvarez. Y, como si se tratara de una celebración, pidió a los asistentes un aplauso para el arquitecto. Las palmas se escucharon durante 15 segundos. 

Después, leyó la semblanza del nuevo director del Centro INAH Puebla e hizo un par de comentarios con los que buscó, sin mucho éxito, desatar la sonrisa de los asistentes. 

Fue ese el momento en que la voz de Ambrosio rasgó los intentos de Diego Prieto por aparentar normalidad. “No voy a renunciar”, advirtió el arquitecto Guzmán Álvarez. 

“Tomo la palabra para manifestarle mi desacuerdo con las decisiones que usted ha tomado”, le dijo al director general del INAH, según se puede escuchar en un video de menos de dos minutos subido a redes sociales, al que colocaron el título de “Encara Ambrosio Guzmán a director general del INAH: ‘Me opongo a renunciar por denunciar la corrupción en Puebla’”.

Aunque el audio es de muy mala calidad y no registra todos las palabras del arquitecto, se alcanza a escuchar su exigencia de que se investiguen los actos indebidos que atestigüó en el Centro INAH Puebla y también su mención a una carta que envió a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.  

El INAH también subió a su canal de YouTube el video de esa reunión, pero está editado y no muestra los momentos de tensión y reclamo. 

Casi dos años después de esa reunión, el arquitecto Ambrosio Guzmán recrea en entrevista el momento en que tomó la palabra: “Me volteo y le digo (a Diego Prieto Hernández) ‘¡No voy a renunciar!’. Algunos empezaron a defenderme, una arqueóloga se levantó y me acusó de que yo la acosaba… Ya todo era un desorden. Yo me salí y me fui”. 

Guzmán Álvarez no firmó su renuncia. Salió del INAH hasta el vencimiento de su contrato, un par de meses después. 

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Apenas comenzaba 2019 y el arquitecto Guzmán Álvarez estaba entusiasmado. No era para menos. Estrenaba nombramiento: era el nuevo director del Centro INAH Puebla. Tan emocionado estaba que convocó a un grupo de reporteros para decirles que su objetivo era hacer cumplir las normas y salvaguardar el patrimonio del estado de Puebla. Su misión la resumió con una frase: “Combatir lo que está mal”. 

El arquitecto confiaba en que lograría su propósito porque la persona que lo invitó a asumir la dirección del Centro INAH Puebla fue Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente y a quien conoció años atrás en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Guzmán Álvarez aún no tenía idea de lo que enfrentaría. De entrada, tuvo un mal arranque: la información que dejó su antecesor era parcial y con muy pocos datos sobre los avances del Programa Sismos 2017. 

El nuevo director del Centro INAH se propuso destrabar las labores de restauración de los inmuebles afectados por los terremotos, que en esa fecha, enero de 2019, apenas si avanzaban, aunque en muchos casos se encontraban paralizadas. 

El desafío era enorme: el patrimonio histórico de Puebla fue uno de los más afectados por los terremotos de septiembre de 2017, en especial por el registrado el día 19, cuyo epicentro se ubicó en los límites de ese estado y Morelos.

De los 2 mil 340 inmuebles históricos y arqueológicos que sufrieron daños en el país, 621 se encontraban en Puebla; y de ellos, 127 con daños catalogados como severos. 

Entre esos inmuebles están joyas arquitectónicas del siglo XVI, como los ex conventos de Calpan, Tochimilco y Huejotzingo, considerados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a su valor histórico y cultural. También se encuentran el Templo de la Merced, en Atlixco; o la Casa Colorada, en Izúcar de Matamoros, por ejemplo. 

El paso de los meses le iría mostrando al entonces director del Centro INAH Puebla que enfrentaría una terrible burocracia, malas decisiones, procedimientos equivocados y discrecionales, improvisaciones, omisiones, intereses enquistados y una cadena de irregularidades que se arrastraban desde antes de los terremotos de 2017. 

Poco tiempo después de su nombramiento, el arquitecto Guzmán Álvarez buscó a Diego Prieto para informarle sobre lo que sucedía con el proceso de reconstrucción en el estado. Quería decirle que las cosas no caminaban bien.  Lo hizo, pero no pasó nada. Todo siguió igual. 

Templo y ex convento de Santo Domingo de Guzmán, Izúcar de Matamoros, Puebla. Foto: Christian Palma Montaño

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Una de las anomalías detectadas en el proceso de restauración de los inmuebles afectados por los terremotos es que ante el caos y la magnitud de la catástrofe, la normatividad se hizo a un lado. Lo importante para la Dirección General del INAH era mostrar que algo se hacía sin importar cómo, por qué y si se hacía bien o mal. 

No importaba tampoco que unos meses antes de que ocurrieran los sismos se hubiera aprobado el Manual de Operación del Programa de Aseguramiento Integral de Bienes Patrimoniales del INAH, que justamente fijaba los lineamientos y los procedimientos a seguir en casos así.  

“¡Inicien obras, los proyectos se harán sobre la marcha!”, ordenaron las autoridades a los especialistas del instituto, según contó Rutilia Amigón, arquitecta y perito del Centro INAH Puebla, en un texto de su autoría, publicado en septiembre de 2021 en el portal Mundo Nuestro.

Así que las obras comenzaron sin que existieran proyectos ejecutivos de las obras de restauración ni contratos con las empresas que empezaron a desarrollarlos.

Empezar una restauración sin contar con un proyecto ejecutivo no es cosa menor. “El proyecto recopila toda la información necesaria para la toma de decisiones; los estudios, levantamientos arquitectónicos, las causas y mecanismos del colapso”, reconoció Valeria Valero, coordinadora nacional de Monumentos Históricos del INAH, durante su participación en la mesa “Sismos y Patrimonio Cultural: Balance de su Restauración”, realizada en septiembre de 2019.  

“Desafortunadamente”, lamentó la funcionaria en la misma ocasión, los proyectos no se pidieron en su momento. “Hubo varios meses en los que no teníamos cómo pagar proyectos; se dependía mucho del personal del INAH que estuviera desarrollando proyectos, e incluso de empresas que, por decirlo así, se solidarizaran y elaboraran los proyectos por su cuenta”. 

Otro alto funcionario la secundó. Salvador Camarena Rosales, entonces coordinador técnico de la Oficina Sismos del INAH, confirmó ahí mismo que en una primera etapa no se realizaron proyectos ejecutivos. Esa fase, admitió, “se nos olvidó”. 

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Más de un año después de que asumió el cargo, el arquitecto Ambrosio Guzmán no aguantó más la frustración y le dirigió una carta a la compañera de cátedra en la BUAP que lo había invitado al cargo: 

“Estimada Dra. Beatriz Gutiérrez Müller. Por este medio me permito informarle lo siguiente”, así comenzó Ambrosio Guzmán las cuatro cuartillas que tenían como propósito informar sobre lo que él llamaba “anomalías” y “lamentables situaciones” en la restauración de los inmuebles dañados, entre ellas las siguientes seis:

1. Por premura o falta de pericia de los directivos del INAH no se aplicaron los recursos de manera adecuada o de acuerdo con la normatividad.
2. Por falta de recursos, se detuvieron los trabajos de restauración. Eso tuvo como consecuencia el deterioro de los inmuebles históricos y el descontento de las poblaciones.
3. Muchos inmuebles comenzaron a restaurarse sin un procedimiento de licitación, lo que dificultó el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Nacionales (Fonden). 
4. Las empresas constructoras fueron elegidas a discreción.
5. Se comenzaron los trabajos de restauración sin contar con proyectos de intervención.
6. La integración de “libros blancos” (que permiten documentar cada una de las acciones de restauración) fue omitida de manera negligente en la mayoría de los casos. 

En su carta, Ambrosio Guzmán también se quejó de los arquitectos peritos que trabajaban en la sección de monumentos históricos. Ellos no cooperaban, escribió, “por miedo a que se afecten sus intereses personales”.

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Semanas después de que el arquitecto Guzmán Álvarez dejó su cargo, el Órgano Interno de Control del instituto ordenó realizar una auditoría al Centro INAH Puebla. 

La revisión tenía varios propósitos: verificar que se hubiera cumplido con la normatividad y que los recursos del extinto Fonden se hubieran ejercido en forma adecuada y transparente durante las etapas de planeación, contratación y ejecución de las obras de restauración de los inmuebles dañados por los sismos de 2017.

Las conclusiones de la auditoría 18/2020 no dejaron dudas: se realizaron obras sin tener una previa autorización para la contratación; en cinco contratos revisados se incumplió con el acta de entrega-recepción de trabajos y en tres de ellos existió “una falta de control y transparencia del ejercicio del gasto”.

En sus observaciones, la auditoría elaboró un catálogo de irregularidades: el Centro INAH Puebla no cumplió a detalle con lo establecido en materia de obra pública, en especial con la investigación de mercado para seleccionar a las empresas contratadas, con los informes de avances físicos y financieros, el soporte de las estimaciones de obra y la entrega formal de los inmuebles a los contratistas para el inicio de las obras. 

Además, en cinco de los contratos revisados, los auditores encontraron inconsistencias en el cálculo e integración de los precios unitarios, es decir, en los datos que sirvieron para calcular el presupuesto total de la obra.

El informe de la auditoría interna fue enviado el 30 de noviembre de 2020 al nuevo director del Centro INAH Puebla para que atendiera las recomendaciones. Luego de eso, nada pasó. 

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La presión que ejerció el director general del INAH para que se reportaran avances en las obras originó que se multiplicaran las anomalías administrativas.

Los centros estatales del INAH cuentan con arquitectos peritos que legalmente tienen como responsabilidad supervisar que las restauraciones no dañen ni modifiquen la arquitectura original de los inmuebles construidos entre los siglos XVI y XIX.

Sin embargo, no se limitaron a cumplir con esa función. Ante la emergencia, los directivos del INAH les ordenaron que “reclutaran” a cuanta empresa pudieran y que, en acuerdo con Seguros Banorte, asignaran los recursos que se entregarían para recuperar los inmuebles.

“Desconocíamos los procesos de la Ley de Obra Pública. Eso fue devastador. Ni siquiera en las oficinas centrales del INAH sabían cómo opera”, explica el arquitecto Martín Limón Osorio, entonces coordinador de la Sección de Monumentos Históricos del Centro INAH Puebla.

Ante esa deficiencia, la oficina central del INAH decidió contratar a una firma de arquitectos que armaría los expedientes de los inmuebles. Los tendría listos en tres meses. 

“¡Oh, terrible desilusión! Tampoco funcionó. La Ley de Obra Pública no se puede aprender en dos patadas; es todo un proceso. Nos agarró desprevenidos a todos”, recuerda Limón Osorio.

Así que el INAH tomó la decisión de “convencer” a los peritos de que, a pesar de no tener experiencia en el control administrativo, fungieran como Directores Responsables de Obra (DRO). 

Los peritos, de improviso, tuvieron que convertirse en “contratistas”, elaborar presupuestos para la restauración y asignar obras a empresas sin tener conocimiento de ello, además de asumir la supervisión técnica de la intervención.

Ello provocó un desbordado desaseo en el proceso. Nunca se hizo una asignación de obra, ni un concurso, ni una junta de aclaraciones. 

“Si se hace una auditoría a las obras restauradas con recursos de Seguros Banorte, estamos en la lona. No estoy hablando tanto de dinero, sino del procedimiento”, alerta Enrique Gámez, también perito del Centro INAH Puebla.

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Puebla fue la entidad con mayor número de inmuebles afectados por los terremotos. Uno de cada cuatro de los 2 mil 340 inmuebles históricos, arqueológicos y con valor artístico que presentaron daños se ubicó en Puebla. 

Eso explica que también sea el estado con más irregularidades en el proceso de restauración. Fue un proceso caótico en el que, rebasadas por todos los frentes, las autoridades dieron pie a que ocurrieran múltiples anomalías. 

Desde el interior del propio INAH hubo voces que dirigieron la atención hacia las irregularidades. Una de ellas fue la de la arquitecta Rutilia Amigón, quien luego sufrió represalias laborales por hacer los señalamientos. 

Templo Parroquial de Santiago Apóstol, Atzitzihuacán, Puebla. Foto: cortesía de la comunidad

En el proceso de recuperación del patrimonio, escribió la especialista en el texto publicado en Mundo Nuestro, ha habido “improvisación, ausencia de protocolos, instrucciones en constante cambio, discrecionalidad en las decisiones, pugnas entre directivos, carencia de mecanismos de control y falta de transparencia en el ejercicio de los recursos provenientes de las diversas fuentes de financiamiento”. 

Esto ha creado, concluyó Amigón, “un escenario caótico que ha repercutido en obstaculizar el acceso a los recursos y, en consecuencia, en rezagar el resarcimiento de los daños”. 

Algunas de esas anomalías también fueron detectadas por el órgano interno de control del instituto, al realizar una auditoría al Centro INAH Puebla en 2020.  

En el informe final de la auditoría 18/2020 se resalta que se realizaron obras sin tener una previa autorización para la contratación; que se incumplió con la acta entrega de trabajos y que en tres de cinco contratos revisados había “una falta de control y transparencia del ejercicio del gasto”.

Un ejemplo más del desaseo administrativo: el Centro INAH Puebla asignó contratos a una empresa cuyo accionista es familiar directo de uno de los arquitectos peritos que laboró en el instituto y participó en la supervisión de los trabajos de restauración.

Pablo Morales Tapia trabajó en el Centro INAH Puebla como perito dictaminador entre 2017 y hasta junio de 2018. Entre sus labores, estaba la obligación de realizar “inspecciones en inmuebles para recabar información de daños por el sismo del 19 de septiembre 2017”, de acuerdo con reportes que entregó para declarar gastos en comisiones oficiales, disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

Pablo es hermano de Abraham e hijo de Moisés Morales Arizmendi, accionistas de Agger Diseño y Construcción, empresa seleccionada por el INAH Puebla para restaurar al menos 12 inmuebles. 

Además, a Moisés, como persona física, le asignaron cuatro inmuebles más. En total, obtuvieron contratos por al menos 44 millones de pesos. 

Pablo, además de ser hijo de Moisés, también es su socio. Ambos son accionistas en la empresa YNO Constructora. 

Los nexos de distinta naturaleza entre peritos y empresas beneficiadas también se encuentran en el caso de Abreco Construcciones. Desde su creación en 2005 y hasta octubre de 2017, el comisario del consejo de vigilancia de la empresa fue Rafael Barquero Díaz Barriga, quien ha sido subdirector del Centro INAH Puebla y en donde actualmente es perito, de acuerdo con el Registro de Servidores Públicos.  

A la hora de asignar obras de supervisión, el Centro INAH Puebla seleccionó a Abreco Construcciones para que restaurara ocho inmuebles. En seis de ellos, Barquero Díaz Barriga fue el arquitecto perito que supervisó las labores de restauración, según las respuestas que entregó el INAH a solicitudes de información. 

El instituto, además, le dio contratos para otros cuatro inmuebles en Tlaxcala. En tanto que el gobierno del estado de Puebla también le otorgó contratos a esa empresa. 

En total, intervino en la restauración de 24 inmuebles. La mayoría de los contratos se le entregaron por adjudicación directa por un monto total de poco más de 23 millones de pesos.   

La Ley General de Responsabilidades Administrativas define como conflicto de interés “la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”.

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Para esta investigación periodística, se construyó una exhaustiva base de datos a partir de respuestas a más de 115 solicitudes de información hechas a los centros INAH de los 11 estados afectados por los sismos y a diversas áreas de las oficinas centrales del instituto, así como de decenas de recursos de revisión presentados ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. 

La base de datos, construida durante meses y con corte a marzo de 2023, contiene información de los inmuebles dañados por los sismos de septiembre de 2017, las empresas o personas que se contrataron para los trabajos de restauración y el pago que recibieron por esas labores, así como el tipo de daños que sufrieron y en qué nivel se encuentra la restauración. 

Con base en ella es posible identificar que en Puebla, como en otros estados del país, se entregaron discrecionalmente contratos a empresas sin ninguna experiencia en restauración de inmuebles históricos, como ha sido alertado por algunos peritos, ex funcionarios y especialistas que conocen a profundidad el tema. 

Entre esas empresas se encuentran Prosafi Total Consulting, Inmobiliaria 2RR, Mantenimiento y Construcciones Civiles e Industriales Namaha, Comercializadora Azteca de Puebla, Suministros Tribel y Corbelia. (Lee más aquí sobre la contratación de empresas sin experiencia en restauración del patrimonio histórico de México).

Algunas de estas compañías tienen un objeto social tan amplio que pueden dedicarse a casi cualquier otra actividad, desde construcción hasta la asesoría fiscal y la instalación de escenarios para espectáculos. 

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El arquitecto Ambrosio Guzmán nunca recibió noticias de Beatriz Gutiérrez Müller. La carta que le envió tuvo un destino final extraño: terminó en las manos de Diego Prieto, quien, en respuesta, le pidió su renuncia. 

Pero el arquitecto no cejó en su intento de que las cosas cambiaran. En septiembre de 2020, redactó tres cuartillas dirigidas al presidente Andrés López Obrador. En ellas detalla lo que vivió en el INAH Puebla y lo frustrante que era no tener respuesta a sus denuncias. 

Le escribió con la esperanza de que el presidente atendiera el asunto, de que se diera por enterado de que fue cesado de su cargo “de manera injusta, por denunciar la corrupción existente en el INAH”. Tampoco ocurrió nada.

Es marzo de 2023. Han pasado cerca de tres años del día en que decidió alzar la voz y expresar su rechazo a renunciar. “Yo esperaba que sí se hiciera algo”, dice el arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez.

Su decepción es tal que ya no quiere saber nada del INAH. “Hasta le cambié de nombre. Ahora le llamo ruinah”.

Otras entregas de este trabajo

1. Patrimonio en ruinas: A seis años de los terremotos de 2017
2. Las cifras oficiales ocultan el déficit en la restauración
3. Contrata el INAH a managers de artistas y despachos fiscales para la restauración
4. El desdén oficial asfixia la restauración de la Ruta de los Conventos
5. Un patrimonio histórico (casi) sin seguro
6. INAH Puebla: Actos indebidos, prácticas deshonestas y conflictos de interés

*Quinto Elemento Lab es una organización periodística independiente, sin fines de lucro, que alienta y realiza reportajes de investigación en México. Para ver la serie completa de “Patrimonio en ruinas” puedes visitar https://quintoelab.org/patrimonio-en-ruinas