Esta nota fue actualizada a las 16:45 hrs modificando la cifra comparativa que por un error metodológico  se había establecido en 98%, tras la corrección la cifra bajó a 57%, nos disculpamos por el inconveniente causado en términos informativos.

Los asesinatos vinculados al combate de la delincuencia organizada en Puebla subieron 57% durante los primeros dos años del mandato de Andrés Manuel López Obrador, en comparación con los dos últimos de Enrique Peña Nieto.

Esto de acuerdo con la base de datos que recopilaron y construyeron las organizaciones Data Cívica e Intersecta y que fue publicada en el sitio Con Copia Oculta.

La información establece que los homicidios vinculados a la violencia de la delincuencia organizada pasaron de 434 durante 2017 y 2018 –los últimos 19 meses  del sexenio pasado– a 860 durante 2019 y 2020 –los primeros 24 meses del arranque del gobierno federal en funciones.

Para poder comparar dos periodos que no son del todo iguales pues en el conteo de la información de la Sedena no está completa, se sacó un promedio mensual de homicidios que de acuerdo con los militares están vinculados al combate del crimen organizado. Así durante la administración de Peña Nieto la cifra fue de 22.8; mientras que el promedio de López Obrador fue de 35.8, es decir, 57% más.

Y si bien Puebla no es de los estados con mayor violencia, pues la tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado es de 21 por cada 100 mil, fue una de las entidades que más cambiaron de posición al pasar del lugar 22 a nivel nacional con Peña Nieto al número 20 con López Obrador.

Con Copia Oculta analiza la “Base Sexenal del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (CANDADO)”, que el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) compartía con otras dependencias federales.

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Estos datos fueron obtenidos por la filtración masiva de correos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por parte del colectivo hacktivista Guacamaya en septiembre de 2022.

Alza, por falta de política pública en seguridad

Un dato que comparan las organizaciones es la proporción de los homicidios relacionados con el crimen organizado y su combate del total de homicidios. A nivel nacional entre 2017 y 2020 fueron asesinadas 130 mil 583 personas, de ellas 54.2% se podrían atribuir a la delincuencia organizada y su combate.

En Puebla este porcentaje es menor, puesto que del total de homicidios entre 2017 y 2020, solo el 29.8% se debieron a la presunta delincuencia organizada y su combate.

Sin embargo, al comparar los sexenios la proporción subió durante esta administración federal al pasar de 19.4% de los presuntos homicidios en los últimos dos años de Peña Nieto a 40.9% en los primeros dos años de López Obrador.

De acuerdo con Alberto Curiel, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana de Puebla, este incremento se podría deber a dos cuestiones: la falta de un enfoque predominantemente reactivo en la política pública de seguridad y a la militarización del país.

— Ahí tenemos una diferencia importante de lo que está sucediendo, porque los militares están entrenados para sacarse un fusil y matar a quien se está enfrentando; mientras que el policía está entrenado o deberían estar entrenados para detener y controlar a la persona que está cometiendo el delito y poner la disposición del Ministerio Público, dice el experto.

Policías municipales, más involucrados

Aunque a simple vista pareciera que la entidad no es un foco rojo en cuanto a violencia relacionada con el el crimen organizado, existen algunos municipios cuyas tasas de homicidios si se comparan a entidades más violentas como Guerrero, Michoacán o Zacatecas.

Por ejemplo, entre 2017 y 2020 los municipios con más personas fallecidas por la presunta delincuencia y su combate fueron: Chila de la Sal (151.9 por 100 mil habitantes), en la mixteca poblana; Esperanza (121.9), en la frontera con Veracruz, y Tlaltenango (121.2), donde existe robo de hidrocarburo.

Con respecto a las autoridades más involucradas en enfrentamientos, asesinatos y demás violencia desatada por la guerra contra el crimen organizado, en el caso de Puebla fueron las policías municipales con 35.5% de participación; después seguiría la Policía Federal, con 20.2%; la Policía Estatal, con 11.0% y el Ejército, con 8.3%.

La militarización, explica Curiel, también implica que se abandone a las policías, es decir, los recursos públicos enfocados en la profesionalización y capacitación de los elementos en prevención, disuasión, investigación y reacción han ido disminuyendo. De tal suerte que ahora sólo se tiene un fondo para ello: el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamun), pero que se utiliza para muchos ámbitos no sólo para seguridad.

—Prácticamente ahora las policías están muy desprotegidas en el tema de los presupuestos porque no hay un presupuesto real, por ejemplo, para las policías municipales.

Si a esto se agrega que en operativos conjuntos con otras fuerzas armadas, como lo es el Ejército o la Guardia Nacional, se les delega a las policías municipales que hagan toda la burocracia de las detenciones y los reportes, a las fuerzas municipales “les toca la peor parte”, dice el académico.