Forbidden Stories es un espacio de investigación periodística que nació para retomar trabajos que hayan costado la vida a periodistas, para mandar el mensaje de que matar a las o los periodistas que investigan no mata las historias.

Hace unos días el sitio comandado por Laurent Richard, un periodista, documentalista y productor francés, publicó una serie de investigaciones titulada Story Killers (“Asesinos de Historias”). Para ello Forbidden Stories reunió a más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación para exponer el funcionamiento interno del mundo global y secreto de los mercenarios de la desinformación.

En uno de esos trabajos desnuda y desvela cómo trabaja la empresa española Eliminalia, “una empresa española de gestión de la reputación. Forbidden Stories y sus socios [entre ellos la periodista mexicana Lilia Saúl], investigaron a los clientes sórdidos vinculados a esta empresa y las tácticas de manipulación de la empresa para eliminar información de interés público de Internet”.

El reportaje publicado inicia así: “En agosto de 2018, Daniel Sánchez, un periodista de investigación mexicano [campechano para mayor precisión], comenzó a recibir llamadas y mensajes de texto peculiares sobre un artículo reciente que había publicado. Los mensajes, que según Sánchez llegaban semanalmente, eran de personas que decían ser abogados y le pedían que retirara su artículo.

También puedes leer: Una fiscalía de 0.5% de eficacia

“Sánchez es periodista en Página 66, un pequeño medio de noticias de investigación en el sureño estado mexicano de Campeche. En enero de 2018, Sánchez publicó una investigación sobre lo que llamó el «mal historial» de una empresa de videovigilancia, Interconecta, que había sido contratada por el gobernador del estado. Indagando en los registros de auditorías financieras, Sánchez descubrió que la empresa, filial de la multinacional tecnológica Grupo Altavisa, había estado vinculada a casos de corrupción y fraude fiscal.

“Unos dos años después de la publicación del artículo de Sánchez, recibió una petición aún más extraña. Enviado por un supuesto experto en marketing local que se hacía llamar Humberto Herrera Rincón Gallardo, el correo electrónico afirmaba que el artículo de Sánchez infringía una ley europea de datos, llamada GDPR por sus siglas, y le pedía que eliminara las referencias al Grupo Altavista y a su fundador, Ricardo Orrantia. El correo electrónico estaba firmado por el Departamento de Cumplimiento de la Unión Europea.

“Sánchez, perplejo, consultó a Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa, que le aconsejó no retirar la pieza.

“Pero un mes después, Gallardo regresó. Esta vez, intentó una nueva estrategia: una demanda por infracción de derechos de autor. En enero de 2020, Gallardo presentó una reclamación por abuso de la DMCA ante Digital Ocean, el proveedor de alojamiento de Página 66 en Estados Unidos. La reclamación alegaba que Sánchez había copiado su contenido ilegalmente. Como prueba de su reclamación, Gallardo enlazó a un sitio de terceros que había publicado una réplica del artículo de Sánchez, pero con una fecha de publicación anterior, falsificada, y un autor también apócrifo: Humberto Herrera Rincón Gallardo”.

Acá pueden seguir leyendo el texto en el sitio de Forbidden Stories y acá en una versión en español en el sitio armando.info.

¿La operadora de Alito?

La historia más allá del impacto que por sí sola pueda tener –una nota de El País revelaba que entre los clientes de Eliminalia además de Grupo Altavista también estaba gente como el exgobernador Javier Duarte, por ejemplo–, me toca directamente por un par de asuntos que ya les cuento.

Hace algunos años republicamos el contenido de Página 66 en Lado B. Había conocido a Daniel Sánchez en algún encuentro de periodistas y a la hora de la comida platicamos cada uno de nuestros medios. Ahí supe del hostigamiento que vivían en el gobierno del campechano Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. Todavía no llegaba a la presidencia del PRI y todavía no lo sacaban terriblemente a balcón como lo ha hecho la morenista Layda Sansores (otroooo caso, pero no viene a cuento en esta historia).

Cuando supimos de la situación que pasaban al ser presionados para bajar un reportaje que habían realizado sobre una empresa dedicada a la seguridad que había sido contratada por Alejandro Moreno para desarrollar un sistema de videovigilancia urbana en las principales cuatro ciudades del estado de Campeche, a cambio de lo cual recibirían dos millones de pesos al mes por sus servicio, no dudamos, subimos a Lado B el reportaje.

Algún tiempo después, por ahí de mediados del 2019, cuando Alejandro Moreno se preparaba para saltar a la presidencia del PRI me habló una mujer cuyo nombre ya no recuerdo.

Se presentó como una operadora de medios de la Ciudad de México y aseguró que buscaba aclarar información sobre el reportaje de Página 66, que el reportaje estaba construido en falsedades y no se cuantas cosas más. 

En la llamada le dije que si ella podía demostrar que no lo que ahí se publicaba era falso podríamos bajar el trabajo periodístico e incluso disculparnos con las personas involucradas, pero tenía que mandar la información.

No lo hizo.

Unos días después volvió a llamar, e insistió en que tenían esa información y que sí, que la harían llegar, luego sugirió que había interés del gobierno de Campeche por tener un acuerdo comercial con Lado B.

–¿Con Lado B? Nosotros no estamos en Campeche, ¿cómo por qué le interesaría al gobernador contratar a un medio fuera de su estado? –le respondí– Mejor manden sus pruebas de que la información es errónea y hablamos.

No volví a saber de ella. Tampoco mandaron sus pruebas de nada.

La mujer se presentó como operadora de medios del gobierno de Campeche, no de la empresa, su interés era, según entendí, proteger al entonces gobernador, no a la empresa. Entonces, aunque fue Grupo Altavista quién pagó a Eliminalia para bajar la información, el dinero habrá sido en verdad de la empresa, o Alejandro Moreno habrá tenido algo que ver. Después de escucharlo en las grabaciones que ha hecho públicas Layda Sansores no dudaría que Alejandro Moreno hubiera tenido algo que ver en la contratación de Eliminalia, pero eso es mera especulación, claro está. 

Lo único cierto por el momento es que la empresa proveedora del gobierno de Campeche pagó para que borraran de internet información periodística de un pequeño portal independiente y de investigación que la mostraba como una empresa vinculada a prácticas de negocios cuestionables.

***

Diputados cachirules

En alguna entrega anterior les contaba el caso de la diputada Genoveva Huerta, que llegó a la Cámara como legisladora indígena aunque hay serías dudas sobre vinculación real con ese grupo poblacional no sólo por que no hay rastros de esa identidad que ella aseguró tener sino por que además su trabajo legislativo está lejos de beneficiar a los pueblos originarios.

Su caso no es el único, el lunes pasado se publicó en El Universal una investigación que revela que al menos 11 de las 65 personas que actualmente ocupan una curul en la Cámara como cuota de alguno de los cinco grupos minoritarios que hoy tienen una representación política: indígenas, afrodescendientes, personas de la diversidad sexual, migrantes o que viven con una discapacidad, llegaron de manera irregular. 

Vamos, que son diputados y diputadas cachirules.

Bueno no, si tenemos pruebas.

En los documentos que entregaron al Instituto Nacional Electoral (INE) para obtener su registro como candidatos y candidatas hay constancias con firmas y sellos falsificados de autoridades indígenas, cartas obtenidas con engaños para hacerse pasar por migrantes y documentos médicos que no dejan clara la discapacidad con la que viven.

La consejera del INE, Dania Ravel, reconoce en entrevista que “desde que empezaron las acciones afirmativas nos hemos dado cuenta que ha habido muchos intentos de simulación”.

El también consejero del INE Uuc-kib Espadas resume el resultado del proceso pasado en materia de acciones afirmativas con una frase: “ni son todos los que están, ni están todos los que son”.

Y aunque desde el poder judicial se estableció que se debería legislar al respecto, hasta el momento el tema no ha llegado a la tribuna de la actual legislatura que ya vio pasar la mitad de su periodo. 

***

Otras notas del lado oscuro

Líder de Morena transforma el Senado en su fábrica personal de libros con sobreprecio… El Senador Ricardo Monreal le ha pedido al Senado comprarle uno de sus libros. En noviembre pasado se adquirieron, a sobreprecio, mil ejemplares de la obra Errar es humano, rectificar es política. 

ASF: en busca del dinero perdido… La Auditoría Superior de la Federación a cargo de David Colmenares muestra un rezago en la recuperación de recursos federales observados en las primeras cuatro revisiones que realizó su gestión. En promedio, ha recuperado 17 de cada 100 pesos que se ejercieron de manera incorrecta. Ese dinero perdido debió ejercerse en Salud, Educación, Justicia y otras materias.

Pozos sin fondo: los recursos sin comprobar de Tamaulipas… El gobierno que dirigió el panista, tiene una de las observaciones más altas en la historia de la Auditoría Superior, una solicitud de aclaración de 8 mil 777 millones de pesos que no se comprueban desde 2018.

***

Cualquier comentario, sugerencia de tema o temas (tips de investigación) no dudes en escribirme a aroche@ladobe.com.mx. Me encantará tener una conversación contigo.

¿Quieres que este boletín te llegue semanalmente a tu buzón de correo? Inscríbete aquí y recíbelo cada martes en la noche.