Esta nota fue publicada originalmente en Página 66, un portal de noticias de Campeche. Se reproduce luego de que la página fue amenaza de acción legal por parte de la empresa Grupo Altavista, multinacional de servicios tecnológicos señalada con antecedentes de defraudación fiscal. La amenaza viene acompañada del uso indebido del mecanismo de “notificación y retirada”, con la intención de censurar información de interés público que circula en Internet.

Daniel Sánchez | PÁ66INA

CAMPECHE, Cam. 10 de enero el 2018.- La empresa Interconecta -filial del Grupo Altavista, propiedad de Ricardo Orrantia Cantú-, contratada por Alejandro Moreno Cárdenas, a razón de casi dos millones de pesos mensuales, para el sistema de videovigilancia urbana en las principales cuatro ciudades del estado de Campeche, tiene malos antecedentes.

La compañía fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los resultados de la revisión a la cuenta pública del gobierno federal en el 2008, 2009 y 2011, como parte del gran fraude cometido en la Secretaría de Educación Pública (SEP), de los gobiernos de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, con el programa Enciclomedia.

De acuerdo con revisiones financiera y de cumplimiento, Interconecta fue una de las siete empresas que recibieron los 14 contratos plurianuales para “vincular los contenidos de los libros de texto gratuito y diversos recursos multimedia, permitiendo su articulación con audio, fragmentos de películas, simuladores, animaciones, interactivos y ejercicios, de manera tal que sirvan de apoyo en las actividades de enseñanza de los docentes de 5° y 6° grado de primaria”, pero años antes, también había sido una de las beneficiadas con el programa en secundaria y telesecundaria.

En los resultados de la fiscalización de la cuenta pública del 2008, la compañía aparece en consorcio con Sun Microsystems de México S.A. de C.V., como participante en tres de los 14 contratos que fueron finiquitados irregularmente por la SEP, en el Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria.

En esta ocasión, la empresa recibió el pago por concepto de “gastos no recuperables” por un monto de 598 millones 203.6 mil pesos, pero la Auditoría Superior de la Federación consideró “improcedentes” los conceptos pagados por un monto de 120 millones 292.6 mil pesos en el convenio por terminación anticipada del contrato, así como 28 millones 270.8 mil por concepto de “almacenaje e intereses”.

En su dictamen sobre el finiquito del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, la ASF expuso que “determinó fiscalizar un monto de dos mil 324 millones 544 mil pesos, que representan el 100 por ciento de los recursos que la Secretaría registró como devengados en la Cuenta Pública 2007 para cubrir los compromisos anuales de los Contratos Multianuales de Prestación de Servicios del Programa Enciclomedia Secundaria”.

También “consideró que, en términos generales y respecto de la muestra antes señalada, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al finiquito de los servicios contratados para el programa “Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria”, respecto de las operaciones examinadas”.

“El gobierno federal ejerció un importe de tres mil 26 millones 229 mil pesos en la puesta en operación y finiquito del Programa en nivel Secundaria y Telesecundaria, sin demostrar ningún beneficio en la educación del país que justifique su costo”, agregó.

“De los dos mil 324 millones 544 mil pesos, se utilizaron para el pago del finiquito a los proveedores del Programa Enciclomedia Secundaria y Telesecundaria, por concepto de Gastos no Recuperables mil 901 millones 878.7 mil pesos, mediante seis Convenios de Cumplimiento de Terminación Anticipada, de Transacción y de Finiquito, los cuales fueron formalizados sin que la SEP contara con una validación, estudios, análisis o dictámenes que le permitiera garantizar que estos gastos fueran razonables, comprobables en relación directa con los Sector Educación Pública Contratos Multianuales y que dichos convenios constituían beneficios y las mejores condiciones para el Estado”, detalló.

“Se efectuaron pagos por mil 162 millones 15.5 mil pesos, por concepto de Gastos no Recuperables improcedentes, por no demostrar que cumplieron con el artículo 54 de la LAASSP; más 74 millones 571.3 mil pesos, no contaron con la documentación comprobatoria y justificativa, lo que representa el 65 por ciento del importe total pagado”, abundó.

“La SEP no contó con el análisis presentado por el titular de la Coordinación Ejecutiva a la Secretaría del Ramo en el que se sustentó la cancelación de los contratos a nivel secundaria del Programa Enciclomedia. También, aceptó la transmisión por parte de los proveedores de los equipos instalados, los cuales se encuentran en proceso de donación a 22 entidades federativas, sin verificar su existencia, ubicación, su estado físico y funcional”, añadió.

“Además, no se descontaron las penalizaciones por incumplimiento en la instalación de Aulas Enciclomedia Secundaria, por 290.8 mil pesos, ni 56 aulas siniestras en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, por un importe de 873.6 mil pesos, del pago por el finiquito a los proveedores”, apuntó.

Las irregularidades en 2009 y 2011

En la cuenta pública del 2009, el organismo fiscalizador federal determinó “recuperaciones por 894 mil 300 pesos (en el programa Enciclomedia), que se consideran como recuperaciones probables” y citó como consecuencias sociales que “el gobierno federal ejerció en 2009 un importe de cuatro mil 786 millones de pesos en el Programa E001 Enciclomedia 5° y 6° Año de Primaria, sin demostrar una mejora sustentable en la calidad de la educación primaria”.

Emitió un dictamen negativo, porque “considera que, en términos generales y respecto de la muestra revisada, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones normativas aplicables al Programa E001 Enciclomedia 5° y 6° Año de Primaria, respecto de las operaciones examinadas”.

Mencionó que detectó que la SEP “no cuenta con sistemas automatizados que permitan monitorear, supervisar y dar seguimiento a las condiciones físicas y funcionales de las Aulas MMS y ASA, si se encuentran operando y el tiempo que son utilizadas para los fines establecidos, tan es así que se identificaron aulas que no han sido reparadas o repuestas, durante cinco ciclos escolares, lo que significa que 19 mil 650 alumnos de 5° y 6° no contaron con la herramienta de Enciclomedia”.

“Asimismo, la SEP carece de indicadores que permitan evaluar el impacto que el Programa E001 Enciclomedia ha tenido en el mejoramiento en la calidad de la educación de los alumnos de 5° y 6° Año”, puntualizó.

En el ejercicio del año 2011, la filial del Grupo Altavista fue la que registró el mayor número de “incidentes por fallas en software, hardware y otros”, con 45 mil 729 “tickets atendidos en tiempo y forma” y con mil 86, de forma extemporánea, en las 27 mil 466 aulas adjudicadas en los ocho estados de la República donde prestó el servicio, correspondiente a tres contratos.

Estos últimos generaron “servicios no devengados respecto de “Aulas MMS no disponibles”, más la correspondiente penalización a cargo de los prestadores de servicios, ya que estos excedieron el plazo máximo permitido para la atención”, que es de 48 horas para aulas urbanas y de 72 horas para aulas rurales.

Acusación de defraudación fiscal

Asimismo, derivado de la participación de Interconecta en este programa, la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó en mayo del año 2014 una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Grupo Altavisa, de Ricardo Orrantia, por “inconsistencias”.

Específicamente a Orrantia Cantú -quien ha recibido reconocimientos como filántropo- se le acusó de malos manejos y fraudes por 223 millones de pesos, ya que “alteró registros contables y usó datos falsos para disminuir contribuciones fiscales”, siéndole atribuido el delito de defraudación fiscal.

Otra de las compañías del Grupo Altavista, Integradores de Tecnología, según un reporte del 15 de agosto del 2016, fue inhabilitada para obtener contratos públicos con el gobierno federal. El motivo fue que presentó información falsa en la carta compromiso para obtener un contrato con Pemex Exploración y Producción (PEP).

Aquí puedes consultar los dictámenes de la ASF:

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Tomos/T5V3.pdf

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Desarrollo_Social/2011_0388_a.pdf

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo4/2009_0338_a.pdf