Dentro de una sociedad que se asume democrática, el espionaje y vigilancia en contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas por parte del Estado es un mal indicador en la garantía de los derechos fundamentales; si además esas acciones provienen de las Fuerzas Armadas, es aún peor.

En las últimas semanas ha salido a la luz información relacionada con el uso de programas de espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, así como de acciones de vigilancia y monitoreo a colectivos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en algo que debería prender las alertas democráticas dentro de un contexto de creciente militarización.

Sobre la primera vertiente, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) junto con Artículo 19 y SocialTIC, dieron a conocer tres nuevos casos de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mediante el uso del malware Pegasus, en lo que han titulado Ejército espía. No es la primera vez que se usa este sistema de la empresa israelí NSO Group en nuestro país. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las mismas organizaciones revelaron diversos casos en contra también de defensores, periodistas e incluso víctimas de violaciones a derechos humanos. 

A diferencia de aquellos casos donde eran las instancias civiles de seguridad quienes habrían hecho la infección, lo preocupante en los nuevos casos es que provendrían de las instancias militares, quienes carecen de facultades legales para realizar intervenciones de comunicaciones, sobre personas cuyas investigaciones se relacionaban con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Aunado a ello, también ha existido opacidad en torno a la compra del malware, pues la Sedena ha negado en reiteradas ocasiones –incluso ante el propio órgano de transparencia– la existencia de documentación al respecto (con las filtraciones del grupo hacktivista Guacamayas se ha descubierto que sí hubo compra de estos sistemas); mientras que desde la Presidencia de la República se ha minimizado el asunto indicando que son “labores de inteligencia” y que estarían enfocados en el combate al crimen organizado.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que “las prácticas de vigilancia y la intercepción y recopilación ilícita o arbitraria de datos personales no sólo afectan el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, sino que también pueden ser contrarios a los preceptos de una sociedad democrática”.

En lo que toca al monitoreo contra activistas, dentro de los documentos filtrados en #SedenaLeaks, se ha descubierto que el Ejército monitorea y vigila a colectivos feministas a nivel nacional, incluido Puebla, así como a movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, quienes, entre otros elementos, comparten el realizar acciones en el espacio público, en ejercicio del derecho a la protesta social.

En ese sentido, estos seguimientos vulneran también el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. En los Estándares sobre protesta y derechos humanos, la CIDH ha señalado que “en ningún caso la mera participación en protestas, en su difusión u organización puede motivar la violación del derecho a la privacidad respecto de las comunicaciones privadas realizadas por una persona, ya sean realizadas por escrito, por voz o imágenes, y con independencia de la plataforma utilizada”.

En el caso Puebla, los documentos evidencian que el seguimiento se ha dado a través del monitoreo de grupos en redes sociales. Al respecto, la misma CIDH ha enfatizado que “la presencia en las redes sociales de agentes policiales y militares infiltrados o con identidades falsas con el objetivo de obtener información sobre movimientos sociales y la organización de manifestaciones y protestas […] puede ser considerada una violación grave de los derechos de reunión y libertad de asociación, e incluso del derecho de privacidad. En ninguna circunstancia se encuentran permitidas acciones de inteligencia en internet para vigilar a los organizadores o participantes de protestas sociales”.

Ambas revelaciones son preocupantes por provenir de instancias militares. No es la primera vez que se conocen casos de vigilancia y espionaje por parte de las Fuerzas Armadas; fue una práctica durante la llamada guerra sucia y se ha mantenido hasta nuestros días. Ahí el ejemplo de la infiltración a la Normal de Ayotzinapa y la información que tuvieron en tiempo real en torno a los hechos ocurridos en Iguala como han documentado la COVAJ y el GIEI.

Sin embargo, frente a un contexto de creciente intervención de las Fuerzas Armadas no sólo en tareas de seguridad –está en manos de los Congresos locales aprobar la reforma constitucional para extender su presencia hasta 2028–, sino también en tareas administrativas de competencia civil,  estas revelaciones (y las demás que han salido a partir de los GuacamayaLeaks) deberían suscitar la reflexión y el análisis en la sociedad sobre el camino hacia el cual estamos transitando y los riesgos que podrían conllevar estas prácticas para nuestro sistema democrático.

Podríamos entrar a un camino sin retorno, donde la garantía de derechos básicos para la vida democrática como son la libertad de expresión y la privacidad, se vean coartados. El espionaje y la vigilancia no es menor, debería ocuparnos a todas y todos.

*Foto de portada: @SEDENAmx | Twitter