A los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado los asesinaron en enero de 2022 a unos metros de su casa, en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, México.

Habían solicitado protección a la Unidad de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, pero el trámite traspapelado y la falta de coordinación con el Mecanismo de Protección Federal fueron fatales.

Historias como la de Lourdes y Margarito se repiten en cada una de las 32 entidades federativas del país. En una investigación sin precedentes, el Colectivo Desde Provincia, conformado por reporteras y reporteros de seis estados, indagó sobre el trabajo de las unidades, comisiones, mecanismos y fiscalías estatales encargadas de proteger a periodistas y personas defensoras.

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A través de solicitudes de información a las autoridades, revisión de documentos oficiales y entrevistas con especialistas, los hallazgos fueron los siguientes: 24 estados respondieron que sí cuentan con alguna instancia gubernamental para la protección de periodistas y personas defensoras, pero sólo ocho tienen un presupuesto específico, la mayoría no tiene personal suficiente y capacitado en temas de libertad de expresión o de defensa de
periodistas.

Los datos confirman que Guerrero, Morelos y Sinaloa son los tres estados donde las instancias de protección a periodistas están operando sin titular. También hay estados donde quienes colaboran en dichas instancias lo hacen de forma honoraria, es decir, sin recibir pago, como ocurre en: Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. Lo anterior ocurre, ya sea porque no hay presupuesto o porque esta actividad es una más de las que ya tiene a su cargo en la administración pública.

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