Paula Mónaco Felipe y Wendy Selene Pérez, en colaboración con Luis Brito

Una muela. Una muela bastante grande, la del juicio, con pedacitos de sangre seca amarronada. Édgar González Casillas, un médico querido por decenas de pacientes en la sierra wixárika, la guardó como un recuerdo de su crecimiento. Años después, cuando se lo llevaron unos hombres armados el 7 de julio de 2013, en Tesistán, Jalisco, el diente se transformó en un gran tesoro para su hermana Amanda.

Las piezas dentales son buenas para extraer el material genético y los científicos han conseguido hacerlo incluso con restos prehistóricos. Amanda guardó ese tesoro hasta 2018, cuando se lo entregó a una mujer que decía ser representante de un laboratorio privado de genética. Ella le prometió que contrastaría la muela con la mayor base de datos de identificación en México, una que utiliza el Sistema Índice Combinado de ADN (CODIS), el software que el Buró de Investigaciones Federales (FBI) estadounidense le donó al gobierno mexicano en 2009 como parte de la Iniciativa Mérida para combatir al crimen organizado. La base está bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República (antes PGR) y en la actualidad concentra más de 69 mil 300 perfiles genéticos. ¿Cómo una empresa privada tuvo acceso a estos datos?

El Estado mexicano ha ido recolectando información genética, desde 2004, de los parientes cercanos a las más de 95 mil personas desaparecidas que se cuentan de manera oficial para poderlas identificar, información que ha ido a parar a dos grandes bases de datos: una que inició la Policía Federal y hoy tiene la Guardia Nacional y otra que inició la PGR y que continúa la Fiscalía. Ésta, la más importante, fue presuntamente copiada, filtrada, pirateada.

La misma mujer que se llevó la muela de Édgar González Casillas, ese 2018, cita a Ana Enamorado en una cafetería de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Sin conocerla y sin la presencia de expertos, como indican las leyes, le suelta de tajo que en una morgue de Michoacán hay un cuerpo que podría ser el de su hijo Óscar, desaparecido en 2010. Quien abre esta posibilidad no es funcionaria ni ocupa cargo público alguno. Pero cualquier indicio acelera el corazón de Ana: ¿Y si es verdad?, piensa. ¿Tendrá acceso a esa certeza que anhelan miles en un país con más de 4 mil fosas clandestinas y 52 mil cadáveres todavía sin identificar?

Foto: Miguel Tovar Fierro

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“Calcinados, sobre todo. Nosotros trabajamos con este tipo de restos calcinados. Hemos obtenido resultados muy buenos”. La voz de Mariana ilusiona a Edith Pérez Rodríguez, de San Luis Potosí, que recuerda la promesa de esa llamada de 2019. Lleva ocho años buscando a sus hijos Alexis y José Arturo, de 16 y 20 años, y a tres familiares más. Los desaparecieron en las carreteras de Tamaulipas, una región donde los restos no se cuentan por número sino en peso: son tan chiquitos que son muy difíciles de identificar. México no tiene la tecnología, los laboratorios ni las máquinas para extraerles información genética a restos en esa condición, por eso los envía a otros países, como sucedió con el caso Ayotzinapa. La promesa de analizar huesos calcinados, entonces, es muy valiosa.

“Hola Jorge. Linda tarde. Me gustaría tener contacto contigo si es posible, por favor. Tengo un tema importante que comentar contigo”, dice un correo electrónico que recibe Jorge Verástegui el 24 de enero de 2018, el día en que su hermano Antonio y su sobrino Toñito cumplen nueve años de estar desaparecidos. “Llevo semanas y semanas buscando a tu familia para conseguir una autorización a través de la Fiscalía, pero no lo he logrado”. Mariana García Sosa le anticipa que identificó restos que podrían ser de sus familiares y menciona detalles secretos, avances de la investigación ministerial que no son públicos. De eso le hablará en una cafetería, un día después.

Una mujer joven, simpática y elegante es el rostro visible de Central ADN, un laboratorio que dice y demuestra tener acceso y copia de las bases de datos genéticos del Estado mexicano, según los documentos obtenidos para esta investigación. García Sosa, quien se presenta sin su primer apellido, recorre los estados de Veracruz, Coahuila, Jalisco, Morelos y San Luis Potosí contactando a familiares de desaparecidos y recolectando muestras para extraer ADN: saliva, gotas de sangre, huesos, dientes. Viaja pontificando. Te identificamos a tu familiar, nosotros sabemos dónde está, tenemos amigos en la Procuraduría, tenemos la mismísima copia del banco genético nacional. De acuerdo con 17 testimonios recabados para esta investigación, a las familias de las víctimas les asegura que su trabajo es humanitario y les promete hacer los estudios gratis, sin costo.

En un país incapaz de frenar la violencia, una muela puede ser una esperanza. Por eso hay quienes creen que lo que dice esta mujer es verdad.

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Recolectar

Vidriado, transparente como una gran pecera, el edificio es una construcción vanguardista que destaca en medio de un campo vacío. El laboratorio de Central ADN, que públicamente se presenta como ADN México, se encuentra dentro del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, en la Antigua Carretera a Pátzcuaro, en el estado donde Felipe Calderón inició la militarización y que después de tres administraciones sigue contando miles de muertos. Los cristales que sirven como paredes dejan ver lo que hay dentro. Áreas desocupadas y máquinas nuevas, relucientes. Un espacio impecable. Un cartel señala que el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Leonel Godoy lo inauguraron en 2015.

Una mañana de octubre de 2021 preguntamos por algunas pruebas que se anuncian en el sitio web, cuya portada es la foto de un militar estrechándole la mano al personal médico. Ofrece bases de datos de ADN para los estados. Su página dice que hacen exámenes humanos, veterinarios, forenses y de covid-19. Una recepcionista desocupada llama a una joven amable. Le consultamos si se pueden identificar restos óseos. Dice que por ahora no pueden porque están intentando acreditarse, que significa obtener los permisos que por ley requiere todo laboratorio.

— O sea, con el hueso, ¿no se puede?

—Sí se puede, pero no tenemos avalada todavía esa zona [del cuerpo] —dice la muchacha, refiriéndose a los huesos.

Foto: Miguel Tovar Fierro

Cualquier laboratorio forense necesita una acreditación para analizar restos humanos. En México quien avala es la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), aunque la más prestigiosa es la estadounidense National Accreditation Board (ANAB). Tener acreditación es garantía de resultados confiables, además de requisito de la ley mexicana. Central ADN tuvo la acreditación de la EMA en 2017 pero después, ya no. ¿Las razones? EMA se negó dos veces a responder. En cambio, la de ANAB la tiene vigente hasta 2026. En el país muchas de las morgues no cuentan con laboratorios de ADN y, entre las que tienen, la mayoría no están acreditados. Sólo están avalados los laboratorios forenses de la FGR, la Guardia Nacional y 13 servicios periciales estatales: Hidalgo, Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Chiapas y Yucatán. No tienen acreditación algunas de las entidades con más víctimas de violencia como Tamaulipas, Guerrero y Veracruz.

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Mientras Mariana García Sosa recorre la república contactando a familiares, la empresa consigue contratos de identificación humana con al menos tres estados, un convenio inusual con la entonces PGR, y su capital aumenta de 100 mil pesos a 9.5 millones en ocho años. Ella no es la única integrante de la empresa: varios nombres y apellidos de peso en la política nacional aparecen en la lista de accionistas a partir de 2013, cuando se constituyó Central ADN, S.A. de C.V. en la ciudad de Morelia, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Foto: Miguel Tovar Fierro

Nombres y apellidos como Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, quien aparece como secretario de la sociedad mercantil en el acta constitutiva del Registro Público del Comercio. Este publicista con una larga historia en campañas electorales y familiar de Julio Scherer Ibarra, el exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha trabajado lo mismo para la presidencia de Carlos Salinas de Gortari como para candidatos de los partidos políticos PVEM, PRD, PRI y Morena. Es expareja de la hoy alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón; un dato frívolo si no fuera porque Limón fue subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación entre 2012 y 2015, cuando comenzaron a aumentar las desapariciones, se promulgó la Ley de Víctimas y se estrenaba la primera gran base de datos con el software CODIS del FBI.

Otro accionista es Diego Ulibarri Gómez, un veterinario que se especializa en caballos. Hasta octubre de 2021, el tesorero de la empresa era Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, exfiscal federal de delitos electorales en la contienda presidencial de 2018. En el acta de registro corporativo también aparece el empresario michoacano Alfonso Fabriciano Gómez Sanz, heredero de una fortuna en hoteles, fábricas y negocios de construcción, pariente y socio de los Reyzábal, un clan del jet set de España. Ostenta el título de cónsul honorario del Reino de España en Morelia —otorgado por el Congreso— y el 19 de julio de 2019 estuvo sentado en una larga mesa protocolaria en Palacio Nacional, una reunión de empresarios con el presidente López Obrador.

Además, Central ADN incorpora los capitales de otras empresas: la inmobiliaria Grupo Arquimio, Prados Camelinas, Legalex y Crédix GS, que son propiedad de la familia Gómez Sanz. Lo mismo Grupo Cantabria y Hergo América. Los datos están en el Registro Público de Comercio.

Este laboratorio de oficinas vidriadas y empresarios poderosos ya ha tenido varios contratos con algunas fiscalías.

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Una primera huella aparece en Morelos: en octubre de 2016, el fiscal estatal Javier Pérez Durón firma con ellos el contrato UPAC/SER133/2016 para realizar 149 pruebas de identificación humana a partir de huesos. Una cláusula insólita dispone que Central ADN almacenará una copia de los datos genéticos por cinco años en su propio software —AlteaDB, de origen español, especializado en datos genéticos, del que esta empresa pregona ser la única distribuidora en México— y sólo los borrarán si la fiscalía lo solicita por escrito. El monto por cada muestra es de 5 mil 780 pesos; es decir, una suma total de 999 mil 48 pesos. Aunque no lo aclara el documento, fuentes que piden anonimato dicen que los restos corresponden a personas enterradas de manera irregular en Tetelcingo, Morelos.

Una segunda huella en San Luis Potosí: un acuerdo firmado a finales de 2016 con el director de Servicios Periciales de ese estado, Alberto Rogelio Ortega Madrid, según documentos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde se indica que Mariana García Sosa, en nombre de su empresa, capacitaría al laboratorio estatal en materia forense de manera gratuita. Tres meses más tarde, en un acto público García Sosa revela que el procurador Federico Arturo Garza Herrera donó la base de datos de material genético a Central ADN y le da las gracias. De acuerdo con sus palabras, la empresa ya tenía 40 mil perfiles genéticos de personas no identificadas, obtenidos de ocho instancias estatales y de la PGR. Eso quedó asentado en la prensa local.

Además, consiguieron otros contratos con la fiscalía de Coahuila. Vía adjudicación directa, entre noviembre de 2016 y octubre de 2018, el estado les pagó 4.1 millones de pesos para la identificación de restos humanos, la mayoría, con un alto grado de calcinación. El fiscal para desaparecidos durante los tres contratos es José Ángel Herrera Cepeda. Según el documento obtenido por transparencia, acordaron que la empresa se quedaría con una copia de los datos de los perfiles genéticos durante un año, como ocurrió antes en Morelos, en su software AlteaDB. La relación comercial acabó mal: Central ADN reclamó que la fiscalía le debía pagos y amenazó con no devolver ni los huesos ni las muestras tomadas a familiares, un escándalo que también documentó la prensa local.

¿Cuántos contratos más obtuvo Central ADN en los estados? Difícil saberlo: en decenas de solicitudes de información que se realizaron por transparencia, excepto Coahuila, las fiscalías y procuradurías del país negaron haber firmado con esa empresa, incluso Morelos y San Luis Potosí.

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*Foto de portada: Miguel Tovar Fierro