En los últimos años los medios poblanos hemos llenado páginas y páginas, algunas de papel, otras digitales, de historias de empresas fantasmas.
Desde las primeras notas publicadas por LADO B y Animal Político sobre empresas como Woonter Well en enero de 2018 y las columnas de Rodolfo Ruiz de febrero de 2018, que hablaban de grupos de empresas registradas en los padrones de proveedores que compartían números de teléfono y correos, algunos incluso direcciones de oficinas; pasando por la investigación de Datamos – Connectas titulada: Puebla, fábrica de empresas fantasmas. Hasta llegar a las filtraciones de la Auditoría Superior del Estado a medios como MTP Noticias y Periódico Central.
Hoy sabemos por la prensa que Puebla fue un hervidero de empresas fantasmas, que se usaron para todo y por todo tipo de órganos de gobierno: del Estatal a los ayuntamientos, del Congreso del estado a la Universidad Pública; que lo mismo facturaron contratos de obra pública por decenas de millones de pesos, que generaron facturas de mil pesos o menos de acuerdo con datos que el SAT ha entregado a LADO B.
Aunque en realidad las empresas fantasma, o empresas fachada se pueden usar para casi cualquier actividad que necesite ocultar algo. En un foro organizado por Connectas, una plataforma de desarrollo de investigaciones periodísticas, el colombiano Daniel Mauricio Rico, analista en temas de economías criminales, explicaba que hay empresas fachada de todo tipo. Incluso para subcontratar trabajadores y descargar de responsabilidades a otras compañías, el conocido outsourcing.
“Hay empresas fachadas y criminales de todo tipo, para subcontratar, para temas de narcotráfico, para mover efectivo, en temas de minería ilegal, para mover armas, para contrabando, incluso para defraudar una sociedad conyugal. Hemos visto casos de esposos infieles previendo un divorcio crean empresas fachada para mover bienes”.
Un ejemplo de empresas fachada que no se usaron para contratos con gobierno fueron las que crearon los priistas Enrique Agüera, el exrector de la BUAP, y Jorge Estefan Chidiac en el estado de Florida para comprar departamentos de lujo en Miami y esconder así sus propiedades millonarias.
En 2015 la reportera de Proceso, Gabriela Hernández, y este tecleador investigamos una filtración que llegó a la plataforma Mexicoleaks. Los documentos que hicieron llegar a Proceso y a Animal Político revelaban que la empresa Scientia Aprendizaje Significativo había obtenido contratos millonarios de administraciones panistas poblanas pues detrás de ella estaba Fernando Manzanilla Prieto. Era a todas luces una empresa fachada, pero había que documentarlo.
Todos los indicios que encontramos nos llevaban a la misma conclusión, detrás de Scientia estaba Manzanilla. Había gente cercana a él vinculada a la razón social, personas que trabajaron cerca de él y cuyos nombres aparecían en diferentes movimientos legales. Manzanilla siempre negó la relación, on y off the record.
