Rutas del Conflicto 

En 2004, la mayoría de familias del resguardo indígena Yaguará II habían salido desplazadas de su territorio, ubicado entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, por las amenazas de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La violencia se acrecentó después de que fracasaran los diálogos de paz en San Vicente del Caguán y que sufrieran ataques por parte de la Fuerza Pública y del grupo guerrillero. El desplazamiento se dio en junio de ese año, después de los asesinatos de los indígenas Orlando Cruz y Serafín Méndez y la desaparición del gobernador indígena Escolástico Ducuará.

En esa ocasión solamente una familia de la etnia piratapuyo se resistió al desplazamiento y siguió en sus tierras, cuidando el espeso bosque que queda entre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, el más grande del país, y las sabanas del Yarí. Durante el desplazamiento llegaron colonos de otras partes del país e incluso indígenas de otra etnia.

En 2019 varias familias del resguardo indígena retornaron al territorio con la esperanza de recuperar y conservar sus tierras. Desde 2017 tienen una medida cautelar que obliga a diferentes entidades del Estado a actuar en la conservación del territorio y en el retorno de las personas del resguardo, conformado por indígenas de las etnias piratapuyo, pijao y tucano. Sin embargo, desde principios del 2021 volvieron las amenazas de los grupos armados que se  denominan como la “autoridad” de la zona hasta que, hace un mes, la comunidad no aguantó más y se volvió a desplazar. Algunas familias llegaron a San Vicente del Caguán, otras a Neiva y otras a Bogotá.

En esta ocasión, incluso la familia Piratapuyo que resistió por años al desplazamiento debió abandonar el territorio que llevaban cuidando por décadas. Los grupos armados amenazaron con reclutar a los menores de edad y no tuvieron otra opción que irse para cuidar a los niños y jóvenes, aunque no todos se desplazaron. Algunas familias se quedaron a merced de lo que pueda pasar y de las imposiciones del grupo armado. “Una de las grandes preocupaciones es que el resguardo se fraccione, entre los que se quedaron y los que salieron”, afirmó una fuente en territorio que pidió reserva de su nombre debido a las amenazas que se presentan en la región.

Las autoridades indígenas enviaron una carta al presidente Iván Duque, el pasado 21 de septiembre, para contarle del nuevo desplazamiento y solicitarle la protección de su territorio y sus derechos.  La “huida” de su territorio se dio en agosto pero lo habían mantenido en reserva mientras todas las personas salían, ya que el grupo armado les pidió que no se desplazaran.

Deforestación, vía y colonización en el resguardo Yaguará, en límites con el parque Chiribiquete. Foto: FCDS.

La salida de los cuidadores del territorio

En 2019, cuando las familias indígenas retornaron después de su primer desplazamiento, tenían la esperanza de ayudar a detener la creciente deforestación pues su territorio se ubica estratégicamente entre los parques Serranía de Chiribiquete, Tinigua y Sierra de la Macarena, tres de los más amenazados en Colombia por pérdida de bosque. Su lucha se centró en el proceso de restitución de tierras que les otorgó medidas cautelares en 2017 y en disminuir la tala para la conservación  del territorio.

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La comunidad, como se mencionó en un reportaje publicado a mediados de este año, estaba trabajando en diferentes proyectos que permitían un uso sostenible de los recursos forestales, fortalecían la gobernanza de los miembros del cabildo y buscaban generar una fuente de ingreso que los ayudara a conservar el territorio. Estos procesos se detuvieron totalmente y la posibilidad de retomarlos es incierta dado el nuevo desplazamiento que empezó el pasado mes de agosto.

Las disidencias se habían presentado ante los indígenas de Yaguará ll a inicios del 2021, argumentando que eran la autoridad en la zona. Por esta razón la comunidad se reunió con ellos y les solicitaron que no permitieran la tala indiscriminada de bosque. “Les dijimos que necesitábamos que se detuviera la deforestación, que había colonos que estaban talando mucho”, aseguró una persona del resguardo que prefirió la reserva de su nombre. Después de eso, uno de los comandantes de las disidencias en la zona se comprometió a limitar la tala a cinco hectáreas.

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*Foto de portada: Sergio Bartelsman / Fundación Gaia Amazonas.