Doménica Montaño

Fuera de Explocen, una empresa de explosivos ubicada en la fría ciudad andina de Latacunga, una alta carpa blanca se levanta como símbolo de la resistencia. Ahora mismo está vacía pero por más de ocho meses fue el hogar de 52 obreras y obreros que declararon una huelga para exigir que se cumplan sus derechos. Pedían lo que el abogado Jorge Vásquez asegura es la “institución máxima del derecho laboral”: un contrato colectivo. Y tras 253 días bajo el frío lacerante que baja del volcán Cotopaxi, las trabajadoras y los trabajadores lograron llegar a un acuerdo que puso fin a una de las huelgas más largas de las últimas décadas en Ecuador. En el país no hay un registro de todas las que se han hecho, pero la más larga antes de Explocen fue la de la llantera cuencana Erco, en 2010, que duró 75 días.

Esta es una línea del tiempo de la resistencia de quienes trabajan en Explocen.

2014

El 5 de diciembre, en una Asamblea General de trabajadores, se conformó el Comité de empresa de trabajadores y trabajadoras de Explocen (CETTE) —una organización sindical para la defensa y promoción de los derechos e intereses de las obreras y los obreros de la empresa. Explocen es una compañía que fabrica, vende e importa explosivos para las industrias minera y cementera. Sus dos accionistas son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) —que tiene un 60% de las acciones— y AUSTIN POWDER CO. —una empresa estadounidense que tiene el otro 40%.

Freddy Caisa, Secretario general del CETTE, dice que crearon el Comité porque querían formar una fuerza que les permitiera ser reconocidas y reconocidos, escuchadas y escuchados por los altos funcionarios de la empresa. En Ecuador, según el Código Orgánico del Trabajo, todas y todos los empleados  y los empleadores, “sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa”, tienen derecho a formar asociaciones o sindicatos, y de afiliarse a ellos. Históricamente, los sindicatos han permitido que las y los trabajadores se manifiesten frente a los grandes empresarios y establezcan cláusulas para tener un trabajo digno.

También puedes leer: Cuando nuestra lógica falla: por qué la educación puede ser más inclusiva sin escuelas especiales

Tras conformar el Comité que está presidido por ocho dirigentes, los trabajadores de Explocen solicitaron también un contrato colectivo, un convenio legal entre un empleador y un sindicato —que representa a un grupo de trabajadoras y trabajadores— con el objetivo de negociar mejores condiciones laborales.  Un contrato colectivo es un derecho establecido en 1949 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y está amparado en el artículo 326 de la Constitución del Ecuador. Según Caisa, de estatura mediana, tez morena, y ojos oscuros, querían acceder a esta clase de contrato porque con él podrían asegurar que no los despidieran, les daría la libertad de organizar eventos como un campeonato de fútbol, y también “simplemente porque es nuestro derecho”.

2015

El CETTE se reunió varias veces con el entonces Gerente General de Explocen, Diego Serrano, y logró negociar un contrato colectivo. Pero el júbilo por el acuerdo no fue por mucho tiempo.

En agosto, el Comité presentó el borrador del contrato colectivo al Ministerio de Trabajo, como establece la Ley. Tres meses después, en noviembre, el contrato fue ingresado a la Dirección Regional del Trabajo en Quito para que el trámite continúe en el Ministerio de Trabajo.

2016

Mientras esperaban una respuesta del Ministerio, Diego Serrano fue despedido de su cargo de gerente en Explocen. No se conocen las razones de su salida, pero las trabajadoras y los trabajadores afirman que fue para no aceptar el contrato colectivo porque Serrano sí estaba a favor de él. Hicimos un pedido de información a Explocen para que aclare este acontecimiento pero hasta el cierre de este reportaje, no respondieron.

Tras la salida de Serrano, en mayo de ese año, la empresa nombró a Wilson Goyes como nuevo gerente general. En un oficio del 7 de octubre dirigido a la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público en Quito, Goyes decidió “respetar en todos sus términos el contrato colectivo negociado con la anterior administración”. Con esa decisión, el trámite debía avanzar al Ministerio de Finanzas para la certificación del presupuesto económico del contrato. Pero no lo hizo. Ni los trabajadores, ni sus abogadas y abogados saben por qué.

2018

En febrero, tras dos años sin respuestas por parte del Ministerio de Trabajo, el CETTE decidió presentar un pliego de peticiones —un documento en el que, según el Código del Trabajo, se presenta un pedido para resolver un conflicto entre el empleador y sus trabajadores. El conflicto debía ser resuelto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje liderado por un Inspector del Trabajo, y conformado por dos vocales del empleador y dos vocales de las y los trabajadores. Sin embargo, nunca se pudo resolver, según la abogada laboral Solimar Herrera porque en varias ocasiones, las partes impugnaron para que se cambiara al inspector y a los vocales que conformarían el Tribunal, y no hubo quién resuelva el conflicto.

Trabajadores de Explocen. / Foto: Doménica Montaño

En diciembre, hubo, otra vez, un nuevo gerente general: Byron Vizcaíno. Según la abogada de los trabajadores, Angélica Porras, Vizcaíno desconoció los acuerdos del contrato colectivo, tal como temían  los trabajadores años antes cuando Serrano salió de la gerencia.

2019

En febrero, ante posibles rumores de una declaratoria de huelga, según un documento del entonces Ministerio de Interior, el Gerente general de Explocen, Byron Vizcaíno, envió un oficio pidiendo que no se acepte la supuesta huelga porque podía paralizar “los servicios” y provocar el “quiebre de la empresa que le pertenece casi en su totalidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas”. El oficio firmado por Vizcaíno, según un documento oficial del Ministerio del Interior, habría sido enviado al Ministerio de Trabajo, a la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público, al ISSFA, al Secretario Particular de la Presidencia, y al Ministerio del Interior.

En base a ese oficio, el Jefe del Departamento de Gestión Operativa de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, Paulo Espinosa, ordenó que se realice “el levantamiento de información sobre la solicitud” de Vizcaíno. Este consistía en tomar versiones a los huelguistas, inspeccionar la fábrica, y hablar con la directiva de Explocen. La orden era de “estricto cumplimiento” y se hizo, según un informe de la Unidad de Inteligencia, Contrainteligencia, y Coordinación Transnacional de la Policía, entre el 18 y 19 de febrero del 2019. Según el entonces Ministerio del Interior, el levantamiento de información culminó allí. Sin embargo, las trabajadoras y los trabajadores aseguran que fueron perseguidos y acosados por personal del servicio de inteligencia policial, por lo menos hasta marzo.

Después de esa persecución que denunciaban, durante lo que restaba del 2019, el Comité de trabajadores de Explocen siguió insistiendo en el contrato colectivo. Pero ni el Ministerio de Trabajo ni los altos funcionarios de la empresa respondieron a sus peticiones.

2020

En enero, en un intento por facilitar un convenio con los directivos de Explocen, el Comité de trabajadores decidió renunciar a la parte del contrato colectivo en el que pedían un alza de sueldo de diez dólares. “No era mucho lo que pedíamos, pero igual lo desechamos para que haya apertura de llegar a una negociación”, dice Caisa. Sin embargo, ni siquiera renunciando a eso, se llegó a un acuerdo.

En mayo del mismo año, con el argumento de que  la pandemia de COVID-19 era un evento de “fuerza mayor”, Explocen despidió a cinco trabajadores. El Código del Trabajo dice que cuando se presenten eventos que “imposibiliten el trabajo”, las y los empleadores pueden terminar el contrato laboral y no están obligados a dar indemnizaciones. Por la pandemia de COVID-19, miles de personas fueron despedidas bajo esa causal sin recibir indemnizaciones por sus años de trabajo. Cuando Explocen despidió a los trabajadores, estaba aún en el Ministerio de Trabajo un trámite de peticiones de los empleados que no había tenido respuesta y que, según la ley, hasta que no la tenga, están prohibidos los despidos. De los cinco, 4 tenían más de 25 años trabajando en Explocen.

El rechazo de llegar a un acuerdo y el despido de los cinco compañeros, causó que el 30 de mayo, el Comité de Trabajadores y Trabajadoras de Explocen declarara  una  huelga que fue notificada  al Ministerio de Trabajo. Según el Código del Trabajo, una huelga es la suspensión colectiva de las actividades laborales, y  es un derecho respaldado tanto por esta ley como por la Constitución para los sindicatos y sus trabajadores.

El 19 de junio, el Comité notificó la huelga a la directiva de la empresa e inició los trámites para establecerla, conforme al Código del Trabajo. Después de notificar la declaratoria al empleador, la misma ley dice que se debe esperar al menos 20 días para empezar la huelga. En estos 20 días, se debe acordar entre empleado y empleador los servicios mínimos —que son acuerdos de, como su nombre lo dice, los servicios mínimos que los trabajadores deben mantener en la empresa durante la huelga. Por ejemplo, cuántos trabajadores deben seguir con sus actividades y no estar en huelga, o  qué áreas no deberían dejar de trabajar a pesar de la huelga.

Cuando los trabajadores y el empleador no llegan a un acuerdo sobre estos servicios, el Ministerio de Trabajo, a través de la dirección regional, debe  hacerlo. Según la ley, esto se debe hacer dentro de 48 horas después de declarada la huelga. En este caso, este acuerdo se fijó  576 horas (24 días) después. No se sabe por qué la dirección tardó tanto tiempo en definir los servicios mínimos.

El 13 de julio, la Dirección Regional del Trabajo de Quito, finalmente estableció los servicios mínimos necesarios para empezar la huelga. Estableció que las actividades mínimas sean presenciales y ejecutadas por el 75% del personal. Pero no indicó qué trabajadoras y trabajadores y qué áreas debían funcionar.

Ya con la declaración de los servicios mínimos, las y los trabajadores de Explocen iniciaron la huelga en las afueras de la empresa, bajo el frío del Cotopaxi. No pudieron entrar y tomarse las instalaciones, como dice la ley, porque la entrada estaba bloqueada por militares de las Fuerzas Armadas. Según un expediente del Ministerio de Defensa, un día antes, se ordenó militarizar la fábrica ubicada en Latacunga. Ocho meses después, el 5 de marzo de 2021, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se refirió a ese momento y dijo que la presencia de militares en Explocen no era una militarización, sino “tareas” de protección a bodegas con material explosivo.

Explocen decidió reintegrar a la nómina a los cinco  trabajadores que fueron despedidos a finales de mayo. En las cartas enviadas a los trabajadores no se explican los motivos, solo se notifica que han sido reintegrados y que deben volver a sus actividades laborales.

Afueras de la fábrica de Explocen / Foto: Doménica Montaño

El 18 de julio, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores alertaron sobre un intento de desalojo por parte de personal de las Fuerzas Armadas y la Policía. Según Freddy Caisa, un grupo de militares llegó a la fábrica con camiones para “intimidarlos” y obligarlos a abandonar la huelga. Las trabajadoras y los trabajadores cuentan que los oficiales les dijeron que estaban incumpliendo con el toque de queda que había establecido el gobierno por la pandemia y querían sancionarlos. Pero las y los trabajadores no se retiraron, y los militares y policías se fueron del lugar.

Dos días después, el 20 de julio, un Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo declaró nulas las  peticiones presentadas en 2016 y resolvió que la declaratoria de huelga no era válida, lo que obligaba a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo de manera “inmediata”. Pero no lo hicieron.

El 22 de julio, las abogadas y los abogados de los trabajadores pidieron al tribunal que negó las peticiones y dejó sin efecto la huelga para que aclarase  la sentencia. Con este recurso, la huelga podía seguir desarrollándose con normalidad porque la sentencia aún no estaba ejecutoriada. El recurso fue negado seis días después por el mismo tribunal porque la petición estaba “fuera del ámbito” de su competencia y por lo tanto era improcedente.

Ocho días después, el 30 de julio, la defensa presentó un recurso de apelación contra la nulidad de la huelga, que también fue negado. Un día después,  alrededor de la medianoche, un grupo de policías intentó desalojar por segunda vez a las y los trabajadores que estaban en huelga. No les dijeron si intentaron desalojarlos para cumplir con la resolución del tribunal o si era por alguna otra razón. Según Caisa, los policías golpearon a los trabajadores para que se fueran, pero no lograron  desalojarlos.

En agosto, el ISSFA emitió un boletín en el que recalca que las trabajadoras y los trabajadores de Explocen deben volver a sus puestos de trabajo porque el tribunal ya anuló la huelga. Sin embargo, las y los abogados de los trabajadores volvieron a impugnar esa decisión del tribunal con un recurso de revocatoria para que se anule. Porras explica que este recurso no fue resuelto por el tribunal, por lo que el proceso aún no estaba ejecutoriado y la huelga podía seguir. Este recurso es como cuando en un proceso judicial se pide un recurso de apelación o de casación. Cuando esto ocurre, el proceso sigue abierto legalmente y la sentencia inicial no se tiene que cumplir aún.

En noviembre de 2020, más de la mitad de los 52 trabajadores en huelga se contagiaron de COVID-19. Los contagiados se aislaron en sus casas y tras recuperarse, volvieron a la huelga. Las empleadas y los empleados  no saben quién pudo traer el virus porque solo ellos se quedaban en la fábrica. Sin embargo, uno de los rumores es que uno de los militares que “cuidaba” la fábrica estaba contagiado y “dejó el virus” en el lugar. Según los huelguistas, un día una ambulancia llegó y el conductor les dijo que venían por un militar que estaba con fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo —síntomas del virus. Nunca se confirmó si en realidad fue un caso positivo de COVID-19 y si los trabajadores en huelga debían tomar alguna medida de seguridad.

El 25 de diciembre fue Navidad para la mayoría de los ecuatorianos pero pesadilla para los huelguistas. En la mañana, cientos de policías intentaron desalojar a los trabajadores y entrar a la fuerza a la fábrica con el gerente Byron Vizcaíno y otros empleados administrativos que no participaron en la huelga.

Algunos videos que circularon  en redes sociales mostraban el uso de gas lacrimógeno y algunas y algunos trabajadores heridos. Una mañana de marzo, Norma Escobar, una de las trabajadoras de Explocen que tiene más de 32 años en la empresa, me cuenta dentro de la carpa donde están instalados los trabajadores que “fue una cosa difícil de imaginar”. Según Norma, de cabello oscuro ondulado, profundos ojos marrones y finas líneas bajo sus ojos símbolos de experiencia y sabiduría, había unos 15 camiones con, por lo menos, 300 policías. “A un compañero le llevaron preso y le pegaron, ¡cómo le pegaron!”, dice con la voz quebrada como si recordara ese día con el más mínimo detalle.

cuatro de los 52 huelguistas de Explocen eran mujeres. / Foto: Doménica Montaño

“Nos trataron como si fuéramos terroristas”, dice Freddy Caisa sentado en una silla plástica afuera de la carpa donde sus compañeras y compañeros se guardan del frío. Pero a pesar de eso, no abandonaron el lugar  y la huelga continuó. La abogada Andrea Vera, quien ha estado apoyando a las trabajadoras y los trabajadores, dice que Willian Guanoluisa, el trabajador al que la Policía se llevó preso, estuvo detenido durante varios días hasta que lo sacaron con una acción de protección —un recurso constitucional que permite la reparación de derechos vulnerados.

Un comunicado oficial de la Policía Nacional dice que un grupo de personas “protagonizó incidentes de alteración del orden público” —no se especificó cuáles—y que por eso tuvieron  que intervenir. No se pronunciaron sobre el uso excesivo de la fuerza denunciado por los trabajadores y organizaciones sociales.

Según las trabajadoras y los trabajadores, incluso después de “controlar” la situación, varios policías se quedaron fuera de la fábrica hasta el 1 de enero.

2021

El 19 de febrero, los ocho dirigentes del Comité de trabajadores de Explocen recibieron una notificación de la Fiscalía General del Estado que las y los convocó a ir a una audiencia de formulación de cargos el 25 de marzo por el supuesto delito de paralización de servicios públicos.

Según esa notificación, la Fiscalía encontró “elementos de convicción” que involucraría a las y los trabajadores como autoras, autores y coautores del delito. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la paralización de servicios públicos es cuando una persona impide o paraliza “la normal prestación” de esta clase de servicios o cuando toma a la fuerza un edificio o instalación pública. Se sanciona con prisión de uno a tres años.

Explocen es una empresa dedicada a hacer explosivos y esto no es un servicio público, y la huelga era afuera de las instalaciones, no bloqueando una vía o carretera. Los servicios públicos son, por ejemplo: el agua potable, la luz eléctrica, y las telecomunicaciones. La abogada Porras dice que por eso, el caso debería ser desestimado.

El delito de paralización de servicios públicos ha sido antes empleado para reprimir la protesta social. En el gobierno de Rafael Correa, entre agosto de 2014 —cuando entró en vigencia el COIP— hasta abril de 2017 —un mes antes de que acabara la presidencia de Rafael Correa— 198 personas fueron acusadas de paralización de servicios públicos.

El 15 de marzo, empezó un proceso de mediación con la Defensoría del Pueblo para llegar a acuerdos entre las trabajadoras y los trabajadores y los directivos de Explocen. Ocho días después, se firmó un acuerdo que puso fin a la huelga tras 253 días. La abogada Porras dijo que se trataba de un acuerdo de estabilidad laboral de 2 años para los trabajadores. Si la empresa llega a despedir a alguno de ellos en este periodo, tendrá que pagar una multa —no se ha revelado de cuánto.

La semana pasada, el 25 de marzo, debía instalarse la audiencia de formulación de cargos contra los ocho dirigentes del Comité pero fue diferida a petición de la Fiscalía. Según Richard González, otro de los abogados de las y los trabajadores, la Fiscalía argumentó que debido a que las partes habían llegado a un acuerdo, tenían nuevas pruebas que analizar. La abogada Porras cree que el caso va a ser desestimado porque no hay pruebas de que hubo un delito. Además, asegura que la apertura de una investigación y la amenaza de la formulación de cargos fue solo una forma de intimidar a sus clientes y presionarlos para que abandonaran la huelga.

No se definió una nueva fecha para reanudar la audiencia.

§

Aunque las trabajadoras y los trabajadores de Explocen no lograron  el contrato que buscaban, el acuerdo de estabilidad laboral que consiguieron es un ejemplo de resistencia. Más de 50 trabajadoras y trabajadores ejercieron su derecho a la huelga por cerca de un año. Algunos, como Norma, tuvieron problemas con sus hijos, ya mayores de edad, que no la apoyaron con su decisión de permanecer en la huelga y estar con sus compañeros. No le dejaron de hablar, pero sí le reprochaban su necedad por seguir en la huelga. Otros, como Freddy Caisa, quien es oriundo de Quito, no vio a su esposa y a sus tres hijos durante al menos 3 meses por estar en la huelga.  Y otros, como Galo Guamushig, perdieron familiares por el COVID-19 y no pudieron despedirlos.

A pesar de eso, pocos se echaron para atrás: de los 59 que comenzaron en la huelga, solo siete la abandonaron. Dicen las compañeras y  los compañeros que fue por las presiones y chantajes de los “rompehuelgas” de la empresa. 52, estuvieron hasta el final.

Durante esos días, hicieron turnos en las noches para dormir, guardias alrededor de las instalaciones, cocinaron en una pequeña cocineta eléctrica, aguantaron el frío de los Andes, esperaron con ansias las donaciones de alimentos que siempre llegaban de organizaciones sociales y de trabajadoras y trabajadores para tener algo que comer, e incluso soportaron la violencia de los policías y militares. Ahora que la huelga llegó a su fin, abrazado por el imponente volcán Cotopaxi, Caisa recalca que la victoria no es solo de Explocen, sino también “de todos los trabajadores del Ecuador”.

***

Esta historia fue publicada originalmente por GK. Republicada con permiso, como parte de la Primera Edición de la Red de Periodismo Humano.

*Foto de portada: Doménica Montaño