Ernesto Aroche | Aranzazú Ayala

El gobernador del estado Miguel Barbosa ignoró la respuesta violenta, con empujones y uso de gas pimienta, de la Fiscalía General del Estado (FGE) a familiares de Zyanza Figueroa, la médica que murió hace tres años y cuyo caso fue catalogado como suicidio; y respaldó a la FGE.

Cuestionado al respecto durante su rueda de prensa, el mandatario sugirió de manera ambigua que la fiscalía ya investiga el caso como feminicidio, justo como pidió la familia, pero la agresión de que fueron objetos, junto con reporteros y reporteras que cubrían la nota, no dijo ni media palabra. Ahí también reconoció que además no tenía información del caso:

“No estoy informado del caso, pero la Fiscalía en Puebla es una profesional. Una Fiscalía que llega a fondo en sus investigaciones, seguramente podrá llevar a cabo diligencias para generar o conocer nuevos datos, en esta ruta de verse la investigación del lado del feminicidio. Yo estoy cierto que en la fiscalía se va a atender a las personas agraviadas, o que se sienten agraviadas  para que se investigue desde una visión de feminicidio”. 

Los familiares llevan varios años exigiendo a la fiscalía que la investigación se realice con perspectiva de género bajo la premisa de feminicidio, pero la petición fue ignorada por años; de hecho la policía ministerial sigue sin completar el levantamiento de pruebas en la casa en que la sucedieron los hechos, a decir de la familia solo han recogido cinco de las más de 80 pruebas existentes.

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El viernes 21 de mayo, luego de manifestarse afuera de la casa de los hechos, los familiares de Zyanza se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía para exigir una reunión con el fiscal, Gilberto Higuera Bernal, y pedirle que el caso se atienda y se levanten las pruebas faltantes, pero fueron recibidos por personal de la dependencia con violencia.

Los hechos provocaron incluso que organizaciones de los derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto Ellacuría de Derechos Humanos de la Ibero Puebla, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU se pronunciaran condenando la situación que se vivió en la entrada principal del edificio que alberga a la FGE.

Aún con todo el eco que provocó el caso de agresión, Barbosa declaró: 

“Hay que tener conciencia de que las autoridades actúan conforme a sus atribuciones, conforme a la ley. Lo único que llamo es que todos quienes se sientan agraviados en el desempeño de una autoridad se dirijan a la autoridad también con respeto. Se dirijan como ciudadanos que buscan encontrar una solución. Esa es la forma de convivir con las autoridades”.

Detienen devolución de la casa

Foto: Olga Valeria Hernández

El sábado 22 de mayo la familia de Zyanya y su equipo jurídico del Observatorio Nacional de Feminicidio (OCNF) informaron que ese mismo día iniciarían las denuncias correspondientes por las agresiones del día viernes. A la par, la FGE de manera interna abrió una queja para investigar lo ocurrido.

En cuanto a la tenencia del inmueble y las diligencias correspondientes, se acordó que la casa donde fue asesinada Zyanya se regresará a sus dueños pero que se mantendrá todavía custodiada por las autoridades los próximos 20 días naturales.

Esto, para que se puedan realizar los peritajes independientes faltantes, así como la reconstrucción de hechos que ha pedido la familia.

Las abogadas comentaron también que la CNDH atraerá el caso, además de recordar que la propia ONU ya se pronunció al respecto.

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También insistieron en que necesitan garantías de no repetición, no sólo para la familia de Zyanya sino para todas las personas que lleguen a denunciar a la FGE.

Dijeron también que quieren que se castigue no sólo a los autores materiales, sino a quien les haya dado la orden. Hasta el sábado habían identificado a varios de los servidores públicos que participaron en las agresiones: 2 que usaron macanas y uno que quería usar un agente electrocutante.

*Foto: Olga Valeria Hernández