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Lilia Alejandra: la impunidad frente al frágil discurso oficial
A pesar de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció la resolución de un feminicida serial con “prueba científica”, un juez negó una orden de aprehensión, la CEAV cuestiona la investigación y no hay sentencia ni certeza para la familia de la víctima de un caso que avanza en la CIDH porque el Estado tiene 20 años sin resolverlo
Por La Verdad de Juárez @
21 de febrero, 2021
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Marco Antonio López y Abraham Rubio*

Ciudad Juárez, Chihuahua– Norma Andrade, quien frente al féretro de su hija juró que no iba a descansar hasta encontrar justicia, ahora duda. El tiempo la ha orillado a creer que morirá sin cumplir esa promesa, y cuando cae en cuenta y lo dice, llora.

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Han pasado 20 años y ese duelo que se abrió el 14 de febrero de 2001 está lejos de cerrarse para ella y Jade y Caleb, quienes quedaron huérfanos desde ese momento.

El caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, permanece impune debido a las deficiencias en la investigación y el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, que tras una investigación de tres meses en 2018 detuvo al presunto asesino serial, Manuel N., y dio por “resuelto” un caso que llevaba más de tres lustros sin respuestas.

El gobernador Javier Corral y la Fiscalía han presionado a la defensa de Norma y a ella para que acepten al detenido como el responsable, pero no lo admiten ante las inconsistencias en la investigación por el feminicidio de Lilia Alejandra y la arbitrariedad con que las autoridades descartaron la línea de investigación más importante desde 2010: tres muestras genéticas.

Norma dice que estas acciones implicarían más violaciones por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaría al Estado, pero eso no le importa en realidad: “Lo que me interesa es que detengan al que mató a mi hija y a los que lo ayudaron.”

La promesa de justicia

Lilia Alejandra tenía 17 años cuando desapareció el 14 de febrero del año 2001 tras salir de su trabajo de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A. de C.V. Pidió prestado dinero para tomar el transporte público y partió al atardecer por un lote baldío cercano a la zona.

Horas después, cuando sus familiares se percataron de su ausencia, comenzaron a buscarla con sus amigos y conocidos para conocer su ubicación. No pudieron localizarla y acudieron a la Agencia del Ministerio Público. El primer encuentro desagradable de Norma Andrade con la autoridad fue ese día cuando le dijeron que debía esperar 72 horas para reportarla desaparecida porque “seguro estaba con el novio”.

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Una semana después, su cuerpo sin vida, torturado y abusado sexualmente fue abandonado enredado en una cobija en un terreno baldío entre dos de las avenidas más importantes de la ciudad, la Tecnológico y la Ejército Nacional.

Norma Andrade sepultó a su hija con la promesa de que no descansaría hasta encontrar justicia.

Pasaron nueve años para que la carpeta pudiera tener una línea de investigación sólida, que se dio por la presión de la defensa de Norma, Grupo de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos, y por ella misma. Se identificaron tres muestras genéticas: el raspado de las uñas restos orgánicos (perteneciente a un varón o “dudoso”), una mancha de sangre O+ en el cobertor en que fue envuelta la víctima (muestra C1666-1/07) y semen que se extrajo del cuerpo de la víctima (muestra 1298/06).

La última muestra, la 1298/06, coincidió en el haplotiplo “Y” con el ADN de un agente ministerial de nombre Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado el 19 de febrero de 2010 e ingresado a la base de datos de la FGE meses antes de que la defensa pidiera el cotejo de la muestra en la base de datos.

Lilia Alejandra: la impunidad frente al frágil discurso oficial

Foto: Abraham Rubio

Los resultados del Informe Pericial en Materia Forense, que entregó y firmó la perito Karely Liliana Islas González el 8 de junio de 2010, mostraron que el agresor de Lilia Alejandra es un familiar perteneciente al linaje paterno de Castañeda Ogaz y, de acuerdo con el Ministerio Público, la muestra coincide y vincula al agresor de Lilia Alejandra con otros tres feminicidios: Sonia Ivette Sánchez Ramírez, Rosa Isela Tena Quintanilla y Coral Arrieta Medina.

Sin embargo, el avance en la investigación no facilitó las cosas para encontrar justicia: las complicaron. Norma sufrió dos intentos de asesinato en un lapso de 60 días (el primero en Ciudad Juárez el 2 de diciembre de 2011 y el segundo en Ciudad de México el 3 de febrero de 2012), además han entrado a su casa a vandalizarla, robado las computadoras de la organización en la que trabaja y ha recibido amenazas. Desde 2011, Norma, Caleb y Jade, viven desplazados, lejos de la ciudad donde nacieron.

En el caso de Lilia Alejandra el acceso a la justicia no ha llegado, pero en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso debido a la existencia de “un retardo injustificado por parte de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados”. En 2018, durante la comparecencia del “Caso 12.853 – Lilia García Andrade, México”, el Estado mexicano aceptó su “responsabilidad internacional” por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra.

El Gobierno Federal ofreció un acuerdo amistoso que la defensa negó. Pero fue la participación del representante de la FGE de Chihuahua la que cambió todo a partir de ese momento: Sergio Castro Guevara se presentó como el nuevo ministerio público encargado de la carpeta y el mismo día de la comparecencia les informó de una nueva línea de investigación.

Un detenido, una “prueba científica”

Lilia Alejandra: la impunidad frente al frágil discurso oficial

Foto: Abraham Rubio

El ministerio público Sergio Castro Guevara tomó la carpeta de investigación entre febrero y marzo de 2018 y, luego de entre dos y tres meses con el caso, determinó con una investigación basada en estadística genética que el principal sospechoso desde 2010, un familiar directo del linaje paterno del agente Castañeda Ogaz, no podía ser, porque ya se había cotejado el ADN encontrado en el rastro de semen con gran parte de la familia paterna del agente.

Incluso, refirió el agente del Ministerio Público en una entrevista, se exhumó a un familiar de la línea paterna y no coincidió con el ADN, por lo que luego de que se compulsaran las muestras de varios familiares con la del semen, se concluyó que lo que en un principio dijeron los peritos no era posible.

Entonces, dijo Castro Guevara, se inició una investigación desde el principio. En algún punto de la investigación Castro Guevara pidió comparar el ADN de otra víctima de feminicidio, Leticia García Leal –que fue asesinada en 2011 y cuyos restos óseos fueron encontrados dos años después–, con el de la muestra de semen 1298/06. Y, de acuerdo con el agente, se determinó que el semen que se encontró en el cuerpo de Lilia Alejandra pertenece por “estadística genética” a quien fuera padre biológico de Leticia García Leal: Manuel N.

Para llegar a dicha conclusión se tomaron muestras genéticas de la madre e hija de Leticia, pero no se tomó muestra a Manuel N para confirmar.

Manuel N. fue detenido en la ciudad de Chihuahua el 19 de mayo de 2018, a tres meses de que Castro Guevara tomara la investigación, y 12 días después de que se llevara a cabo la audiencia en República Dominicana de la CIDH.

Manuel N. está detenido y en proceso, aún sin sentencia a casi tres años de su detención, por su presunta responsabilidad en el homicidio y violación de Rosa Isela Tena Quintanilla y por el de Sonia Ivett Sánchez Ramírez.

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*Una historia que La Verdad publica con autorización de los autores

 

**Foto de portada: Norma Andrade con la foto de su hija Lilia Alejandra, asesinada en Ciudad Juárez, en 2001. / Foto: Abraham Rubio

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Autor Lado B
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