Estado de México: prisión por provocar la muerte del producto
El 98 por ciento de las denuncias por aborto, o relacionadas con este delito, afectan a mujeres que habitan en las zonas rurales del estado y solo el dos por ciento corresponden a la zona metropolitana, según los registros de la Red Ddeser en la entidad
Por Cimac Noticias @
19 de noviembre, 2020
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  • Más de una cuarta parte de quienes acceden a la ILE en la CDMX son mexiquenses
Scarlett Lindero Cortés

Aurora* llegó al Hospital Materno Infantil Leonora Vicario Bicentenario, en San Buenaventura (Ixtapaluca), con dolor abdominal y sangrado por las complicaciones que sufrió tras tomar unas pastillas de misoprostol. Entró al área de urgencias, donde tras realizarle una limpieza vaginal, el ginecólogo notó que su estado coincidía con el consumo de este medicamento abortivo, e inmediatamente dio aviso a la policía para que la detuvieran.

Después de abortar el producto de 15 semanas de gestación, Aurora fue llevada al Ministerio Público (MP) en Chalco. El Código Penal del Edomex, que define el aborto como provocar “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino”, castiga con penas de uno a tres años de prisión a la mujer que interrumpa su embarazo o consienta en que alguien más lo haga. Y “si lo hiciere para ocultar su deshonra”, la condena será de seis meses a dos años de prisión.

El personal médico o equipo de parto que realice un aborto enfrenta penas de hasta ocho años de prisión y una inhabilitación de tres a seis años. En caso de reincidencia, la suspensión será de 20 años.

El caso de Aurora fue llevado por el Juzgado de Control Penal y Juicios Orales del Distrito Judicial del Chalco, que el 1 de agosto de 2012 le impuso una condena de ocho meses de prisión por el delito de “aborto en agravio del producto de la concepción”, según la sentencia del Poder Judicial del Estado de México con número de expediente 296/2012.

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Las mujeres que llegan a los servicios de salud por complicaciones obstétricas, a veces son “castigadas” por el personal médico, que las denuncia sin brindarles antes la atención que requieren y sin respetar la presunción de inocencia, como documentó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su estudio “Maternidad o castigo” (2018).

Actualmente, 101 mujeres mexiquenses enfrentan procesos penales por aborto, informó Esperanza Arias Velázquez, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Edomex. De este número, 60 son denuncias informales, la mayoría levantadas por el personal médico; 35 son casos amparados, en los que no se probó el delito, y seis son denuncias por homicidio en razón del parentesco.

De enero de 2015 al 31 de agosto de 2020 se han iniciado 572 carpetas de investigación por aborto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y desde 2010 hasta noviembre de 2019 se han emitido tres sentencias condenatorias por este delito en el estado, de acuerdo con información del Poder Judicial del Edomex, obtenida vía transparencia.

El Poder Judicial y la Físcalía General de Justicia del Estado de México se han negado a responder, en solicitudes vía transparencia, cuántas mujeres están presas por delitos relacionados con el aborto, y no existe información pública de cuántas enfrentan procesos judiciales por homicidio en razón del parentesco.

Viajar a la capital del país, una opción

Prisión

Foto: Leslie Pérez Maldonado | CIMAC Noticias

Para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), las mexiquenses deben viajar a la Ciudad de México, ubicada a menos de dos horas de distancia. Desde 2007 hasta julio de 2020, según cifras de la Secretaría de Salud capitalina, 61 mil 18 mujeres procedentes del Edomex se realizaron un aborto en sus clínicas, lo que representa casi el 27 por ciento del total de las intervenciones.

Si bien acudir a la CDMX es una opción para las mujeres del Edomex, no siempre disponen de información o pueden recurrir a la ILE por el costo de los traslados, mientras que para habitantes de municipios como Amatepec o Tlataya se complica por encontrarse muy distantes y enfrentar mayores rezagos económicos, consideró en entrevista Fernanda Díaz de León Ballesteros, coordinadora de políticas y abogacía en Ipas México.

El 98 por ciento de las denuncias por aborto, o relacionadas con este delito, afectan a mujeres que habitan en las zonas rurales del estado y solo el dos por ciento corresponden a la zona metropolitana, según los registros de la Red Ddeser en la entidad.

El aborto no es punible en el Edomex por cuatro causales: si es consecuencia de una acción culposa o imprudente de la embarazada, si la mujer encinta corre peligro de muerte, si el embarazo es resultado de una violación, y si el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan provocarle trastornos físicos o mentales graves.

Pero la causal de salud no es una opción para las mexiquenses, quienes solo pueden apelar a este derecho cuando están a punto de morir, aseguró Díaz de León Ballesteros.

El acceso a las excepciones establecidas en el Código Penal no es sencillo, pues las mujeres se enfrentan con procesos burocráticos, explicó Sofía Garduño Huerta, cocoordinadora operativa del Fondo MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento). Por ejemplo, precisó, en la causal de riesgo de vida se requiere, en muchas ocasiones, que haya un acuerdo por parte de dos médicos y eso toma tiempo; mientras que en la causal de alteraciones genéticas, a veces se solicita que el aborto sea aprobado por un comité de ética, y no todos los hospitales cuentan con este órgano.

De 2012 a 2018, hubo 73 mil 474 egresos hospitalarios por aborto en las clínicas del Edomex; más del 50 por ciento fueron clasificados como “abortos no específicados”, otros son por hemorragias, espontáneos o por hipertensión materna, informó, vía transparencia, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, establece que las mujeres que han sufrido una violación tienen derecho a interrumpir su embarazo, y los servicios públicos de salud deberán contar con personal médico capacitado para la intervención. Desde 2016, las solicitantes mayores de 12 años pueden acceder a la ILE sin levantar una denuncia ante el MP.

Pero en la mayoría de los casos, el personal médico desconoce la NOM-046, y no aplica la norma por ignorancia, poniendo trabas a las mujeres víctimas de violación que llegan a las clínicas con el propósito de abortar, señaló Jessica Pérez Téllez, de la Red Ddeser.

En 2019 se realizaron 27 interrupciones voluntarias del embarazo bajo la NOM-046 en el estado, de acuerdo con datos proporcionados vía transparencia por el ISEM.

A nivel nacional, de enero a agosto de 2020, el Edomex ocupó el primer lugar en el número de carpetas de investigación abiertas por el delito de violación, con mil 159. El segundo lugar fue para la Ciudad de México, con 981, y el tercero para Nuevo León, con 753, de un total nacional de 10 mil 702 averiguaciones previas, según cifras del SESNSP.

Marías Aborteras

Renata* supo que estaba embarazada a los 16 años. Vivía en Chalco y estudiaba la preparatoria. Nunca imaginó que sus problemas de digestión eran en realidad síntomas de que estaba encinta.

Después de que la prueba de embarazo resultó positiva, decidió que no estaba lista para ser madre y consiguió 900 pesos para comprarse unas píldoras abortivas que le recomendó una amiga. Se las tomó sola en su casa, pero comenzó a sentir un dolor abdominal intenso y mareos, por lo que fue a una clínica cercana.

Al llegar, fue conducida por el personal médico a la sala de maternidad, donde permaneció más de dos horas sin recibir atención. Además del dolor, Renata tenía cólicos y sangrados. Cuando expulsó el producto, obligaron a su familia a pagar 4 mil 500 pesos por el servicio funerario.

En el Edomex, con una población de más de 16 millones de habitantes, existen redes de acompañamiento para que las mujeres que deciden abortar lo hagan seguras e informadas.

Marías Aborteras es una colectiva que cuatro mexiquenses crearon en 2018 para dar asesoría a vecinas, amigas y habitantes de la entidad. A través de su Facebook reciben decenas de mensajes de mujeres que quieren abortar y carecen de recursos o no disponen de la información para hacerlo.

Su labor se basa en el Manual de práctica clínica para un aborto seguro, de la Organización Mundial de la Salud; el grupo también brinda acompañamiento emocional durante el proceso.

“El acompañamiento es antes, durante y después del aborto. Insistimos en que no lleven solas este proceso porque, aunque pueden encontrar el protocolo sin problemas en internet, necesitan a alguien que esté ahí para asesorarlas y brindarles opciones de qué hacer en caso de que se complique o tengan que acudir a una clínica”, indicó una de las integrantes de Marías Aborteras en entrevista.

“Son ellas quienes nos motivan a seguir acompañándolas porque pasar por un aborto solas es complicado, difícil, y saben que al final encuentran el apoyo en más mujeres que vivieron lo mismo, saben lo que sienten, ese miedo, ese dolor y el estigma social que cae sobre ti si decides hacerlo”, agregó otra de las integrantes.

Para las especialistas de Ipas México y de la Red Ddeser estas colectivas asumen lo que es una tarea del Estado: informar y orientar a las mujeres para realizarse un aborto seguro.

Iniciativas en la congeladora

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Foto: Leslie Pérez Maldonado | CIMAC Noticias

El año pasado se presentaron dos iniciativas para lograr la despenalización del aborto en la entidad: una fue propuesta por el Partido de la Revolución Democrática el 12 de marzo de 2019, y la otra por Morena, el 19 de julio. Ambas proponen que, una vez que la mujer tome la decisión de interrumpir su embarazo, la institución de salud realice la intervención en un plazo no mayor de cinco días.

La propuesta del PRD, presentada por las diputadas Araceli Casasola Salazar y Claudia González Cerón, y el diputado Omar Ortega Álvarez, contempla reformar la fracción XIX del artículo 2.16 del Código Administrativo del Estado de México, para que se contemple la ILE en los servicios de salud que presta la entidad.

“Para ello, dichas instituciones de salud deberán proporcionar servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de otras opciones con que cuentan las mujeres además de la interrupción legal del embarazo, tales como la adopción o los programas sociales de apoyo, así como las posibles consecuencias en su salud”, se lee en la iniciativa.

Sin embargo, esta propuesta “lamentablemente nunca llegó a comisiones”, dijo Selene Alonso Hernández, coordinadora de los y las asesoras del PRD.

“Hemos solicitado a las distintas comisiones que haya una discusión urgente, pues es prioridad garantizar el acceso a la salud de todas las mujeres que estén llevando este proceso en la entidad”.

La iniciativa de Morena, presentada por las diputadas Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez, plantea reformar los artículos 248, 249, 250 y 251 del Código Penal estatal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Además, contempla que las mujeres que accedan al aborto legal en el Edomex reciban atención integral con perspectiva de género, para lo cual la autoridad que tenga conocimiento del hecho las canalizará a las unidades del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

Morena tiene mayoría simple en el Congreso, lo que podría permitir empujar esta reforma, consideró Francisco Cué Martínez, responsable de vinculación legislativa del GIRE; sin embargo, la propuesta está congelada, pues no ha sido discutida en comisiones ni se han organizado foros o parlamentos abiertos para empezar a debatirla, agregó.

En las elecciones de 2021, en el Edomex se renovarán 75 diputados locales, 125 presidencias municipales y mil 856 regidurías. Es común, alertó Cué Martínez, que cuando una entidad está en un proceso electoral, el aborto sea un tema que,  “lamentablemente”, se evite tocar.

Sin embargo, en esta contienda, advirtió Garduño Huerta, “los y las legisladoras no se dan cuenta de que hay una gran cantidad de votantes que son parte de la Marea Verde y que puede haber un costo político por votar en contra del aborto”.

*El nombre de las mujeres es ficticio para resguardar su identidad. 

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Este reportaje forma parte del especial Castigar la libertad: la criminalización del aborto en México, de CIMAC Noticias

 

*Foto de portada: Leslie Pérez Maldonado| CIMAC Noticias 

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