María Ruiz

Raquel Hernández May tiene 27 años, una hija y desde hace cinco años busca a su esposo desaparecido José Manuel Cruz. Es una de las representantes del colectivo Madres en búsqueda Coatzacoalcos, en Veracruz, uno de los estados donde se han localizado más fosas clandestinas en el país: 173, de diciembre de 2018 a julio de este año.

Junto con Lenit Enriquez Orozco, Raquel representa al resto de las familias del colectivo, uno de tantos que se han formado en todo el país para buscar a 77 mil 171 personas reportadas como desaparecidas (de 2006 a la fecha).

Desde antes de la pandemia, Raquel tenía que repartir su vida entre el cuidado de su hija y la búsqueda de su esposo.

“Es muy complicado porque te partes en muchos pedazos. Me queda el sentimiento de ¿será que le estoy enseñando bien, dando el tiempo adecuado a mi hija sin descuidar la investigación y búsqueda de mi esposo? Son cosas que se van sumando y llega el momento en el que explotas, lloras. Me ha pasado con la pandemia. La tarea, la investigación, la búsqueda, el colectivo, los problemas, la economía… un montón de cosas”, cuenta.

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Las afectaciones entre las madres de personas desaparecidas son diversas. A Virginia Peña, por ejemplo, lo que más le preocupa es que su hijo Rosendo —desaparecido desde 2015— pueda enfermar de COVID-19 y, en caso de no sobrevivir al virus, su cuerpo sea incinerado.

“Quiero pensar que ande como indigente, que esté en otra ciudad, que haya perdido la mente por los golpes, o porque se lo llevaron. No sé si esté vivo o muerto. Me afecta pensar que como ahorita están incinerando a las personas… me duele mucho pensar que no lo pueda volver a encontrar”.

El impacto económico

Virginia Peña durante una búsqueda en campo. Ella busca a su hijo Rosendo Vázquez Peña, desaparecido por un comando armado el 25 de septiembre del 2015 / Foto: María Ruiz | Pie de Página

La pandemia de COVID-19 no detuvo las búsquedas de personas desaparecidas en México pero sí generó cambios en las vidas de quienes buscan.

La organización civil I(dh)eas realizó un informe basado en la consulta a 674 familiares de personas desaparecidas durante la última semana de mayo. El estudio evidencia la inestabilidad económica y laboral en el que se encuentran, pues sólo una de cada cinco personas encuestadas tenía un empleo formal antes de la emergencia sanitaria.

Y la Jornada Nacional de Sana Distancia —el confinamiento social de todas las actividades «no esenciales» durante 40 días— impactó aún más en la economía de las familias que buscan.

“Muchas familias dependen de sus negocios ya que no todas tienen un trabajo estable porque las salidas a búsquedas y diligencias son muy comunes. No han podido tener un trabajo estable para poder salir y ser dueños de su propio tiempo, eso ha implicado un desgaste económico: ellos se encierran, sus negocios cierran”, dice Lenit Enriquez.

Dentro de las familias consultadas por I(dh)eas “dos de cada cinco declararon trabajar en la economía informal y una de cada cinco no tenía empleo”. El 38.51 por ciento de las familias pasó una mayor dificultad durante la pandemia para comprar alimentos. Además, 72.85 por ciento de esas familias tiene a su cargo niños y niñas.

Raquel cuenta su experiencia:

“Pasé el confinamiento estirando el dinero. Que alcance para buscar, sacar copia de las fichas, pagar pasajes a lugares cercanos, mantener la casa, los estudios de mi hija. Estar encerrada y no tener otra entrada de dinero es bien difícil. Y tener un desaparecido es aún más complicado porque aparte de no poder buscarlo, la falta de una persona, el confinamiento y la tristeza son un conjunto de emociones difíciles de explicar”.

Investigaciones detenidas

El impacto no está solo en lo económico. Las familias que buscan se han visto afectadas de distintas formas por la pandemia, empezando por la atención en fiscalías y ministerios públicos.

“Desde antes de la COVID las investigaciones no avanzaban. Con esta pandemia nos afectó el doble ya que ellos se excusaron diciendo que por falta de tiempo, que por estar en guardia, no han podido avanzar”, denuncia Lenit.

El informe de I(dh)eas evidencia que la mayoría de las víctimas no recibió apoyo desde que empezó la pandemia. Las autoridades municipales son las peor calificadas.

Un mes antes del inicio del confinamiento, Carlos, un niño de 12 años, desapareció en Cosoloacaque, Veracruz. Raquel señala que en casos como el de Carlitos, el COVID-19 complicó su búsqueda:

“Las fiscalías no estaban con sus horarios normales, no podías exigir en la noche porque ya no estaban, no podías exigir la búsqueda rápida porque se estaba reacomodando todo”.

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*Foto de portada:  María Ruiz | Pie de Página