A la cita de su segundo informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador llega con nuevos frentes abiertos y más encono. Como si los efectos catastróficos de la pandemia en términos sanitarios y económicos no fueran suficientes para encarar un escenario adverso, o quizá por ello, el presidente optó por protagonizar una batalla adicional. Al encendido panorama que atraviesa su gobierno, un fuego más.

Inesperadamente, en su conferencia matutina del viernes 28 de agosto realizada en Reynosa, Tamaulipas, el tabasqueño embistió por enésima vez contra organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Esta vez lo hizo con una nueva narrativa, la del financiamiento externo a sus actividades como motivo de descalificación por ser fuente de oposición. Sí, así de suelta y, por tanto, irresponsable la inferencia. La tribuna de la mañanera como trinchera para estigmatizar.

Repitiendo la fórmula de la infodemia esgrimida a principios de junio para atizar a la oposición con la difusión de un documento anónimo que contenía el plan del denominado BOA y asumiendo una posición de víctima que le es muy redituable, López Obrador y su vocero arremetieron sin mayor fundamento contra organizaciones no gubernamentales y empresas informativas que han recibido recursos de fundaciones del extranjero  para, según sus datos, criticar el Tren Maya.

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Escudados con una bandera de transparencia que ha servido no para mostrar sino para distorsionar y desacreditar, el presidente acusó al Consejo Regional Indígena y Popular Xpuji; Diálogo y Movimiento; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; México Evalúa; Animal Político y Fundación para el Debido Proceso de actuar en contra del Tren Maya como resultado del financiamiento recibido por la Fundación Kellogg, la Fundación Ford, el Fondo Nacional por la Democracia, la Fundación Climate Works y la Fundación Rockefeller Brothers.

Pese a que en su exposición el vocero de la Presidencia concluyó indicando que lo presentado “está corroborado por investigación privada como por fuentes públicas” –“esto es financiamiento extranjero para el tema del Tren Maya”, dijo–, la apostilla del titular del Ejecutivo federal es reveladora del dolo cometido. “Eso lo tienen que aclarar (las organizaciones difamadas) para saber”, glosó el presidente, es decir, culpables hasta que demuestren lo contrario.

Como era de esperarse, los implicados no tardaron en responder ante los inquisidores señalamientos. Pero no sólo ellos lo hicieron, sino una amplia red de organizaciones, colectivos y personas –más de 1,500–, que en la ecuación presidencial observamos un ataque a la sociedad civil que le pone en riesgo en un contexto de suyo hostil para la defensa de los derechos humanos, en particular en las zonas donde se acompaña a defensores de la tierra y el territorio.

En una carta dirigida al gobierno federal, el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas alertó que la declaración presidencial “genera un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales, en perjuicio de las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en nuestro país.” Y llamó tanto al gobierno federal como a los gobiernos locales a “cesar discursos y acciones que estigmatizan y criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, “generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas (por megaproyectos)” y “posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica.”

Las seis organizaciones de base atacadas han exigido una disculpa pública del presidente, mientras que este, en su mañanera del mismo día, llevó el asunto al terreno de la transparencia, cuando ese no es ni ha sido el problema. No se equivoca López Obrador en decir que la transparencia es una regla de oro de la democracia, se equivoca al reclamar transparencia cuando lo que quiere es que no haya oposición, así como cuando alienta la democracia participativa de sus simpatizantes pero descalifica la que no le es favorable, siendo que el disenso es otra regla de oro de la democracia.

Mala señal que a su cita para dar cuenta de los dos años de la Cuarta Transformación, el presidente acuda con tanto fango en los zapatos y una interpelación tan grande de ese sector de la sociedad que le ayudó a llegar al Palacio Nacional.

*Foto de portada: Andrés Manuel López Obrador | Facebook