Omisiones, ilegalidades y hostigamiento detrás de la desaparición del Cabildo de Tehuacán
Las acusaciones contra el depuesto presidente municipal Felipe Patjane ahora persiguen también a los integrantes del Cabildo, que crearon una Comisión Especial e impidieron la toma de protesta del suplente del edil. El procedimiento legislativo para desaparecer el Cabildo continúa, con o sin los regidores que no atendieron el primer llamado a las comparecencias en el Congreso local.
Por Lado B @ladobemx
23 de julio, 2020
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Hugo de la Cruz Sánchez | Marcos Nucamendi

Con el antecedente aún fresco del hostigamiento hacia algunos de los regidores que sí se presentaron el 13 de julio a comparecer ante el Congreso del Estado en su sede alterna, este jueves reinician, en el marco del procedimiento de desaparición del Cabildo de Tehuacán, las audiencias para escuchar los alegatos del resto de sus integrantes.

Aunque la atención del caso se ha centrado en la figura del presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, quien actualmente se encuentra preso en el penal de Tepexi de Rodríguez acusado de uso indebido de la función pública y uso ilícito de facultades y atribuciones, esta es tan sólo una de las motivaciones del Poder Legislativo para desaparecer el Cabildo. 

Felipe de Jesús Patjane./ Foto: Cortesía

No sólo por la negativa del Cabildo para que su suplente, Andrés Antonio Caballero López, tomara protesta tras la detención de Patjane el 16 de noviembre de 2019 –lo que requirió de un fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para concretarse, siete meses después–; sino por la presunción de que todos los actos de gobierno de la Comisión Especial Transitoria, creada por acuerdo de Cabildo para ejercer de facto las atribuciones del alcalde, son ilegales en tanto no se atendieron los supuestos contemplados en el Artículo 52 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal. 

Andrés Antonio Caballero López./ Foto: Cortesía

Un procedimiento tardío y las denuncias de hostigamiento

Fue en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, el 6 de julio, que se aprobó finalmente el inicio de procedimiento para la desaparición del Cabildo, en atención a lo antes señalado y en respuesta tardía a una solicitud que les fue presentada desde el 9 de octubre de 2019 por el presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), Juan José Hernández López, quien ingresó dos escritos complementarios el 30 de octubre de 2019 y el 9 de marzo de 2020.

“[En la solicitud del 9 de octubre] se justificaba documentalmente las deficiencias y conflictos internos del ayuntamiento de Tehuacán que afectaban los derechos e intereses de la comunidad, alterando seriamente el orden público y la tranquilidad del municipio, por lo que es reprobable que hasta el día 6 de julio en curso se aprobara el inicio del procedimiento”, expuso el IGAVIM en un comunicado publicado a las pocas horas.

Con la luz verde del Congreso se dio paso a la primera ronda de comparecencias, a las que sólo acudieron cinco de los 12 regidores convocados, además de la síndico municipal, Laura Virginia Gallegos Sánchez, y el abogado de Patjane Martínez, Miguel de la Fuente.

El martes anterior a la fecha programada, se supo durante la audiencia, el secretario particular del presidente municipal en funciones, que tampoco acudió a la cita, convocó a todos los miembros del Cabildo en un hotel de Tehuacán para pedirles que no se presentaran, argumentando que no habían sido notificados. 

A la síndico, quien ya había confirmado su asistencia, incluso le dijeron que fingiera haber salido positiva a la prueba de COVID-19.  

Aún en plena audiencia, confirmó la diputada Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, los asistentes siguieron recibiendo mensajes de hostigamiento, tildándolos de traidores.

“Es muy grave lo que estamos revisando en Tehuacán”

Fruto de esta primera ronda, a puerta cerrada en la sede alterna Mesón de Cristo, como dio a conocer el 14 de julio la diputada García Romero, se confirmaron más de 700 movimientos irregulares al interior del ayuntamiento, entre contrataciones y despido de personal, aprobación de viajes al estado de Texas, en Estados Unidos, con cargo al erario, y más de 33 contratos de obra pública autorizados por la Comisión Especial Transitoria.

“Es algo muy grave lo que estamos revisando en Tehuacán”, dijo durante una rueda de prensa virtual.

Esta Comisión Especial, señaló el área jurídica de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales durante la discusión del dictamen del 6 de julio —que daría inicio al procedimiento en curso—, no sólo fue creada días antes de que el presidente Felipe Patjane fuera puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que pasó por alto la ruta legal para responder a la acefalía que provocaría su detención, interpretando de manera errónea el Artículo 91 Fracción III de la Ley Orgánica Municipal. 

Al suplente de Patjane, explicó el área jurídica, nunca se le debió impedir tomar protesta; y si esta opción resultaba improcedente, aún quedaba recurrir al nombramiento de uno de los regidores, y finalmente, al Congreso del Estado (art. 52 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal). “El origen, el argumento y el fundamento para la creación de la Comisión Especial, así como el reconocimiento de sus competencias, es ilegal”.

La mayoría de sus acciones, en ese sentido, serían igualmente ilegales, incluyendo la emisión de 66 dictámenes o acuerdos que fueron después avalados por el Cabildo: sobre la asignación o reasignación de personal, la modificación de lineamientos y reglamentos administrativos, así como la firma de contratos y de convenios con el Gobierno del Estado y el otorgamiento de poderes y mandatos a diferentes autoridades.

A decir del IGAVIM, estas nuevas irregularidades no existirían si el Congreso del Estado hubiese atendido oportunamente su solicitud original, en donde se solicitaba únicamente la revocación de mandato del alcalde propietario.  

En entrevista con LADO B, el presidente de IGAVIM, Juan José Hernández López, hizo un llamado para que los diputados consideren la evolución del caso, en el que todos los integrantes del Ayuntamiento, desde el presidente municipal propietario y su suplente en funciones, la síndico municipal, y los regidores y sus suplentes, están involucrados, ya que han avalado de una forma u otra, todas las decisiones emanadas de esa Comisión Especial. “[Ahora] nosotros sí consideramos que tendría que desaparecer todo el Cabildo”.

Foto: Cortesía

Desde marzo de 2019, agregó, el Congreso del Estado recibió un aviso sobre el exhorto que el IGAVIM realizó al Ayuntamiento de Tehuacán, esto con la finalidad de atender una serie de deficiencias observadas que afectaban la gobernabilidad en el municipio: contradicciones, falta de inclusión ciudadana y limitados argumentos analíticos para justificar decisiones operativas.

“El conflicto empezó desde entonces […] Ninguno de los regidores interpuso alguna queja o denuncia ante la Fiscalía o el Congreso [ni antes ni después de la detención de Patjane, por las irregularidades que ahora se conocen]”.

La responsabilidad del presidente municipal

Otra de las motivaciones del Congreso del Estado para desaparecer el Cabildo de Tehuacán, como ya se sabe, se centra en el desempeño de Felipe Patjane durante el ejercicio de sus funciones.

El área jurídica de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, durante la sesión del 6 de julio, se refirió al presunto uso indebido de atribuciones —unas de las causas judiciales en su contra—, observable en la expedición de tres memorándums con fecha 30 de octubre de 2019 y con el cual se ordenó la separación de funciones de la tesorera municipal, el contralor y la secretaria del ayuntamiento, sin la aprobación del Cabildo.

La misma ruta seguiría Patjane para la emisión de siete contratos de obras y servicios, sin autorización de los regidores, lo que a decir del proyecto que justifica el inicio del procedimiento de desaparición del ayuntamiento, evidencia también cierta tolerancia e incluso complicidad de su parte.

El primer alcalde morenista que termina en la cárcel

La ola política que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a arrasar en las urnas en 2018, empujó también a Felipe Patjane Martínez, un joven empresario ferretero y heredero de una de las familias pudientes de la región, quien con su triunfo terminaría con el bipartidismo del PAN y el PRI en el municipio.

Su estancia en el palacio municipal, sin embargo, duraría apenas un año y un mes; tomando posesión el 15 de octubre de 2018, fue detenido por agentes ministeriales el 15 de noviembre de 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando se disponía a viajar a los Estados Unidos. 

Desde entonces permanece encarcelado, primero en el Cereso de Tehuacán y actualmente en el de Tepexi de Rodríguez. 

Durante ese primer tercio de la administración local, el IGAVIM denunció al menos 85 irregularidades por más de 120 millones de pesos, esto por la aparente entrega de contratos a empresas simuladas, gastos no justificados y mala administración del recurso público.

El ejercicio de 2019, periodo clave para la detención del presidente de Tehuacán, está siendo actualmente observado por la Auditoría Superior del Estado (ASE); unos 830 millones de pesos bajo revisión exhaustiva. 

La crisis en el municipio se detonaría justamente en este periodo, cuando el IGAVIM, en el mes de junio, dio a conocer que ya se había aplicado casi 75 por ciento del presupuesto anual.

Su primer informe y la ruptura con el Gobierno del Estado

Tras la detención de Felipe Patjane, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que el ayuntamiento era un ejemplo claro de la impunidad con la que los partidos políticos opositores a Morena, habían cumplido sus acuerdos durante la elección.

La fractura en la relación estado-municipio, no obstante, tuvo como escenario el primer y único Informe de Actividades de Felipe Patjane, cercado con una valla metálica para evitar el ingreso de manifestantes. En un espacio reducido de no más de cien personas, directores de medios, representantes del sector empresarial y algunos ciudadanos fueron testigos del divorcio político.

— Un expresidente corrupto panista tiene plagado de gente este ayuntamiento -dijo Barbosa. Eliseo Lezama, él es el jefe político -continuó ante el aplauso de los asistentes.

— ¿Y así quieren ser candidatos?, cuestionó uno de los asistentes al evento.

El gobernador, ante la pregunta, aseguró que nadie de los actuales funcionarios sería candidato en las próximas elecciones. Ante el silencio incrédulo de Patjane y sus regidores, el gobernador explicó que el ayuntamiento se encontraba prácticamente quebrado, con un adeudo de 120 millones de pesos. 

“No tiene viabilidad financiera y para cerrar el fin de año, el Gobierno del Estado tiene que entrar a salvarlo, pero lo vamos a hacer, por Tehuacán […] yo confié en ellos, porque si yo hubiera querido no hubieran sido candidatos, pero confié en ellos y me fallaron”.

A esas alturas, Felipe Patjane ya había iniciado dos juicios de amparo ante el Juez de Control Regional Judicial de Tehuacán, con números de expediente 1182/2019 y 1196/2019, así como un tercero ante el Consejo de la Judicatura Federal, foliado con el número 960/2019, para evitar su posible detención.

De poco le servirían una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutara la orden de aprehensión en su contra, por el uso indebido de sus funciones, situación que se desprende de los despidos del secretario general, Alejandro Guerrero, y la tesorera, María del Carmen Siliceo, quienes habrían llegado por orden del Gobierno del Estado para mejorar la operatividad del municipio.

Un exceso de la 4T, advierte la oposición

El coordinador de los diputados del PAN, Oswaldo Jiménez, acusó a la mayoría en el Congreso del Estado –de la coalición Juntos Haremos Historia– de extralimitarse en sus funciones, y de no presentar los elementos suficientes para sostener la desaparición completa del Cabildo de Tehuacán. 

“Se están querido constituir como autoridad judicial, están queriendo suplir las funciones de otros órganos: las del Órgano Interno de Control, para determinar sanciones administrativas, y de la Fiscalía General del Estado, para determinar otro tipo de responsabilidades”.

Los integrantes del Cabildo, advirtió, podrían en su momento iniciar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por su parte, el diputado sin partido, José Juan Espinosa, dijo durante su intervención en la sesión virtual de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 6 de julio, que esto más bien se trataba de una “clara vendetta política”: 

“Es bien sabido que Miguel Barbosa apadrinó a Felipe Patjane y después, en venganza, lo convirtió en el primer preso político de su quinquenio […] Se estuvo dilatando la toma de protesta del suplente porque así conviene al Gobierno del Estado y sus secuaces”.

¿Cuándo concluye el procedimiento?

Se presenten o no los regidores cuyos alegatos aún no han sido escuchados, advirtió la diputada Vianey García Romero en la conferencia de prensa del 14 de julio, este jueve continúa el procedimiento, toda vez que ya serían dos las oportunidades las otorgadas a los regidores y al presidente suplente para estar presentes y defenderse de las acusaciones en su contra. El presidente propietario, apuntó, ya presentó su declaración por escrito. 

A partir de la conclusión de las comparecencias, de acuerdo con la ruta fijada por los diputados, se tienen 30 días para resolver el asunto. Se debe llamar a sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales una vez más, para determinar sí es válida o no la desaparición del Cabildo, para de ahí ser votada por el Pleno.

*Foto de portada: Cortesía 

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