Javier y sus primos estuvieron buscando a su tía, la maestra María de los Ángeles Reyes Silverio, el sábado 30 de mayo. El cuerpo de la maestra de preescolar estaba en una barranca en el municipio de Acatlán de Osorio, en los límites con Izúcar de Matamoros, lugar donde vivía la educadora.  

Pese a que el presunto responsable está plenamente identificado con pruebas, al día de hoy no se ha emitido una orden de aprehensión ni tampoco hay medidas cautelares para proteger a los dos hijos de María de los Ángeles.

En entrevista con LADO B, Javier Santiago Reyes, sobrino de la maestra, dijo que el presunto agresor explicó vía telefónica la ubicación del lugar donde había dejado el cuerpo. Entonces, con apoyo de la policía municipal de Acatlán de Osorio, él y sus primos se dieron a la tarea de buscar a María de los Ángeles.

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Al encontrarla se abrió la Carpeta de Investigación (CDI) 206/2020/ACATLÁN, pero hasta el momento las autoridades no han dado a conocer los resultados de la necropsia, ni los avances en las investigaciones. El caso no cuenta tampoco con un asesor jurídico, y las víctimas indirectas, en este caso los hijos de la maestra, no tienen protección preventiva, pues no saben qué pueda hacer el presunto feminicida.

“Nosotros hemos pedido a las instituciones que el abogado debe ser una mujer con una capacitación sobre feminicidios, temas de género, pero hasta el momento no se nos ha respondido de manera directa”, dijo Javier.

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En la agencia del Ministerio Público de Acatlán le dijeron a la familia que tienen que esperar que se reinicie la labor de los juzgados el 15 de junio, y si bien ya falta poco, exigen que se avance cuanto antes. En teoría el caso sería enviado del MP de Acatlán a la Fiscalía Especializada en feminicidios a la ciudad de Puebla, pero Javier dijo que tampoco han tenido noticias de eso.

Foto: Cortesía Javier Santiago

A la par se acercaron al director de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros, lugar donde radicaba, trabajaba y vivía María de los Ángeles con sus hijos, para pedir patrullas que resguarden el domicilio de las víctimas indirectas, pero tampoco han tenido ningún tipo de apoyo.

El lunes 8 de junio se publicó un pronunciamiento respaldado por 73 organizaciones de la sociedad civil de varios estados de la República, así como decenas de maestras y personas que firmaron de manera individual. En el documento la familia y personas solidarias exigen que se libere de manera inmediata la orden de aprehensión y se detenga al presunto responsable, que se den a conocer los avances de la investigación y se designe al asesor jurídico. 

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*Foto de portada: Cortesía Javier Santiago