Efraín Tzuc | A dónde van los desaparecidos

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas lleva un retraso de un año en la publicación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La falta de esta herramienta en su versión pública, completa y actualizada impide conocer los patrones de las desapariciones en los últimos dos años y poner en marcha acciones de prevención.

La última actualización del extinto Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) fue el 30 de abril de 2018, hace exactamente dos años. Esta base de datos pública permitía conocer no solo el número de personas desaparecidas, sino también cuál era su edad, su nacionalidad, si eran mujeres u hombres, en qué estado y municipio desaparecieron y la fecha exacta en la que fueron vistas por última vez.

“Los registros, además de que sirven para búsqueda, sirven para análisis de contexto, no solo es el fetiche de saber cuántos son. Es saber cómo, dónde, por qué, qué tipo de víctimas hay, qué colonias. Eso te permite también entender dónde están desapareciendo y hacer acciones un poco más centradas en la prevención”, afirma en entrevista Volga Pina Ravest, integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda.

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Con la entrada en vigor de la Ley general en materia de desapariciones, en enero de 2018, el RNPED, publicado por primera vez en febrero de 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sería sustituido por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Pero la sustitución no llegó: aunque el RNPDNO debía empezar a operar 180 días después de la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión no lo ha hecho público.

En enero pasado fue anunciada una nueva cifra oficial de personas desaparecidas en el país, sin embargo no fueron publicados la metodología, los lineamientos de operación y su versión para consulta abierta. No hubo mayor detalle sobre quiénes, cuándo y dónde están ocurriendo las desapariciones.

“Debe haber una buena coordinación (para integrar el Registro) entre todas las autoridades de la república, y eso va a facilitar muchísimo el trabajo a ellos, y a nosotros para poder encontrar a nuestros seres queridos”, afirma Sofía González, que tiene a su hermano desaparecido y es vicepresidenta del colectivo V.I.D.A., en Coahuila.

Foto: Efraín Tzuc

Registro sin metodología

El 17 de enero de 2019, el primer titular de la CNB, Roberto Cabrera, presentó una cifra de personas desaparecidas. En su última conferencia de prensa antes de renunciar al cargo, afirmó que, hasta esa fecha, el número ascendía a 40 mil 180. Es decir, 2 mil 745 personas más que la última cifra publicada en el extinto RNPED.

No hubo explicación sobre la metodología, tampoco se dio a conocer una base de datos pública que permita conocer cómo se obtuvo la cifra. En la última versión del RNPED se reportaban 37 mil 435 desapariciones.

Las organizaciones Data Cívica y el Observatorio Nacional Ciudadano, que habían colaborado con el entonces Comisionado Nacional de Búsqueda en el análisis de los datos de desaparición existentes, tampoco entendieron cómo se llegó a esa cifra.

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En una entrevista realizada hace un año, Doria Vélez del Observatorio Nacional Ciudadano reconoció que el dato “fue resultado de todo un proceso de validación de algunas bases de datos que ya existían, y del trabajo que se hizo con algunos colectivos. Pero sobre cuestiones metodológicas de trazabilidad específica de cada registro no lo podría afirmar porque tampoco tengo esa información”.

“Nos agarró de sorpresa porque nosotras no sabemos de dónde salió ese número (los 40 mil 180). A la fecha, hemos hecho todos los cruces, al menos de las bases de datos que nosotras tenemos, ninguna nos ha dado ese número. Nosotras siempre hemos insistido es que el número es importante porque nos ayuda a conocer la magnitud pero al final del día lo que importa más es la metodología porque el número es algo que va a cambiar todo el tiempo”, afirmó Mónica Meltis, Directora Ejecutiva de Data Cívica, también entrevistada en 2019.

A inicios de este año, la actual comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, quien fue nombrada en sustitución de Cabrera por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 9 de febrero, anunció una actualización de la cifra: 61 mil 637.

De nuevo, la Comisión omitió publicar la metodología y la base de la que se obtuvo la información presentada. El informe fue cuestionado casi de inmediato por organizaciones como Data Cívica.

Foto: Efraín Tzuc

“En Data Cívica pensamos que cifras sin metodología y datos que no puedan ser escrutinados por la sociedad civil, no solo no ayudan sino que entorpecen y complican los esfuerzos por entender la magnitud del problema de desaparición en el país”, publicó la organización especialista en análisis de datos ese mismo 6 de enero.

Mediante solicitudes de transparencia el sitio web A dónde van los desaparecidos también pudo constatar que a la cifra anunciada por Quintana le faltaban, al menos, 3 mil casos de desapariciones ocurridas en el 2019, únicamente considerando los registros de 18 de las 33 fiscalías estatales y la general.

“Preocupa de sobremanera que no se estén contando las desapariciones de la publicación de la Ley para acá. Ahí sí que tenemos un hueco porque ya nos ha pasado: cuando no había registro de repente dimos un salto de 30 mil a 40 mil. Porque ahorita estamos viendo que la violencia no solo ha bajado sino que ha aumentado en algunos lugares”, opinó en entrevista para esta nota Volga Pilar de Pina Ravest, investigadora especializada en derechos humanos e integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por su parte, Adrián Lara, Coordinador General en Data Cívica, afirma que es necesario dar a conocer la metodología para evitar el riesgo de repetir errores anteriormente identificados en el extinto RNPED, como la duplicidad de registros, la información incompleta o la eliminación de casos por reclasificación del delito.

Buscar las tendencias de la desaparición

Los especialistas consultados coinciden en que la falta de datos públicos impide conocer las dinámicas de la desaparición en nuestro país en los últimos dos años.

La académica y defensora de derechos humanos, Volga Ravest, menciona sobre el informe del 6 de enero que “a nosotros en particular nos preocupa las recientes. No estamos sabiendo si en los aumentos de violencia (recientes) hay desapariciones o no, y esas ya serían de este gobierno”.

Conocer los patrones de victimización, e incluso información sobre los perpetradores, es indispensable para “diseñar políticas eficientes, que han estado careciendo mucho a nivel nacional y local”, agrega Lara.

El resultado, coinciden, es que las autoridades realizan búsqueda individualmente, sin considerar las diferencias entre las personas buscadas y entender el contexto en el que ocurren estas desapariciones. A su vez, esto propicia que solo avancen los casos cuando un familiar presiona a las autoridades. En palabras de Lara, algunas personas desaparecidas, las que no tienen quién les busque, terminan sin “tener el derecho de ser identificado o buscada y encontrada con vida”.

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*Foto de portada: Érika Lozano