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Martín Orquíz | La Verdad

La persecución de delitos federales en el estado de Chihuahua prácticamente se abandonó durante el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando ni una de sus investigaciones generó el ejercicio de alguna acción penal.

La delegación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) abusó del no ejercicio, por lo que las mil 696 averiguaciones previas que se abrieron en 2018 por delitos como delincuencia organizada, portación de armas o delitos contra la salud, se heredaron en la impunidad a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ese nulo trabajo de las autoridades federales encargadas de la persecución de delito quedó expuesto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en un análisis de la actuación de la representación social y del sistema penal acusatorio, donde también se informa el hallazgo de deficiencias en 276 de esas investigaciones en el estado.

En la auditoría se diagnosticó la situación de las delegaciones estatales de la corporación federal y el resultado arrojó que tanto la delegación de Chihuahua, junto con las de Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas, no consignaron ni una sola averiguación durante ese lapso.

El hecho implica que las investigaciones que fueron despachadas a lo largo de ese año se enviaron a reserva, se acumularon, se declaró incompetencia o no se ejerció la acción penal, establece el estudio.

La delegación local, se agrega, está entre las que omitieron presentar averiguaciones pendientes de despacho al cierre del 2018, situación que puso en evidencia que, con tal de darles trámite, los agentes del Ministerio Público dictaron sus términos bajo criterios carentes de análisis e investigación que permitiera consignar a los acusados a los órganos jurisdiccionales.

Bajo esas circunstancias, determina la auditoría, la delegación no fue eficiente en su trabajo.

Se solicitó una entrevista con el delegado de la FGR en el estado, Ramón Ernesto Badillo Aguilar, ante personal de la corporación para obtener una versión acerca del diagnóstico oficial, pero no hubo respuesta a la petición.

Los números de la delegación Chihuahua de la FGR, contenidas en la auditoría, establece que de las mil 696 averiguaciones previas abiertas por diferentes delitos cinco fueron acumuladas, quedaron en reserva o se declaró incompetencia, dos fueron devueltas por un juez; hubo cero consignadas y quedaron cero pendientes de despacho.

Para especialistas en seguridad y sociedad, el resultado no es una sorpresa debido a la ineficacia con la que actúa tradicionalmente esa instancia del Gobierno fFederal.

“Los criminales actúan sin ningún control, antes el Estado era un criminal porque trabajaban con narcos y ponían límites, pero eso se perdió y cada quien agarró su camino. Ahora los delincuentes negocian con las autoridades y entonces no hay ningún poder central que haga contrapeso”, explica el criminólogo Oscar Máynez Grijalva.

Hernán Ortiz Quintana, sociólogo e integrante de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), comenta que la inacción de la ex PGR “es cosa de todos los días”, ahora en la llama Fiscalía General de la República (FGR).

El impacto más evidente de la ineficiencia en las averiguaciones federales es la naturalización de la impunidad, el hecho de que alguien cometa un delito y no reciba un castigo se ve como normal y común, afirma.

“El asunto es que la acción contra este tipo de delitos no se ve, comprenderlo para el ciudadano común es ambiguo porque no se entiende que se abra una carpeta de investigación y que no se resuelva”, declara Hernán Ortiz

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