La Vaca
Un millón de personas.
Esa es la estimación de organizaciones y movimientos sociales sobre la masividad de la huelga nacional que inundó las calles de Colombia de forma pacífica y fue brutalmente reprimida. El reclamo fue en repudio a las reformas laboral y previsional que el gobierno del presidente Iván Duque quiere implementar envuelto en una crisis que le costó la derrota en las elecciones municipales y cuya gestión cuenta con un 69% de desaprobación tras 15 meses en el poder.
Las organizaciones ubican a la protesta como una de las marchas más importantes en los últimos tiempos, que reunió en la calle por primera vez a indígenas, sindicatos, estudiantes, movimientos sociales y un sector de las FARC.
En Bogotá, hacia las cinco de la tarde de este jueves, los policías antidisturbios cercaron las esquinas de la Plaza de Bolívar y lanzaron gases lacrimógenos. Algunos encapuchados respondieron, mientras por las calles la manifestación coreaba ante los primeros estallidos de los gases: “Sin violencia, sin violencia”.
Los toques de queda se multiplican en municipios y localidades como Cali, Valle del Cauca, Candelaria, Jamundi y Popayán. Algunas ciudades continuaban con disturbios durante las noches, mientras en Medellín la protesta terminó en fiesta y en pedidos de paz.
Algunas de las razones de la protesta:
- Tal como había decretado Lenin Moreno en Ecuador y luego tuvo que dar marcha atrás por las protestas masivas, las organizaciones denunciaron que Duque está preparando un “paquetazo” de medidas que causarían un enorme impacto en la vida colombiana. Entre ellas, las organizaciones hablan de la eliminación del fondo estatal de pensiones, subir la edad jubilatoria, reducir el salario para los jóvenes y ubicarlo en un 75% del mínimo.
- Otro sector importante en las movilizaciones es el estudiantil. Reclaman mayor inversión en Educación y cumplir acuerdos firmados que incluyen inversiones para universidades de 1.300 millones de dólares.
- También reclaman medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, a raíz de una ola de asesinatos que se cobraron decenas de vidas desde la asunción de Duque, hace ya 15 meses. Un ejemplo de la difícil situación es la del departamento del Cauca, una región atravesada por la violencia de paramilitares, grupos armados, disidencias de las FARC y el narcotráfico. «Que cada 72 horas maten a una persona indígena en Colombia solo se puede llamar genocidio”, sostuvieron las organizaciones. El 29 de octubre, la gobernadora indígena de la reserva de Tacueyó en el municipio de Toribio, Cristina Bautista, fue asesinada junto a cuatro miembros de la Guardia Indígena. “Estamos en alerta”, había declarado el día anterior. De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en los últimos cuatro años ocurrieron más de 400 asesinatos de líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC.
- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informó que 22 indígenas fueron asesinados en este departamento el año pasado. Y solo durante 2019, son ya 56 las víctimas mortales.
- Además, las organizaciones reclamaron al gobierno un mayor compromiso en la implementación y el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Mientras Duque presentó ese año seis cuestionamientos a la ley de justicia para la paz, también se realizaron operaciones contra el sector disidente de las FARC: en una de ellas, al menos ocho niños murieron en un operativo de las fuerzas a un campamento guerrillero. Esa masacre había sido ocultada por el gobierno, pero fue revelada en el congreso, y el ministro de Defensa Guillermo Botero terminó renunciando.
*Foto de portada tomada de La Vaca