Édgar, un niño de ocho años de una comunidad indígena kichwa, se despierta a las cuatro de la mañana. A las cinco debe abordar la lancha que lo lleva río abajo por el Aguarico. Dos horas más tarde llega a la Unidad Educativa del Milenio Víctor Dávalos, construida hace cinco años en Playas de Cuyabeno, en medio de la Amazonía ecuatoriana.

Este niño se habría quedado en la pequeña escuela de su comunidad Puka Peña para no hacer ese viaje de ida y vuelta todos los días. Pero el gobierno de la “Revolución Ciudadana” emprendió en 2008 un ambicioso proyecto educativo que clausuraba pequeños establecimientos y reunía a los estudiantes en las grandes y modernas Unidades Educativas del Milenio (UEM).

Édgar y sus compañeros son el reflejo del costo que asumieron miles de niños de las comunidades de la Sierra y Amazonía para mejorar su educación. Pero hay otro costo: el de una permisiva ley y mala planificación.

Fue el Decreto Ejecutivo 224 que dio vía libre para la contratación de estas infraestructuras que pretendían convertirse en el referente de la educación fiscal en Ecuador, con conceptos “pedagógicos y arquitectónicos innovadores y modernos”. Hoy, el resultado genera dudas.

De las 127 UEM terminadas y establecimientos repotenciados, el 79 por ciento, es decir 100 obras tuvieron incrementos de precios en relación a su costo inicial. Para llegar a esta conclusión, Vistazo levantó una base de datos que trae sorpresas de la contratación pública en la década anterior (ver infografía). El presupuesto inicial por todas estas obras sumó 412 millones de dólares y las empresas contratistas facturaron 528 millones, es decir 116 millones adicionales.

El argumento: los estudios arquitectónicos estaban mal diseñados y sobre la marcha se requerían obras adicionales. Con todo ese dinero se habrían construido al menos otras 30 o 40 escuelas de este tipo.

De estos contratos complementarios, un tercio superó el 50 por ciento del valor inicial. Es el caso de la UEM a la que asiste Édgar. La obra arrancó en 3,5 millones de dólares y culminó en 5,5 millones. Un incremento de 56 por ciento o, en otros términos, dos millones adicionales.

Pero hay infraestructuras que hasta duplicaron y casi triplicaron su precio, como son los casos de la UEM Rafael Rodríguez Palacios, en Lago Agrio, y la UEM San Gabriel Piquiucho, en Carchi. ¿Cómo y por qué ocurrió esto? ¿Fue legal?

Para elaborar este reportaje Vistazo visitó algunas escuelas y, con apoyo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hizo requerimientos de acceso a la información pública al Ministerio de Educación, Secob, Ecuador Estratégico (EEEP), Petroamazonas, Miduvi y Yachay, entidades que estuvieron a cargo de la contratación de las obras.

Cheque en blanco

“He revisado el laboratorio de Ciencias Naturales y cada chico está con un microscopio. Eso no ocurre en Europa ni en Estados Unidos. Puede ser un problema que compramos demasiados microscopios, pero para qué comparar…” Decía el entonces presidente Rafael Correa al inaugurar la UEM de Cuyabeno, en octubre de 2013, demostrando que su “revolución educativa” llegaba a los lugares históricamente olvidados, sin escatimar en gastos.

En 2013, el entonces presidente Rafael Correa inauguró la UEM de Cuyabeno. Lo acompañan el exministro de Educación Augusto Espinosa y el exvicepresidente Jorge Glas, ahora preso por la trama de corrupción de Odebrecht. (Foto: Segundo Espín)

Y tanto no reparó en los gastos que en su gobierno se expidió una permisiva norma. La Asamblea Constituyente de plenos poderes de 2008, aprobó una ley de contratación pública que se convirtió en un cheque en blanco para los contratos complementarios, pues permitía aumentos de hasta el 70 por ciento. Es decir, los costos adicionales en la UEM de Cuyabeno estaban bajo los parámetros. Ese era el manto de legalidad para lo que ahora se podrían llamar sobreprecios.

Parece haber sido una ley hecha a medida de un gobierno. “Hay que llamar las cosas como son. La excusa de los estudios mal hechos y una permisiva ley fueron una puerta abierta a los sobreprecios y la corrupción”, opina Marcelo Espinel, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

El abuso de esta figura durante nueve años motivó una reforma en marzo de 2017, cuando Correa estaba a punto de dejar el poder. Ésta limitó el techo de los contratos complementarios al 15 por ciento y, hasta un 35 por ciento, con aprobación de la Contraloría General del Estado.

La reforma pretende mejorar la eficiencia y controlar el gasto, además de ajustarse a parámetros internacionales. En Argentina y en España, por ejemplo, se permiten contratos complementarios del 20 por ciento, y en México del 30. En Ecuador, antes del 2008, el techo era de 50 por ciento.

Fuente: Leyes de contratación pública de Ecuador, México, Argentina, Unión Europea

Pero esta reforma llegó tarde. Si se habrían tomado las precauciones hace cinco años atrás, los dos millones de dólares adicionales que costó la UEM a la que asiste Édgar, habrían servido para construir otra escuela en su comunidad y él no tendría que viajar cuatro horas diarias por el río Aguarico.

Si analizáramos las UEM con la norma actual, al menos 76 obras del emblemático proyecto educativo habrían requerido aprobación de la Contraloría para firmar contratos complementarios. Antes solo necesitaban el aval de la fiscalizadora y la aprobación presupuestaria. No había mayor control.

De estos, 49 procesos habrían sido ilegales por superar el 35 por ciento de incrementos que permite la norma actual. También hay once obras que superaron el techo del 70 por ciento, pero hallaron mecanismos en la ley para no vulnerarla y se justificaron en la deficiencia de los estudios.

“Era como si el Estado dijera: tranquilo, no te preocupes mucho por los estudios, porque si falta algo, luego le ponemos en los contratos complementarios”, ironiza Juan Francisco Díaz, profesor de la Maestría de Derecho Administrativo y Contratación Pública, de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). “Este tipo de contratos que deben ser una excepcionalidad, acá se volvieron la regla”.

Hay otras 37 UEM en construcción que suman presupuestos iniciales por 163 millones de dólares pero aún no se sabe en cuánto terminarán. Algunas ya firmaron contratos complementarios.

Los mecanismos

Las escuelas del milenio se caracterizan por tener modernos laboratorios de ciencias, informática e idiomas. (Foto: Segundo Espín)

Aunque el techo del 70 por ciento ya era permisivo, algunos contratos se ampararon en otras estratagemas legales para subir los valores. Uno de ellos se denomina “convenios de pago” y permite firmar rubros adicionales sin límite por concepto de obras que no estuvieron planificadas, pero son necesarias.

Eso sucedió en la Unidad Educativa del Milenio Malimpia, en Quinindé, provincia de Esmeraldas. La obra se firmó por 2,5 millones de dólares con el contratista Francisco Rivadeneira Crespo, pero durante la construcción se encontraron falencias en los estudios, que motivaron la ejecución de nuevos rubros a través de un convenio que incremento en valor en un 87 por ciento.

“Tuvimos que hacer nuevos cimientos y otras obras, lo que significó trabajos no contemplados en los estudios por 2,2 millones de dólares. Todo estuvo en el marco de la ley, con la aprobación de la fiscalizadora y las autoridades”, explica Rivadeneira Crespo a Vistazo.

Varios procesos utilizan esta figura. En la UEM Salinas de Guaranda también se firmó un convenio de pago por 1,1 millones de dólares, que se sumaron a 800 mil dólares en contratos complementarios.

Fuente: Ministerio de Educación, Servicio de Contratación de Obras (Secob), Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), Ecuador Estratégico Empresa Pública

Otro mecanismo es el “reajuste de contrato”. La empresa guayaquileña Adokasa, por ejemplo, encargada de la intervención educativa para UEM en Puerto Francisco de Orellana firmó un contrato por 5,8 millones de dólares, que terminó en 10,1 millones. Es decir, un incremento del 73 por ciento.

No obstante, la empresa pidió un reajuste que subió el contrato principal a 6 millones y, de esa manera, los complementarios solo sumaron un 68 por ciento, según consta en el acta de entrega recepción de la obra.

Pero existen procesos que no tienen justificación. La construcción del Colegio Réplica Manta, por ejemplo, tuvo un incremento del 82 por ciento, sobrepasando el límite permitido, según el documento de liquidación con fecha 14 de diciembre de 2014.

Al ser consultado por este contrato el director de Servicio de Contratación de Obras, Johe Jaramillo, dijo no estar al tanto del proceso ya que se liquidó en administraciones anteriores (2014). Sin embargo, recalcó que desde el año anterior se pidió a Contraloría hacer exámenes en todos los procesos que tienen indicios de irregularidades, según dijo a Vistazo.

Otro hallazgo en la contratación de las UEM es que los incrementos más grandes se encuentran en las obras que fueron financiadas con recursos fiscales y canje de deuda.

Por otro lado, las escuelas levantadas con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) tuvieron incrementos que alcanzaron máximo el 28 por ciento. Estos procesos de contratación son supervisados por los organismos multilaterales, lo que pudo cerrar las puertas a la permisividad con los incrementos.

Las escuelas del milenio se concibieron para cubrir la demanda de educación de las zonas más alejadas. (Foto: Segundo Espín)

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**Foto de portada: cortesía Ecuavisa