Alejandra Padilla 

Susana, Hazel, Pilar, Magda y Gaby fueron asesinadas. A Mariana la intentó matar su pareja para quedarse con el hijo de ambos. A Aurora su esposo la golpeó durante años y ahora que se separó de él, intenta quitarle la casa en la que vive ella con los cinco hijos que tienen en común.

Las historias de estas ocho mujeres tienen, al menos, dos características en común: fueron cometidos en estados en los que la Alerta de Género está activa y siguen impunes.

Familiares de las cinco mujeres que fueron víctimas de feminicidio relataron para Serendipia cómo fueron asesinadas sus hijas, madres y hermanas. En todos los casos, el dolor de la pérdida debe convivir con las visitas a la procuraduría, con la insistencia para conocer la carpeta de investigación, de saber qué pistas han encontrado, con la frustración de que los meses y años pasen sin que haya justicia.

Para las víctimas de violencia sexual y de género, la historia es semejante: padres que al intentar presentar una denuncia por secuestro escuchan una y otra vez que la niña de 12 años “se fue con el novio”; mujeres que fueron golpeadas por su esposo durante años y que, cuando decidieron denunciar, tuvieron que decidir entre esperar seis horas en la procuraduría o conservar el trabajo con el que mantienen a sus hijos.

La declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) contempla capacitar a los servidores públicos en perspectiva de género, rubro en el que ha sido gastado el mayor porcentaje de los recursos públicos destinados a esta medida de emergencia. Pero la inversión de 31 millones de pesos en capacitaciones todavía no resulta en mejores condiciones para las víctimas.

Susana | “No quiero que sea una más”

“Siempre vi fotos de ella con los ojos abiertos, sonriendo, haciendo algo, jamás como me la habían mostrado, me imagino que esa foto fue de cuando la encontraron: estaba acostada en el piso y tenía todavía la bolsa en el cuello con la que la asfixiaron”. Así recuerda Abigail haber encontrado a su madre tras dos días de búsqueda.

Susana García desapareció el 20 de diciembre de 2017 en el municipio de Zinacatepec, Estado de México. Tenía 44 años. Su hija, Abigail, la vio por última vez ese día a la una de la tarde y supo que algo estaba mal cuando dejó de contestar sus llamadas y mensajes. Al día siguiente, Abigail preguntó por Susana en su trabajo, en casa de su hermana, en el negocio de su expareja: nadie sabía nada.

Dos días después decidió denunciar la desaparición.

En la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de México, le entregaron una hoja con las características físicas de Susana y los datos de las autoridades para dar informes sobre su paradero.

“Me dijeron “toma tu hoja, saca copias y pégalas por donde andaba tu mamá, por donde creas que anduvo”, recuerda Abigail. “Yo no sabía que el familiar tenía que pegarlas, pero cuando

me dijeron ‘saca copias’, en ese momento dije ‘ahorita me voy, voy a sacar un montón de copias y voy a pegarlas en todos lados y no me importa que pierda todo el día’”.

Pero no perdió el día. Cuando estaba por salir de la fiscalía, una policía le pidió que la acompañara: había un cuerpo con las características de Susana que Abigail debía identificar.

“La velamos el viernes en la noche y el sábado, hasta el domingo la enterramos, el 24 de diciembre”, dice Abigail. Los tres hijos de Susana, sus nietos, hermanos y amigos pasaron Nochebuena en el panteón.

Susana fue identificada el 22 de diciembre, y solo una de sus hijas pudo rendir su declaración porque eran más de las nueve de la noche. “Hoy es viernes, sábado no trabajamos, (el) domingo es 24, tampoco trabajamos, el lunes es 25 y tampoco, entonces los esperamos aquí hasta el martes para (rendir) su declaración”, le dijeron en la fiscalía a Abigail.

El duelo de la familia apenas empezaba y ya tenían que enfrentarse a una investigación entorpecida.

El 26 de diciembre, Abigail, su hermano y su cuñado declararon ante el Ministerio Público, y cuando preguntaron quién estaría a cargo de la investigación, la respuesta fue que “muchos estaban de vacaciones y no sabían a quién le iban a dar la carpeta”.

El abogado fue asignado en febrero. El día que Abigail lo conoció, una policía de la fiscalía le dijo: “no dejes de venir, insiste, insiste, porque luego llegan casos nuevos y se van olvidando de los que ya pasaron”.

Hasta ahora, Abigail ha hecho dos recorridos con investigadores de la fiscalía. Eso es todo. “Ya van seis meses y aún no se han puesto las pilas, no me han dicho nada. Lo único que me dijeron es que mi mamá no tenía huellas”.

Abigail no entiende cómo la fiscalía no encontró restos de material genético que permitieran identificar al feminicida de su madre. “La bolsa que tenía (Susana alrededor del cuello) también la mandaron a analizar y tampoco tenía pigmentos, me comentan que se le quedaban pigmentos a la hora de hacer lo que hicieron (estrangularla), pero la bolsa está limpia. Dicen que su cuerpo también está completamente limpio, cuando yo le vi rasguños en las manos. De ahí pudieron haber sacado algo, pero no. No entiendo cómo es que un homicida sea tan bueno para hacer lo que hizo y no dejar ni una huella”.

La primera respuesta de las autoridades, sin embargo, fue más efectiva: “Me dijeron que me iban a ayudar con la caja (el ataúd) y el traslado porque eso es, por parte de la Fiscalía, lo menos que pueden hacer en los casos de feminicidio”.

Además, Abigail y sus hijas, de siete y tres años, recibieron terapia psicológica: “el licenciado del Ministerio Público me dijo ‘te voy a mandar a psicología porque estás mal, necesitas ayuda y terapia’. De hecho, fueron los primeros que se contactaron conmigo, antes que la procuraduría fue el psicólogo”.

Cuando vivía en el Estado de México, el recorrido para llegar a la terapia era de dos horas, y ahora que vive en la Ciudad de México el tiempo sería mayor, por lo que la fiscalía mexiquense le dijo que la redirigiría a un centro más cercano. Hasta ahora no lo han hecho.

A casi un año del asesinato de Susana, la investigación sigue abierta, no hay sospechos y lo único que escucha Abigail cada vez que va a la Procuraduría es que el abogado a cargo del caso está “trabajando en eso”.

Abigail dice que no quiere que su mamá sea otra más, otro caso sin resolver. “Sé que no me la van a regresar, yo haría lo posible porque ella estuviera aquí, que no hubiera pasado lo que tuvo que pasar, el sufrimiento, el dolor. Lo único que pido es que sí hagan su trabajo, de verdad, sin necesidad de que otras personas los estén molestando para que hagan lo que tienen que hacer”.

Mariana | “Intentó matarme y se llevó a mi bebé”

Mariana vivía en el municipio de Nazahualcóyotl, Estado de México con Enrique, quien entonces era su pareja. Ambos tenían un bebé de ocho meses, y con ellos vivían también los dos hijos que Mariana había tenido en una relación anterior.

Mariana y Enrique había planeado mudarse de departamento, por lo que Enrique hizo los arreglos para que el 10 de octubre de 2017 una mudanza se llevara sus muebles al nuevo domicilio. A las 10 de la mañana llegaron dos hombres con una camioneta, todo estaba listo para empezar la mudanza.

Después de que los muebles fueron llevados a la camioneta, Mariana se quedó sola con su bebé para limpiar las paredes del departamento. “En ese momento, uno de los sujetos que contrató Enrique me tomó por la espalda y comenzó a golpearme. Enrique sacó a mi bebé de la andadera y yo le pregunté por qué se llevaba a mi hijo. Entonces el otro hombre me puso un trapo con cloroformo que me cubrió toda la cara, mientras el otro hombre me pateaba. Pensaron que me había quedado ahí muerta”.

Un par de horas después, Mariana despertó y logró salir del departamento para pedir ayuda. El hombre que les rentaba el inmueble la vio y llamó a una patrulla. “Solo me hicieron una revisión rápida y me dijeron que tenía que levantar la denuncia, por lo que me llevaron al Ministerio Público”.

Una vez ahí, la única denuncia interpuesta fue por lesiones. “No quisieron levantar la Alerta Amber”, recuerda Mariana. “No quisieron hacer absolutamente nada, dijeron que solo había sido un pleito sentimental entre nosotros. Me dijeron que regresara a mi casa, no me dieron atención médica. Me llevaron con un perito que me dijo que no era nada grave, que la sustancia que me habían puesto se quitaba en unos minutos”.

Ha pasado un año desde entonces y el rostro de Mariana todavía muestra las secuelas de aquel día: quemaduras y problemas de visión y respiración. El peritaje hecho por las autoridades del Estado de México dice que las lesiones tardarían siete días en sanar.

Ese 10 de octubre, los hijos mayores de Mariana fueron abandonados por los hombres de la mudanza a unas calles del departamento, quienes los engañaron para llevárselos, diciéndoles que su madre los alcanzaría después. Ambos pudieron regresar al domicilio y encontrarse con Mariana, pero el bebé seguía con Enrique.

Cinco días después, el 15 de octubre, la Alerta Amber fue activada por la sustracción del hijo menor de Mariana, después de que una asociación civil la ayudara a realizar los trámites necesarios. A partir de entonces, la carpeta de investigación quedó a cargo de la Fiscalía para la Atención de la Violencia de Género, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

“Hubo mucha gente que me ayudó, muchos policías honestos que se comprometieron conmigo en la búsqueda de mi bebé”, recuerda Mariana. La subprocuradora Dilcya García Espinosa fue una de las funcionarias que más la ayudó.

Mariana tardó seis meses en encontrar a su hijo. Durante las primeras semanas publicó su caso en redes sociales, lo que ayudó a hacerlo viral. A partir de entonces, Enrique la contactó por medio de perfiles falsos para decirle que su hijo estaba bien, pero que no se lo iba a regresar.

Después de los mensajes, le pidió un número telefónico para llamarla. Mariana compró un celular para mantener contacto con Enrique. “Yo le suplicaba que me dejara ver a mi hijo, por lo que hacíamos videollamadas”, dice Mariana.

Fue por medio de esas llamadas que las autoridades pudieron localizar y recuperar al bebé en abril de 2018. Hasta ahora no hay cargos en contra de Enrique. Durante este año fue aprehendido por el robo de un automóvil, pero fue puesto en libertad a los pocos días “por sus contactos”, de acuerdo con Mariana.

La Fiscalía del Estado de México le proporciona terapia psicológica y atención médica a Mariana, pero ella vive con miedo y todavía espera que Enrique pague por lo que hizo.

“Yo sigo esperando que se haga justicia. Enrique intentó matarme, contrató personas para matarme. El señor no se va a quedar así, llegó a ofrecerme dinero por mi bebé, para que se lo dejara y quitara la denuncia”.

Magdalena | “Son las que no nos dejan en paz”

Magdalena fue asesinada el 2 de septiembre de 2013; fue estrangulada. Tenía 43 años y tres hijas que, hasta ahora, no saben qué pasó el día que murió su mamá. Las dos hijas mayores de Magda han dedicado los últimos cinco años a buscar respuestas, a exigir justicia; han tenido que presionar a la Fiscalía para que la investigación avance, por lo que entre los agentes son conocidas como “las liosas, las que no nos dejan en paz”.

El 2 de septiembre de 2013, Magda iba tarde a su trabajo en la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde era enfermera. Le dijo a su esposo que tomaría un taxi para no esperar el transporte público. A las 11 de la mañana, una compañera de trabajo llamó al celular de Magda para preguntarle en dónde estaba, por qué no había llegado a su turno.

El celular estaba en su casa, lo había olvidado. Cuando su esposo vio las llamadas perdidas, contactó a la compañera de Magda, quien le dijo que no había llegado a la clínica. El cuerpo de Magda fue encontrado en el municipio de Nezahualcóyotl, en los límites entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Magdalena y su familia vivían en la Ciudad de México, pero la investigación le fue asignada al Estado de México por ser el lugar en donde estaba el cuerpo. El asesinato de Magdalena fue tipificado como feminicidio cinco meses después: en febrero de 2014, y a partir de entonces sus dos hijas mayores se hicieron cargo de darle seguimiento a la investigación.

Para rendir su declaración tuvieron que esperar entre cuatro y cinco horas, el tiempo que el abogado encargado del caso tardó en llegar. “El primer agente del Ministerio Público (asignado a la investigación) le llegó a preguntar a mi hermana, durante la entrevista, si tenía novio”, recuerda Magdalena, la segunda hija de Magda.

Magdalena hija dice que uno de los policías ministeriales intentó ayudarlas: les sugirió que pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad que están en la calle en donde fue encontrada su mamá. “Él nos ayudó un poquito más, nos dijo que iba a hablar con el agente del Ministerio Público, pero que tenía que hablar con él como todos hablaban de nosotros: que éramos las liosas, las que no los dejaban en paz”.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue activada en el Estado de México en julio de 2015. Entre las medidas de justicia y reparación del daño incluidas en la declaratoria de este estado hay una que contempla la creación de “un grupo de especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que se encargue de diagnosticar los expedientes en archivo relacionados con femincidios, e identifique las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían ser realizadas para el esclarecimiento de los hechos”.

En el caso de Magdalena eso no ha sucedido. Al principio, los funcionarios les pedían a sus hijas dinero para “agilizar los trámites”, pero la investigación no avanzaba. En 2015, el abogado que las hijas de Magdalena consiguieron para llevar el caso les sugirió interponer un amparo en contra del Ministerio Público de la Fiscalía por negligencia en la investigación.

Fue entonces cuando la fiscal se interesó en hablar con Magdalena para decirle que “no le convenía” proceder con el amparo ni estar mal con ella, pero el recurso continuó y la Fiscalía tuvo que asignar a un abogado “para que ya terminara con el caso”. Pero tres años después, el feminicidio sigue en la impunidad.

Magdalena dice que para ella nada repararía el daño de perder a su madre. Además, durante estos cinco años siempre ha sentido que es su culpa que la investigación no avance: “a lo mejor porque fuimos groseras no hicieron su trabajo, pero es que no vas por gusto, no quieres estar ahí, pero tienes que estar, porque alguien decidió por ella, alguien decidió que ya no quería que viviera y punto”.

Aurora | “Me citaban a las 10 am y me atendían hasta las 4 pm”

“Yo me fui con él a los 15 años. Tuvimos una niña que se murió de neumonía y ahí empezó todo: se emborrachaba, me trataba muy mal, como si fuera su sirvienta. Me separé de él porque me sacaba en la noche, me dejaba en la calle con mi hijo”.

Durante los 23 años que vivieron juntos en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, el esposo de Aurora la golpeó, la insultó y se gastó en alcohol el dinero que ella ganaba. Aurora intentó denunciarlo más de una vez antes de irse de manera definitiva, pero los agentes del Ministerio Público se burlaban de ella, le decían que su marido no le había hecho nada, que tenía que llevar golpes visibles.

Cuando decidió dejarlo y pidió una orden de protección en su contra, los funcionarios de la Procuraduría la citaban a las diez de la mañana pero la atendían a las cuatro de la tarde. Aurora dejó de darle seguimiento a su caso porque su trabajo estaba en riesgo, no podía faltar cada vez que tenía que asistir a una cita.

Aurora dejó a su esposo cuando se enteró de que tenía una amante. Le pidió que se fuera de la casa y ella se quedó a vivir ahí con los hijos de ambos. Ahora, su expareja amenaza con demandarla por quedarse con la casa de manera ilegal.

“No ha venido a dejarles nada”, dice Aurora. Su exesposo no les da una pensión a ella ni a sus hijos, pero quiere que se vayan de la casa para vivir ahí con su nueva pareja. Ahora, Aurora es asesorada por un grupo de activistas quienes la orientan para tramitar los procesos necesarios para proteger su casa.

Hazel | “No puede denunciar la desaparición hasta mañana”

Tenía 20 años. Vivía en Axochiapan, Morelos. Estudiaba Contaduría. Era tranquila y practicaba fútbol. Sus amigos la recuerdan como alguien que los ayudaba cuando tenían algún problema.

El 4 de septiembre de 2017, Hazel desapareció. Fue a hacer su tarea en un café internet y su familia no supo más de ella: no contestaba el celular ni llegaba a su casa. Su familia intentó levantar una denuncia por desaparición, pero las autoridades les dijeron que debía pasar más tiempo. Ante esa negativa, su padre la buscó por todo el pueblo, pero no la encontró.

El 6 de septiembre, dos días después de la desaparición, los vecinos se comunicaron con la familia de Hazel para decirles que había un cuerpo en la barranca, tal vez era ella. Cuando sus padres llegaron al lugar, comprobaron que se trataba de su hija. Fue estrangulada con un pañuelo.

“Siento que la autopsia no fue completa. El cuerpo lo encontraron en la mañana, no sé a qué hora se lo llevaron al Semefo (Servicio Médico Forense), pero al parecer llegó como a las 11 o 12 de la noche a la casa; entonces la autopsia no duró ni un dia”, dice Ana Karen, la hermana mayor de Hazel.

Ana Karen recuerda, incluso, haber encontrado un cigarro en el bolsillo del pantalón que Hazel vestía aquel día, algo que las autoridades no reportaron. Tampoco hicieron pruebas toxicológicas como parte de la autopsia.

Más de un año después del feminicidio de Hazel, su familia no ha podido conocer la carpeta de investigación del caso. Ana Karen dice que cuando sus padres pidieron tener acceso a ella en el Ministerio Público, les fue negada sin que nadie les explicara por qué.

Han pasado 14 meses desde que Hazel fue asesinada y su familia todavía no tiene respuestas sobre qué sucedió ese 4 de septiembre. Más de un año después, el feminicidio de Hazel sigue en la impunidad.

Gabriela | “Las mujeres que trabajan son machos”

Gabriela sacaba adelante su negocio, era una mujer que no se dejaba. Para Israel, su cuñado , mujeres así son “como machos”, recuerda su hermana Irma. Lucía, hermana de Norma y Gabriela, tenía una relación violenta con un hombre llamado Israel. «Ella decía que le aguantaba todo, los golpes y todo, menos que tuviera otro hijo que no fuera con ella; ese era el pensamiento tonto que tenía”, dice Irma

En diciembre de 2016, la pareja se separó de manera definitiva cuando otra mujer llegó a la casa de ambos con un bebé que, decía, era de Israel. El 8 de abril de 2017, ambos discutieron porque él se quería llevar a sus hijos. En la discusión, Israel arrastró a Lucía con su vehículo. Fue entonces cuando ella decidió irse de la casa en la que él la había dejado vivir, a pesar de estar separados.

Esa noche, Lucía se quedó con su hermana Gabriela y a la mañana siguiente regresó a la casa de Israel para llevarse su ropa y papeles. “La puerta estaba cerrada con candado”, dice Irma, quien vive en Estados Unidos pero está al tanto de la situación. Irma y Gaby se comunicaron con el padre de Israel para que les abriera la casa, “así fue como Israel supo que estaban ahí”, cuenta Irma.

Gabriela nunca se bajó del vehículo en el que llegó, se quedó ahí con su bebé, que entonces tenía un año y medio. Lucía fue quien descendió para hablar con el padre de Israel. Cuando Israel llegó, les dijo que no podían sacar nada de la casa y, después de hablar con Lucía, se acercó al auto para hablar con su cuñada.

“Ya me tienes harto”, le decía Israel mientras se aproximaba al auto, pero Gabriela no respondía. Entonces sacó un arma y disparó al piso, después la puso en la sien de Gabriela y volvió a disparar. Entre el alboroto, entre todos los gritos, Israel escapó.

“El asesinato de mi hermana nos cayó como un balde de agua fría”, dice Irma, y cuenta que después del homicidio, Lucía tuvo que mudarse a otro estado por el miedo a que Israel la lastimara también.

Con Irma en Estados Unidos, es Lucía quien se encarga de darle seguimiento a la investigación, pero desde que no vive en el Estado de México, en donde ocurrió el feminicidio, es difícil para ella acudir a la procuraduría para hablar con los funcionarios a cargo del caso.

Lucía se ha presentado dos veces en la procuraduría para pedir detalles del estado de la investigación, y en ambas ocasiones le han dicho que tiene que regresar al día siguiente, “pero ella no puede hacerlo, no tiene en dónde pasar la noche”, dice Gaby.

Hasta ahora, Israel está libre. La familia de Gaby cree que los padres del feminicida de su hermana han sobornado a las autoridades para que la investigación no avance.

Pilar | “Nunca nos dijeron que iba a salir de la cárcel”

Pilar Argüello Trujillo tenía 20 años en 2012, cuando fue asesinada en Coscomatepec, Veracruz. Era un domingo 2 de septiembre cuando Pilar salió de su casa; a las nueve de la noche no había regresado.

“Ella nunca regresaba tarde”, recuerda don Pedro, su padre. Él y Reyna, la madre de Pilar, llamaron a su celular toda la noche, pero estaba apagado. Dos días después, don Pedro escuchó la noticia anunciada por un vendedor de periódicos: habían encontrado el cuerpo de una mujer joven en un terreno baldío. Al acercarse a ver la fotografía comprobó que se trataba de Pilar.

Ese día, el martes 4 de septiembre, fue arrestado el sospechoso de haberla matado, quien confesó un día después. Se trataba de su novio, de 16 años, quien la violó y la mató porque Pilar se negó a tener relaciones sexuales con él.

Dos meses después, un juez de la Sala de Responsabilidad Juvenil en Veracruz dejó libre al feminicida por considerar que la reconstrucción de los hechos no se había realizado conforme a la ley.

“A nosotros nunca nos llegó ni una notificación de que iba a salir”, dice Pedro, “sí era menor de edad, pero sí sabe lo que es matar a alguien. ¿Cómo puede ser que un delincuente tenga garantías y nosotros no?”

El caso de Pilar fue presentado por la organización civil veracruzana Equifonía ante el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en agosto de 2014.

En julio de 2017, el organismo internacional emitió una recomendación dirigida al gobierno veracruzano para reabrir el caso y eliminar los obstáculos para esclarecer el feminicidio de Pilar. Sin embargo, hasta ahora el caso sigue en la impunidad.

Veracruz es uno de los tres estados cuya declaratoria de Alerta de Género no establece la obligación de crear una unidad especializada en revisar los expedientes archivados de feminicidios para identificar posibles deficiencias en la investigación y sugerir diligencias que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

Para don Pedro y doña Reyna, la Alerta de Género en Veracruz no ha ayudado a hacer justicia en el caso del feminicidio de Pilar. “Lo que yo quisiera saber es qué pasó, por qué no lo encerraron. No me importa el dinero ni la reparación del daño, yo quiero saber quién fue, porque eso no me deja en paz”, dice Reyna.