Lado B
Red proveedora del IMSS falsifica marcas y registros sanitarios para vender equipo médico
Isabel Camacho, cabeza del grupo de empresas, utilizó una compañía que no era de su propiedad para vender equipo médico de alta especialidad al Instituto por más de 26 millones de pesos, utilizando documentos apócrifos
Por Ernesto Aroche Aguilar @earoche
07 de junio, 2018
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Claudia Altamirano y Ernesto Aroche

@claualtamirano, @earoche

La red de empresas proveedoras de equipo e instrumental médico que funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solaparon no sólo simuló competencia y pagó favores a los responsables de otorgar los contratos; también falsificó registros sanitarios para seguir vendiendo equipo y utilizó el nombre y los documentos oficiales de una empresa para participar en licitaciones, sin autorización de la dueña.

María Isabel Camacho Ruiz, cabeza de la red, utilizó a dos empresas: International Equipment JCB —de la que es apoderada según el acta ante Registro Público— e Innovación MEC, compañía constituida por Miriam Escalona, exabogada de Camacho Ruiz, para vender equipos al IMSS que no tenían registro sanitario ni eran de la marca que informaron en su oferta.

A Innovación MEC la usó para vender equipo de alta especialización médica, como unidades de monitoreo de signos vitales, equipo de diagnóstico cardíaco y de rayos X, mobiliario hospitalario como camillas y camas especiales, entre otros.

Pero la usó sin permiso de la propietaria legal de la empresa, quien había trabajado con María Isabel Camacho meses antes de que empezaran a usar a esta empresa.

Innovación MEC es propiedad de Miriam Escalona y su sobrino Guillermo Escalona, pero fue usada para facturar al menos 26 millones de pesos sin la autorización ni el conocimiento de ellos, para lo cual falsificaron firmas y usurparon su identidad ante el IMSS, la Secretaría de la Defensa (Sedena) y en trámites bancarios.

Registros sanitarios apócrifos

La falta de registros que avalen el funcionamiento correcto y el respeto a las normas técnicas exigidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para los equipos médicos no impidió a María Isabel Camacho seguir haciendo negocios con el IMSS.

A través de su red de empresas, vendió al instituto encargado de la salud pública equipo de Rayos X que carecía de permisos sanitarios y que no era de la marca Advanced, de la que su empresa Dacega Corporation es distribuidora.

En la licitación T294-2015, que se realizó en diciembre de 2015, la empresa Innovación MEC participó en un concurso cerrado para venderle al hospital general de Zona 68, de la delegación regional Oriente del Estado de México, una “Unidad Radiológica y Fluoroscópica Transportable Tipo Arco en C”.

En el proceso, la compañía presentó un registro sanitario folio 0359E2014. En el documento, del que Animal Político tiene copia, se lee que dicho registro fue otorgado por la Cofepris a la empresa Dacega, y permitía comercializar un “Sistema de Imagen de Rayos X Advanced TRX”.

Sin embargo, en los archivos de Cofepris lo que se observa es que ese registro se otorgó, en realidad, a la empresa Karl Storz Endoscopía México para la venta de Fibroscopios – Gastroenterológicos.

Cofepris confirmó a Animal Político que el registro sanitario no se le otorgó a ninguna de las empresas de la red. Este último dato también fue confirmado por el IMSS.

En la revisión de la base de datos de licitaciones de Compranet se confirmó que el Instituto le compró ese equipo a dos de las empresas de la red de María Isabel Camacho: Innovación MEC (un equipo) y a JCB (tres equipos) pagando por ello un total de 16.7 millones de pesos.

Además de presentar registros falsos en la licitación, Innovación MEC y JCB falsearon la marca del equipo. Animal Político consultó a la compañía Advanced Instrumentations, ubicada en Miami, Florida, para confirmar que hubiera vendido a las empresas de la red la Unidad Radiológica Fluoroscópica con Arco en C. En entrevista telefónica la firma desmintió este dato, ya que no es fabricante de ese modelo.

Agregó que ya tenían conocimiento del caso porque los han buscado de hospitales mexicanos (sin detallar cuáles) para solicitarles refacciones de esos equipos, pero no cuentan con ellas ya que ese modelo no existe en la marca.

El caso de la unidad radiológica no fue el único en el que las empresas de la red presentaron información falsa en las licitaciones. En 2016, en una compra conjunta entre el IMSS y la Sedena marcada con el folio E11-2016, los peritos que revisaron las propuestas de equipo detectaron un nuevo uso ilegal de los registros sanitarios.

En esa ocasión, la empresa Innovación MEC intentó vender a ambas dependencias varias Centrales de Monitoreo hospitalario y una Unidad de Anestesia básica. Al comprobarse que los registros sanitarios presentados no correspondían a los equipos, y que incluso los equipos ofertados no eran de los mismos modelos de la documentación técnica, fueron rechazados de la competencia.

Esa situación no detuvo a la red de empresa, ni provocó que los funcionarios del IMSS dejaran de comprarle equipo a la red.

Usurparon la empresa

Del uso ilícito de Innovación MEC para vender equipo al IMSS, Escalona Correa se enteró dos años y medio después de que dejó de laborar en la empresa de María Isabel Camacho; para ese momento la empresa ya había ganado 47 licitaciones, había generado 330 facturas por la venta de –entre otros equipos– 174 electrocardiógrafos, por lo cual emprendió una batalla legal contra Camacho Ruiz para deslindarse de estas acciones.

Escalona proporcionó a Animal Político los documentos que prueban que esta red utilizó el domicilio de su empresa para otras en las licitaciones; registró como empleados suyos a miembros de la red, incluido un exfuncionario del IMSS y su madre; falsificó su firma en facturas y realizó movimientos hacendarios de manera virtual.

En entrevista la contadora Isabel Camacho, su abogado Jorge Federico Solórzano y su socio, el exfuncionario Javier Israel Fernández negaron las acusaciones y aseguraron que se trata de un intento de extorsión por parte de Escalona.

Animal Político solicitó al IMSS su postura respecto a los contratos firmados con una empresa cuya propiedad nunca confirmó, lo único que dijo la institución es que no había ninguna investigación al respecto.

El origen de Innovación MEC

De acuerdo con el testimonio de Escalona Correa, sustentado por documentos probatorios que presentó en la demanda mercantil que inició hace unos meses, la abogada conoció a María Isabel Camacho en 2011, cuando le vendió un inmueble en la colonia San Jerónimo Aculco. A los pocos meses se convirtió en su representante legal para los trámites que requerían sus empresas, particularmente la obtención de registros sanitarios de sus equipos ante la Cofepris.

Tras dos años de colaboración, Camacho Ruiz le sugirió crear su propia empresa para vender equipo médico. Escalona Correa decidió seguir la sugerencia y registró a la empresa Innovación MEC, que según su acta ante Registro Público tiene dos socios: Escalona Correa y su sobrino Guillermo Escalona Olivares, únicos apoderados y administradores de la empresa.

“Cuando me di cuenta que había cosas raras decidí salirme. Yo tramitaba los permisos ante Cofepris y encontré uno que estaba raro; cuando le pregunté a Javier me dijo que ese equipo no tenía y que yo lo ‘hiciera’ ahí mismo, o sea que lo fabricara. Yo les dije que a esas cosas no le iba a entrar y renuncié” dijo Miriam Escalona.

La mujer se refiere a Javier Israel Fernández López, socio de Isabel Camacho y exsubdirector del Hospital de Ginecobstetricia ‘Luis Castelazo Ayala’ del IMSS, quien fue registrado como empleado de Innovación MEC junto con su madre, Cristina López, según consta en los recibos de nómina que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a Escalona cuando ella realizó su investigación para iniciar la demanda mercantil.

Tras renunciar a su trabajo con María Isabel Camacho, la abogada solicitó dejar por escrito y ante notario los trámites necesarios para revocarle legalmente todos los cargos que tenía en la red: comisaria de cinco de las seis empresas; representante ante el SAT de DCG Technology; representante ante el IMSS de MED Prime; responsable sanitario de JCB; así como todas las obligaciones legales y fiscales derivadas de su propia empresa, Innovación MEC, para lo cual solicitó a Isabel le firmara una transmisión de las acciones.

Ambas firmaron un acta con estos compromisos –Animal Político cuenta con copia del documento- pero Isabel sólo cumplió con revocarle los cargos en su red de empresas: nunca convocó a una asamblea de accionistas para adquirir Innovación MEC y sin embargo, la utilizó para conseguir más contratos con el IMSS.

De acuerdo con la información registrada en el portal de adquisiciones del gobierno Compranet, consultada por este medio, Innovación MEC ha cobrado al IMSS 26 millones, 424 mil 468 pesos a través de 47 procedimientos: 31 licitaciones públicas, cinco invitaciones a por lo menos tres empresas y nueve adjudicaciones directas. En estas últimas también resultaron beneficiadas otras empresas de la red: MED Prime, DCG e International Equipment JCB –de las cuales Isabel Camacho es apoderada legal-, así como Dacega Corporation, administrada por Camacho.

Escalona Correa asegura que nunca tuvo conocimiento de ninguno de estos movimientos hasta mediados de 2017 cuando otro exempleado de Camacho, que también dejó la red por las irregularidades que ahí ocurrían, le avisó que su nombre seguía apareciendo en documentos de otra de las empresas, por lo que la abogada solicitó al IMSS toda la información sobre los contratos celebrados con Innovación MEC; al SAT le pidió lo relativo a trámites hacendarios y buscó a la empresa de facturación en línea Factorum para que le entregara las facturas emitidas por su empresa: 330 en total. Así fue como descubrió la actividad que por dos años tuvo su empresa sin su consentimiento.

También descubrió que María Isabel Camacho y su sobrina, Patricia Gutiérrez, abrieron una cuenta en BBVA Bancomer donde recibían los pagos. Dicha institución bancaria es el tercer actor demandado por Escalona, por haber permitido la apertura de una cuenta a nombre de una empresa sin acreditar la propiedad o la identidad de quienes la abrieron. Frente a la demanda mercantil, Bancomer envió una primera respuesta, en la que confirmó que las firmas registradas en la cuenta son las de Patricia Gutiérrez e Isabel Camacho.

Las acusaciones mutuas

Tanto Fernández López como Isabel Camacho –también socios por la constitución en enero pasado de una nueva empresa de la que ambos son accionistas: Proyectos Médico- Hospitalarios de México–, admitieron en entrevista la existencia de la red de empresas pero negaron ser dueños del resto, sólo ella admitió la propiedad de Dacega Corporation y rechazaron que se trate de simulación de competencia.

Y aseguraron que todas las imputaciones son un intento de extorsión por parte de Miriam Escalona.

“Estoy amenazada por parte de la señora Miriam Escalona. Ella se dedica a la extorsión”, dijo Isabel Camacho en entrevista con Animal Político.

En una segunda entrevista Fernández López aseguró que han interpuesto denuncias formales contra Miriam Escalona por robo y extorsión, pero no presentó ningún documento para sustentarlo.

Fernández acudió acompañado de Jorge Federico Solórzano, otro de los abogados de Camacho Ruiz, quien ha acudido como representante de Innovación MEC ante el IMSS para las licitaciones, y cuyo nombre y firma como “representante legal” aparece en garantías de los equipos vendidos por MEC.

Cuestionado sobre estos documentos, Solórzano Medinilla se limitó a responder que el documento mostrado “es una copia fotostática”, sin negar que se tratara de su firma.

La demanda mercantil de Miriam Escalona presentada ante el juzgado 11 de Distrito sigue en marcha, ya que según la abogada, quiere quedar libre de responsabilidades por el uso que se dio a su empresa sin su consentimiento, además de reparar su reputación ante las acusaciones de extorsión por parte de la red de Isabel Camacho Ruiz.

“Ella me mandó decir que me calmara porque tenía conocidos a nivel Presidencia y en nuestro país vemos día a día que las personas que denuncian son asesinadas. A mí lo que me preocupa es mi familia, mi equipo de trabajo y mi trayectoria porque yo tengo un nombre, una reputación, un buró de crédito, muchas cosas que yo construí y no es posible que alguien venga y me lo robe, porque eso hizo, me robó la identidad”, puntualizó Escalona Correa.

*Este texto se publica con la autorización del portal Animal Político, la fuente original del trabajo.

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Autor Lado B
Ernesto Aroche Aguilar