Población indígena y científicos se oponen a la creación del área protegida que sustituye a siete áreas de protección ya existentes. Sostienen que no se presentaron los estudios ambientales como manda la ley, no se realizó una consulta previa y no se consideraron las demandas territoriales de los pueblos

La nueva área posee 4,2 millones de hectáreas de bosques casi sin intervención. Foto: Jaume Escofet, con licencia libre genérica Creative Commons 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Jeanfreddy Gutiérrez Torres | Mongabay Latam

@MongabayLatam

El 22 de marzo de 2017 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación del Parque Nacional Caura en la cuenca del río que lleva el mismo nombre, con el fin de proteger el potencial hidroeléctrico, la biodiversidad de la zona e impulsar acciones de saneamiento ambiental por los efectos negativos causados por la minería ilegal, según se precisa en el decreto que fue publicado un día antes.

Sin embargo, a pesar que existía una demanda por conservar esta zona biodiversa, la creación del parque nacional no ha sido bien recibida.  La nueva área protegida ha sido creada sobre el mismo territorio de la Zona 2 del Arco Minero y una poligonal de 4 millones de hectáreas que desde hace 15 años reclaman los pueblos indígenas Sanemá y Yekwuana como territorio ancestral, gracias a los derechos adquiridos con la nueva Constitución de 1999 que luego se amplió con la Ley de Pueblos Indígenas de 2005. Antes de esto, los reclamos no tenían un soporte legal e institucional.

Según todas las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje, el gobierno no cumplió con los requisitos legales necesarios para la creación del Parque Nacional Caura. No se realizó una consulta previa, informada y libre, a los pueblos indígenas ni se presentaron los estudios ambientales como manda la ley, los que además debían ser evaluados por la Asamblea Nacional.

Esta no sería la primera vez que el gobierno pasa por alto la presentación de estudios ambientales. En diciembre de 2016, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, reconoció en una sesión ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Ciudad de Panamá, que los estudios necesarios para la declaración del Arco Minero del Orinoco, un área de 111 000 kilómetros cuadrados ubicada al sur de Venezuela en la que se entregaron concesiones mineras a 150 empresas transnacionales, no se hicieron.

El Parque Nacional Caura fue creado sin realizar una consulta previa a los pueblos originarios que viven en el área, tal y como lo exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales: “en aquellos casos en los que la adopción de medidas de carácter legislativo o administrativo puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, siendo fundamental que dicha consulta sea realizada a través de las instituciones representativas de estos pueblos y por medio de procedimientos apropiados”. Este convenio está suscrito por Venezuela.

Tampoco cumplió con lo exigido en la Constitución venezolana que en su artículo 120 señala que “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

Para el abogado y coordinador del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, Vladimir Aguilar, usualmente la declaración de área protegida implica la pérdida de derechos de los indígenas sobre el uso del territorio. “La declaratoria es inconstitucional pues el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada y de buena fe junto al derecho al consentimiento, por cierto dos derechos diferenciados en forma y fondo, no fueron aplicados”, explicó a Mongabay Latam.

Aguilar advirtió que el aprovechamiento tradicional de los recursos, como la pesca, la caza y la agricultura estarían prohibidos con este nuevo decreto que crea el Parque Nacional Caura, así como prácticas no ancestrales como la agroforestería, el ecoturismo o la simple venta de artesanías, lo que viola las costumbres, modos y formas de vida de los indígenas.

Los tesoros del Caura

Con un área de 7,5 millones de hectáreas, el Parque Nacional Caura se convierte en el más grande de Venezuela.

La nueva área protegida abarca una parte de los municipios de Sucre, Cedeño y Angostura, en el estado de Bolívar; y Manapiare, en el estado de Amazonas. Además, se extiende sobre siete áreas existentes: la Reserva Forestal Caura, el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama y los cinco tepuyes declarados monumentos naturales en 1990, que son la Sierra Maigualida, Cerro Ichum, Cerro Guanacoco, Cerro Guaiquinima y Salto Pará.

La cuenca de El Caura es altamente biodiversa. Posee 4,2 millones de hectáreas de bosques casi sin intervención. Según investigaciones hechas por la bióloga María Pía Bevilacqua, directora de la Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales (ACOANA), la zona posee el 17 % de la flora y el 32 % de la fauna del país.

Bevilacqua participó en el 2011 en la elaboración del estudio sobre taxonomía vegetal en El Caura que encontró 2902 plantas vasculares, 104 de ellas endémicas, así como 222 especies de orquídeas.

La fauna representativa del Parque Nacional Caura incluye las dantas (Tapirus terrestris), el báquiro de cachete blanco (Tayassu pecari), las pavas de cola blanca (Crax alector) y de cola colorada (Mitu tomentosum), el oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), la lapa (Cuniculus paca), el picurito rabudo (Myoprocta pratti), el báquiro de collar (Pecari tajacu), el mono araña de vientre amarillo (Ateles belzebuth), rabipelados (Didelphis marsupialis), cachicamos (Dasipus spp) y venados y grullas (entre otras aves galliformes). También alberga carnívoros de gran tamaño como el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor) y el hurón (Eira barbara). Muchas de estas poblaciones son afectadas por la presión de la caza ante el crecimiento demográfico, según investigaciones de la Universidad de Washington y la Wildlife Conservation Society publicadas en 2016.

En el Libro Rojo de la Fauna Venezolana figuran ocho especies que habitan el área protegida con distintos niveles de amenaza y peligro: la tonina del Orinoco (Inia geoffrensis) y costera (Sotalia guianensis), el águila arpía (Harpia harpyja), el bagre doncella (Sorubimichthys planiceps), el perro de monte (Speothos venaticus) y de agua (Pteronura brasiliensis), el manatí (Trichechus manatus) y el semillero de Carrizales (Amaurospiza carrizalensis).

El nuevo Parque Nacional Caura es el hogar también de las etnias Hoti, Sanemá y Yekuana; la población afrodescendiente de Aripao; así como las comunidades criollas y mestizas que desde hace 60 años llegaron para poblar Puerto Cabello del Caura, Trinchera y Jabillal, a orillas del río Caura.

Rechazo de indígenas

En los parques nacionales de Venezuela se prohíben actividades como la tala, la caza, la pesca y la agricultura; solo se permiten las recreativas, las turísticas, educativas y vinculadas a la investigación científica.

El decreto de creación del Parque Nacional Caura establece en sus artículos 5 y 6 que la administración y manejo de El Caura estará a cargo del Instituto Nacional de Parques (Inparques), con la misión de redactar el Plan de Ordenamiento y Regulación de Uso “con verificación de los aportes de las comunidades indígenas habitantes de la zona y organizaciones de base del poder popular” quienes serán “órganos auxiliares de guardería” que será realizada en conjunto con la Guardia Nacional.

En su artículo 8 obliga a todas las personas naturales, jurídicas, públicas y privadas a notificar a Inparques en 90 días las actividades que hagan o deseen hacer, y el 10 establece que se permite a las comunidades asentadas continuar con sus actividades mientras se realicen “bajo un modo de vida social, cultural y económico en equilibrio con el espacio natural”.

Esto sorprendió a las comunidades indígenas y a las instituciones que realizan proyectos de conservación con ellos, básicamente, porque se trata de un territorio que los pueblos asentados en el área demandan como propios desde hace más de 15 años sin ser escuchados por el Estado.

La asociación civil Kuyujani, que reúne a 52 comunidades de indígenas Yekwana y Sanemá que habitan en El Caura, rechazó el Arco Minero y también la creación del Parque Nacional Caura a través de varios comunicados. Su coordinador electo en febrero de 2017, Enjayumi Torres, indígena yekwana, habló con Mongabay Latam para explicar su posición.

“En una asamblea extraordinaria que realizamos los días 13 y 14 de abril rechazamos la creación del parque y decidimos recurrir a Naciones Unidas y el Derecho Humanitario Internacional ante las deficiencias del sistema de justicia venezolano. Publicamos ese comunicado para exigir que se nos entregue el título de propiedad colectiva pero ya que se decretó (la creación del Parque Nacional Caura), queremos participar en el diseño del plan de ordenamiento”. El líder indígena señaló que están dispuestos a “luchar y negociar” para que se cumplan sus exigencias.

Desde el año 2002, 48 comunidades de los pueblos indígenas Sanemá y Yekwana exigen la titularidad de 4 millones de hectáreas en la cuenca del Río Caura, según han solicitado legalmente a la Comisión Nacional de Tierras Indígenas. La extensión que reclaman como territorio ancestral, hoy forma parte del Parque Nacional Caura.

“No queremos que el parque tenga usos criollos sino que se nos permita continuar nuestros modos de vida, que se incluya lo que consideremos, somos los que sabemos, queremos ser los guardaparques”, dijo el coordinador de la asociación civil Kuyujani.

Torres describió la vida en El Caura como una mezcla de “minería ilegal, grupos armados, guerrilla, prostitución, SIDA, violencia y atropellos de militares”. Los indígenas a veces deben pasar horas esperando en una alcabala o punto de control de la Guardia Nacional, “mientras nos revisan las curiaras (embarcaciones), eso nos incomoda, nos hacen pedir permisos en nuestras tierras”. Los militares llegaron en 2010 en el llamado Plan Caura para erradicar la minería ilegal. “Los solicitamos para que sacaran a los invasores, pero ahora hay más, así que desconfiamos de ellos”, sostuvo Torres. Reveló también que hay indígenas que se han organizado, aunque sin armas, en comités de autodefensa. “Hay mucho desorden, con la minería ha pasado de todo, no hay voluntad buena, lo hacemos para ordenar un poco porque no podemos frenarla”.

Para Aguilar se obvió la posibilidad de crear un Hábitat Indígena, figura de protección estipulada en la Ley de Pueblos Indígenas. “Las áreas protegidas junto al reconocimiento de los territorios indígenas podrían constituir mecanismos alternativos de superación de la crisis, cuyo objetivo sea el fortalecimiento del proyecto democrático esta vez desde la interculturalidad y de la diversidad biológica”.

Conservación en peligro

El zoólogo Arnaldo Ferrer, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias (FUDECI), es responsable del proyecto de reinserción de tortugas arrau (Podocnemis expansa) y terecay (Podocnemis unifilis) en El Caura, especies en peligro crítico y vulnerable, respectivamente, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana. “Con el nuevo decreto (de creación del Parque Nacional Caura), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) podría dejar de financiarlo por la necesidad de aprobación de Inparques, y hemos logrado reintroducir más de 47 000 ejemplares después de una extinción total por la cacería. Poblaciones que hemos evaluado y están creciendo”.

Dos semanas después de la creación del parque, Ferrer visitó El Caura y le confirmó a Mongabay Latam que “No ha cambiado nada. Permanece la operación minera, Inparques no ha visitado el lugar”. Criticó, además, la falta de estudios ambientales amplios y recientes para la declaratoria.

“La zona une lo amazónico con la antigüedad del Escudo Guayanés (de unos 3500 millones de años). En 2008 encontré una rara especie de murciélago (Cyttarops alecto), una especie abundante en Centroamérica, pero es el primer reporte en Venezuela y tercer reporte en Sudamérica, tras capturar un ejemplar en Colombia y dos en Brasil, ¿cuántas otras especies podría haber en el lugar? Eso requiere estudios de ecología y población. Esto parece una estrategia para lucir bien después del Arco Minero”.

Luis Jiménez, coordinador general de PhyNatura, institución que ha firmado acuerdos de conservación con cuatro comunidades de El Caura para proteger 148 mil hectáreas, considera que el decreto no es específico en lo que se va a considerar como sustentable.

“Es retrógrado porque nosotros hemos certificado lo que hacemos con la Oficina Nacional de Diversidad Biológica”. Se pregunta también sobre el destino de las comunidades no indígenas con arraigadas prácticas de caza, pesca y agricultura,según lo explica el estudio 2013 de FUDECI. “Todos se van a meter a mineros”, pronosticó sobre la coincidencia con el territorio del Arco Minero. “Y se va a prohibir lo que sí debería legalizarse bajo el lema de la extracción de diversidad”.

“Lavada de cara ambiental”

Para el biólogo Carlos Peláez, experto en Cambio Climático y director de formación de la ONG ambientalista Provita, capítulo venezolano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la creación del área protegida parece una “lavada de cara ambiental”.

“Los ambientalistas tenemos sospechas porque se cumplió el pedido (de creación del Parque Nacional Caura) pero bajo un proceso poco claro, con malos antecedentes y tras el decreto minero, lo que parece querer contrarrestar la campaña internacional en contra”, apuntó. Indicó luego que el trazado de poligonales distintas a lo solicitado, la entrega del control de la zona a las fuerzas armadas, con tanta desconfianza nacional, parece crear “nuevos peligros en una zona ya complicada”.

Peláez resaltó el valor que tienen los bosques de la Amazonía venezolana, sobre todo tomando en cuenta la capacidad que poseen para capturar carbono. Por eso le preocupa la deforestación en El Caura. “Si un país petrolero e ineficiente como Venezuela puede decir que sus bosques anulan sus emisiones, tienen un valor muy alto, pero como con la deforestación se pierde es algo a lo que nos oponemos. El decreto es muy poco claro: no te da elementos técnicos para hacer un análisis serio basado en datos. Parece propaganda”, indicó.

Su postura es compartida por Jon Paul Rodríguez, presidente del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y presidente de la Comisión de Supervivencia de las Especies de la UICN: “La propuesta es ambigua y confusa. Se esperaría más base técnica, mientras nos crea desconfianza el rechazo de los indígenas”. Rodríguez concluyó que hace “falta información y las amenazas son muy grandes. No está claro cómo sería el papel de las ONG, universidades y sociedad civil en la redacción del reglamento de uso”.

Parques de papel

El biólogo Jorge Naveda Sosa, quien trabajó en la Dirección de Parques Nacionales de Inparques y es catedrático en ordenación del territorio, gestión de áreas protegidas y desarrollo sustentable, habló con Mongabay Latam y criticó al gobierno por su falta de efectividad en la creación de áreas protegidas, por la falta de acciones que acompañen a la declaratoria legal y por la mala gestión de esos espacios naturales.

“Hay áreas protegidas que jamás se usaron. En 2008 se declaró un santuario para murciélagos (Cuevas de Paraguaná) y no se ha gestionado”. Según la web de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica aún no tiene plan de ordenamiento. “En el fragor político se han creado muchas leyes en lugar de agregarlas a las ya existentes”.

Sin embargo, Naveda, Aguilar y la organización indígena Kuyujani coinciden en que la zonificación del parque nacional podría reparar los vacíos y fallas técnicas, si las observaciones de los científicos y líderes de los pueblos originarios son tomadas en cuenta en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. Hay dos ejemplos considerados exitosos, según los entrevistados, que podrían tomarse como referencia: el Parque Nacional Sierra de Perijá (en Zulia, estado fronterizo con Colombia) y el Parque Nacional Duida-Marawaca, un tepuy en el estado Amazonas.

Han pasado tres meses desde la creación del Parque Nacional Caura y aún el gobierno no ha anunciado cómo será gestionada la nueva área protegida.  El Ministerio de Ecosocialismo y Aguas aseguró en una nota de prensa que ahora se protegerá la coroba (Yesenia policarpa), aunque la especie no figura en el Sistema Venezolano de Diversidad Biológica como amenazada, y luego anunció que se realizó el 20 de mayo una única reunión en la que participaron funcionarios de Inparques, autoridades militares y locales, así como la Organización Indígena de la Cuenca del Caura, la que los pueblos originarios del área consideran desconocida, para discutir el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso.

El capítulo detrás de la creación del Parque Nacional Caura aún no está cerrado. Científicos y comunidades permanecen atentos a las decisiones que tomará el gobierno. “Esto parece una estrategia para lucir bien después del Arco Minero”, dijo Ferrer, quien lidera programas de reinserción y conservación de caimanes y tortugas continentales junto a la ONG Fudeci en El Caura.

[quote_box_left]Publicación original: Mongabay Latam[/quote_box_left]