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Josué Cantorán

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El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió el juicio de nulidad 124D/15-EAR-01-6 en favor del ornitólogo poblano Martín Camacho, con lo que éste queda exento de la multa de 168 mil pesos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le fincó a principios de 2015 por supuestas irregularidades administrativas mientras fue director del aviario de Puebla, ubicado en el parque ecológico Revolución Mexicana.

Con esta sentencia de nulidad lisa y llana, resuelta en la Sala Especializada en Derecho Ambiental, con sede en Tlalpan, en la Ciudad de México, el ornitólogo queda absuelto al cien por ciento de las faltas que la dependencia federal le imputaba, según explicó en rueda de prensa su abogado defensor, Rafael Rodríguez Moreno.

Antecedentes

Esta historia legal se remonta a septiembre de 2014, cuando el gobierno estatal anunció el cierre temporal del parque ecológico con fines de remodelación. En aquel entonces, el ornitólogo Martín Camacho, que llevaba 23 años al frente de la administración del sitio ecológico, solicitó públicamente que se le permitiera dejar las puertas del aviario abiertas al público, pues la entrada que pagaban los visitantes eran los únicos recursos con que se mantenía la alimentación de los 1200 animales que ahí vivían.

El gobierno estatal respondió con una serie de acciones intimidatorias contra el pajarero y su equipo, según lo denunciaron ambientalistas en su momento. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ingresó al sitio el 24 de septiembre de 2014 a realizar una inspección bajo el argumento de que había recibido denuncias anónimas de tráfico y maltrato de animales.

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Esta situación contrastó con el actuar previo de la dependencia federal, que en el pasado había entregado al menos 157 aves a Martín Camacho para su resguardo y cuidado, de acuerdo con información del diario Intolerancia, debido al reconocimiento que el ornitólogo tenía en temas de preservación de fauna.

Sin embargo, cuando la revisión finalizó el 1 de octubre de 2014, la Profepa realizó la incautación precautoria de 316 aves, todas ellas de especies que están listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059, que protege a especies en peligro de extinción o endémicas.

A pesar de que las denuncias anónimas tenían inconsistencias, como el hecho de que contenían supuestos testimonios de que al aviario arribaban vehículos pese a que éste se encuentra rodeado de agua, la Profepa procedió con la incautación. Esto levantó la sospecha de ambientalistas de que la dependencia federal habría actuado con motivaciones políticas, según lo denunciaron públicamente hace casi dos años.

La misma Profepa tuvo que desistir de sus acusaciones de maltrato y tráfico al no encontrar prueba alguna de estos delitos, pero sí finco una multa de 168 mil pesos por supuestas irregularidades administrativas, es decir, fallas en la documentación que probara la tenencia legal de 105 animales, según lo informó la dependencia en un boletín.

Martín Camacho y su equipo jurídico procedieron entonces con un juicio de nulidad interpuesto desde abril de 2015, cuya respuesta favorable se notificó a los interesados a principios de este mes y se hizo pública en una rueda de prensa este martes.

¿Qué pasó con las aves? Sigue habiendo incertidumbre

De los 1200 animales que vivían dentro del aviario, la mayoría de ellos aves, aunque también tortugas, iguanas y un mono araña de nombre Frida, poco se sabe hoy.

[pull_quote_right]“Queda claro lo que siempre estuvo claro: que en el aviario no hubo maltrato (…). El maltrato sí probado con la muerte de los ejemplares no fue perseguido. Esa diligencia que tuvo la Profepa para llegar al aviario no se ha seguido con las muertes de las aves, donde sí hay actas levantadas de que murieron durante el desalojo. Ahí no intervinieron para nada, al contrario, lo justificaron, dijeron que en cuestiones de esta índole, de desalojar aves, es natural que se mueran”[/pull_quote_right]

Poco después de la revisión de la Profepa, Martín Camacho entregó el aviario al gobierno estatal, concretamente al organismo público descentralizado Convenciones y Parques, instancia que se hizo cargo de la evacuación de todos los animales junto con la Profepa y personal de Africam Safari. Algunos de ellos fueron llevados al parque Flor del Bosque.

Sin embargo, la Profepa sólo ha respondido, a medias, por la situación de los 316 animales protegidos. De las otras 884 aves no se sabe nada todavía. La dependencia federal ha dicho en varios comunicados que éstas no son de su competencia, deslindándose del asunto. Los ambientalistas que han seguido el tema sólo cuentan con pistas poco sólidas o versiones extraoficiales sobre su paradero.

“Extraoficialmente nosotros sabemos que los trabajadores que estuvieron remodelando el parque salían con patos, palomas, faisanes. Se los llevaban, no sabemos si se los regalaron, si les dijeron ‘agarren lo que quieran’. No sabemos cuál fue el destino de estos animales, si se los robaron, los asesinaron o los cocinaron”, expuso en rueda de prensa la periodista especializada en asuntos ambientales Pame Tajonar.

Sin embargo, la directora del portal Tierra Baldía señaló que sería competencia del gobierno estatal responder por estos animales, debido a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Puebla.

Sobre las 316 aves supuestamente protegidas por la Profepa, tampoco hay certidumbre.

Se sabe, primero, porque la Profepa lo admitió en un boletín publicado en marzo de 2015, que 23 animales murieron durante el traslado. Y aunque en teoría debería haber entonces 293 en Flor del Bosque, en mayo del año pasado la Profepa respondió a una solicitud de información realizada por este reportero que en el lugar sólo se encontraban 153, lo que dejaba 137 en incertidumbre.

Recuperar las aves, el siguiente paso

Por todo lo anterior, lo que sigue en el proceso legal es solicitar legalmente la devolución de las aves, pues ya no existe motivación jurídica para continuar el decomiso, así como exigir una compensación económica por los ejemplares que han muerto durante este tiempo, según adelantó el abogado de Martín Camacho.

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“Todavía faltan muchas cosas pero en un mundo como en el que estamos viviendo, donde es tan compleja la ley y está tan corrompido el sistema, pues (la resolución del juicio de nulidad) es un paso adelante. Faltan otras cosas, como averiguar dónde quedaron las aves”, dijo el ornitólogo.

Además, Camacho cuestionó que no se haya iniciado un proceso jurídico por la muerte de las aves durante el tiempo en que han estado a cargo de la Profepa, como sí ocurrió contra su persona por los delitos que hoy han sido probados como falsos.

“Queda claro lo que siempre estuvo claro: que en el aviario no hubo maltrato (…). El maltrato sí probado con la muerte de los ejemplares no fue perseguido. Esa diligencia que tuvo la Profepa para llegar al aviario no se ha seguido con las muertes de las aves, donde sí hay actas levantadas de que murieron durante el desalojo. Ahí no intervinieron para nada, al contrario, lo justificaron, dijeron que en cuestiones de esta índole, de desalojar aves, es natural que se mueran”, cuestionó.

Y añadió: “Queda claro que la Profepa actuó bajo las órdenes del gobierno del estado porque la intención era golpearnos, que nos sacaran, que nos desalojaran. Ese fue el papel que jugó la Profepa, no fue un papel de autoridad, de hacer las cosas como deberían ser, de hacer una investigación. Prueba de ello es que para hacer una investigación tiene que haber sólo dos inspectores, pero aquí estaba todo el departamento jurídico de la Profepa, lo cual es una violación a la ley misma de la dependencia”.

El seguimiento que Lado B ha dado de este conflicto desde septiembre de 2014 puede leerse en este link.