• 33 organizaciones ambientalistas solicitan también que la dependencia aclare públicamente que el ornitólogo Martín Camacho no fue hallado culpable de los delitos de maltrato y tráfico de especies
• Ciudadana consigue 5 mil firmas para que el gobierno estatal transparente el proyecto que pretende realizar en el sitio

Foto: Josue Cantoran

Josué Cantorán

@josuedcv

Una treintena de organizaciones no gubernamentales exigieron a la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que informe sobre el paradero y el estado de salud de las 1,200 aves que se encontraban al interior del Aviario de Puebla y cuya situación se desconoce desde que la dependencia federal realizara una inspección precautoria alegando la existencia de supuestas denuncias ciudadanas.

En un documento firmado por 33 asociaciones ambientalistas que se entregará a la Profepa esta semana, se exige que esta dependencia también aclare públicamente que el ex director del aviario, Martín Camacho, no participó de los delitos de maltrato y tráfico de especies protegidas, esto para resarcir las afectaciones a la imagen pública del ornitólogo ante una ola de publicaciones con información descontextualizada en su contra.

“Las organizaciones demandamos que su nombre y su labor en pro de la conservación de las aves de Puebla y México sea reconocida públicamente por dicha dependencia”, dice la misiva.

Esta acción se suma a las más de 5 mil firmas que la ciudadana Alejandra Calderón, también especialista en aves, ha logrado reunir en una petición a través de la plataforma Change.org, en la que exige al gobierno estatal, aún sin respuesta alguna, que devuelva la administración del aviario a manos ciudadanas y que transparente el proyecto que pretende llevar a cabo en el espacio que por 23 años dirigió el ornitólogo Martín Camacho sin respaldo económico de gobierno alguno.

Antecedentes

El 17 de septiembre de 2014 el parque ecológico “Revolución Mexicana” cerró sus puertas debido a un proyecto de modernización a cargo del gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle. En aquel momento, Martín Camacho, director del aviario de Puebla, que se encontraba hasta entonces al interior de dicho parque, solicitó públicamente que los trabajos de remodelación no afectasen la entrada de público al aviario, pues éste se sostenía sólo con lo que los visitantes pagaban al ingresar.

Foto: Josue Cantoran

Sin embargo, en lugar de ello, el gobierno estatal inició con una campaña de hostigamiento contra el ornitólogo para que éste desistiera de continuar al frente de la zona de conservación, según lo denunciaron en su momento el propio Camacho y activistas ambientales.

Aunado a esto, el 24 de octubre personal de la Profepa ingresó a las instalaciones del aviario a realizar una inspección precautoria bajo el argumento de que existían “diversas denuncias ciudadanas por presunto maltrato y tráfico de aves exóticas”, esto pese a que la misma dependencia había llevado en el pasado al menos 157 ejemplares de aves, pues en la ciudad no existe otro lugar especializado en la atención de estos animales.

Por ello, activistas ambientales cuestionaron el actuar de la delegación de la Profepa, dependencia que no tomó en cuenta el artículo 190 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que a la letra reza que “no se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante”.

El hecho de que la denuncia llegara justo en el momento en que el gobierno estatal buscaba hacerse de la administración del aviario, hizo pensar a los activistas que el actuar de la Profepa se debía más a una motivación política que a una verdadera denuncia ciudadana, según lo manifestaron en aquel momento.

Tras llevar a cabo dicha revisión, que concluyó el 1 de octubre de 2014, la Profepa solicitó a Camacho la documentación que acreditase la legal procedencia de todas las aves, requerimiento con el que el equipo jurídico del ornitólogo cumplió el 8 de octubre.

No hubo maltrato ni tráfico, admite Profepa, pero sí finca multa

Cuatro meses después de que la documentación fuese entregada, la Profepa informó por medio del boletín BP-078/2015, emitido el 11 de febrero de este año, que fincaría una multa de 168 mil 225 pesos contra Martín Camacho, quien no logró acreditar con documentación oficial la procedencia legal de 105 ejemplares que se encontraban en su poder.

En dicho documento informativo, la dependencia aseguró que su inspección se centró en verificar “el estado físico de las aves y su legal procedencia; los documentos del establecimiento, con el fin de corroborar si cuenta con la autorización correspondiente para manejar dichos ejemplares; y el inventario de las especies y ejemplares que se encuentran en dicho recinto (sic)”.

Sin embargo, el monto de la multa se debe no a los delitos de maltrato y tráfico de especies, como aseguraron las supuestas denuncias ciudadanas, sino a que Martín Camacho presentó documentación no oficial para acreditar la procedencia de 105 aves, de un total de 316 que se encontraron bajo inspección. Éstas, según aclaró él mismo durante una rueda de prensa, llegaron a sus manos a través de donaciones o solicitudes de ciudadanos que habían hallado aves en situación de maltrato o abandono.

“Había 105 ejemplares que quiso acreditar mediante cartas de donación y notas de venta-remisión, las cuales no cumplen con las disposiciones de legal procedencia señaladas en la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento (sic)”, dice la Profepa en dicho boletín.

Y continúa:

“Además, no acreditó contar con el registro actualizado de la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) y se confirmó que operaba sin contar con un plan de manejo aprobado por la SEMARNAT y omitía la presentación de informes anuales de actividades (sic)”.

De tal forma, en el documento se admite que las sanciones contra el ornitólogo se deben a faltas administrativas y no se trata de un ejercicio penal por los delitos por los que se le investigó inicialmente. A esto se suman las declaraciones que la delegada de la Profepa en Puebla, Alma Arzaluz, hizo a la periodista Pame Tajonar, especialista en cobertura de asuntos ambientales, en las que reconoció que la dependencia no encontró indicio alguno de maltrato o tráfico durante la inspección.

Ante todo esto, las organizaciones firmantes del documento mencionado previamente exigen “que el daño moral ocasionado al señor Martín Camacho Morales por parte de la delegación en Puebla de la Profepa sea resarcido porque una cosa es una falta administrativa, es decir, papeleo, informes preventivos y demás; pero desprestigiar y pretender criminalizar el trabajo y la trayectoria de un verdadero conservacionista, son cosas abismalmente diferentes”.

Es importante recordar que algunas voces afines al gobierno estatal han buscado desacreditar la labor de Martín Camacho a través de publicaciones donde se le acusa de los delitos que la propia Profepa ha encontrado improcedentes.

Desconocido, el paradero de al menos 800 aves

Después de que la Profepa ingresara a realizar una inspección al aviario y ante la insistencia del gobierno estatal por hacerse de la administración del proyecto de conservación, el ornitólogo Martín Camacho y los voluntarios que durante dos meses y medio se hicieron cargo de la alimentación de las aves, no volvieron a pisar el aviario.

[quote_box_right]activistas exigieron que la Profepa haga público el plan de manejo y de contingencia, así como las medidas de mitigación y preventivas con las que se llevó a cabo el traslado, para despejar cualquier suspicacia en cuanto a que la dependencia haya actuado de forma improvisada[/quote_box_right]

Ahí se perdió la pista de las más de 1200 aves que se encontraban en el aviario, cuyo paradero es hasta la fecha desconocido.

En el boletín antes citado, la delegación de la Profepa aseguró que se hizo cargo de 316 ejemplares de aves (de 61 especies distintas), pues la dependencia sólo tiene jurisdicción ante especies que tienen algún grado de peligro o amenaza de extinción.

El 26 de enero, la dependencia ordenó el traslado de esos 316 ejemplares a las instalaciones de Flor del Bosque, donde, en teoría, el organismo público descentralizado del gobierno estatal denominado Convenciones y Parques se haría cargo de ellos.

En dicho traslado, que se realizó en coordinación con personal del zoológico Africam Safari, murieron 23 ejemplares, según admitió la Profepa, quien también aseguró que dichas bajas “no están relacionadas con situaciones de negligencia”. No obstante, desde el inicio del conflicto, el ornitólogo Martín Camacho señaló en diversas ocasiones que el traslado de las aves a otro sitio pondría en riesgo su salud y su vida.

Ante lo anterior, activistas exigieron que la Profepa haga público el plan de manejo y de contingencia, así como las medidas de mitigación y preventivas con las que se llevó a cabo el traslado, para despejar cualquier suspicacia en cuanto a que la dependencia haya actuado de forma improvisada durante el traslado de las aves.

Del paradero de las otras 884 aves y especies animales que no entran en el interés de la Profepa, no se tiene ninguna pista, según confirmó el ecologista Raúl Cuéllar, director de Ventana Ambiental AC, durante una rueda de prensa.

E incluso sobre las 316 aves que en teoría se encuentran en Flor del Bosque se tiene absoluta incertidumbre, pues antiguos voluntarios del aviario que se han acercado al sitio a intentar obtener información sobre la situación de las aves, han tenido poca suerte ante el hermetismo del personal.

5 mil ciudadanos exigen al gobierno estatal devolver el aviario

A través de una petición en la plataforma Change.org, la también ornitóloga Alejandra Calderón ha logrado que más de 5 mil ciudadanos exijan al gobierno estatal regresar la administración del aviario a la gestión de la ciudadanía y transparentar el proyecto que planea realizar en dicho lugar, que, por cierto, ha sido la sede de numerosas investigaciones científicas y biológicas.

Alejandra, durante su etapa de estudiante, fue voluntaria dos veces en el aviario, por lo que las versiones periodísticas de que se derribaría la flora del aviario, que imita tres ecosistemas diferentes, para poner en su lugar un árbol de plástico, desataron su indignación.

–El aviario me gustaba mucho –dice la ornitóloga en entrevista con Lado B–. Lo único que pensaba es que si este lugar tuviese más dinero, entonces vaya que se proyectaría muchisimo más. El manejo estaba bien. (…) Para que en un lugar tengas tantas especies reproduciéndose, te habla de la armonía que tiene el sitio.

A pesar de que cada firma genera automáticamente un correo electrónico dirigido al gobernador Rafael Moreno Valle y al diputado del Partido Verde Ecologista de México, Juan Carlos Natale, éstos no han respondido a la petición.