Luis Felipe Lomelí

[dropcap]¿Q[/dropcap]ué nos lleva a cumplir o infringir la ley? Y, por consecuencia, ¿qué significa que la corrupción, en su sentido de “incumplimiento sistematizado de la ley”, sea un fenómeno sociocultural?

Las respuestas a estas preguntas han seguido por lo general un patrón esencialista, enraizado en explicaciones de índole biológica que datan de muchos siglos atrás y que, en resumen, repiten las falacias racistas (y sexistas) que pretendían dividir a la civilización de la barbarie desde la primera gran expansión o invasión colonial europea: aquí se cumple con la ley porque son civilizados (“son blancos y hombres como yo”, podría añadir el autor europeo, o “son blancos como yo quisiera ser considerado”, añadiría el autor criollo o mestizo) y allá no se cumple porque son bárbaros (el resto del mundo).

Dicho patrón explicativo es rastreable en “las mejores mentes de la filosofía” de los cinco continentes, tanto en Europa (Rousseau, Kant, Hume…), como en África (Sénghor et al.), o en cualquier discurso pro-“modernización”, ya fuera a través del exterminio o de la modificación radical de usos y costumbres, en Asia, Oceanía o América. Pero todas las anteriores obvian dos cuestiones primordiales: ¿qué es la ley y cómo se relaciona el individuo con ésta?

El azoro ante la ley

Para cualquier latinoamericano (o africano) viajar a un lugar donde la ley se respete sin cuestionarse genera azoro en primer lugar. “Pero qué les pasa, ¿están idiotas?” No me refiero aquí a las leyes o reglamentaciones que se antojan lógicas y convenientes sino, precisamente, a aquellas que parecen un exabrupto: por ejemplo, las que pululan en páginas de internet que hablan de “las leyes más absurdas del mundo” o, mejor aún, aquellas que han aparecido en programas cómicos de “cámara escondida” donde una persona interpela a otra porque lo que está haciendo –algo simple, cotidiano e inocuo- “está prohibido por la ley”… y la persona interpelada, por supuesto, deja de hacerlo y pide disculpas.

Esa frase: ¡Es la ley!/ It’s the Law! Tiene una fuerza tremenda en dichos lugares mientras que en Latinoamérica o África es más bien risible. Imagínese un letrero así en su barrio: “Está prohibido silbar en la banqueta. ¡Es la ley!”. ¿Le haría caso? Y sin embargo este tipo de letreros, así de absurdos, sí existen en otros lugares y su normativa se cumple: sí, en ésos donde nos dicen que no hay corrupción. ¿Por qué?

El criterio ante la ley

Para la mayor parte de las sociedades del mundo el cumplimiento de la ley civil está supeditado al criterio personal: cumplo con la ley si me parece justa. Incluso se ha construido una épica de la desobediencia civil en varias sociedades, nutrida de ejemplos locales o extranjeros: desde la toma de la Bastilla hasta la resistencia pacífica de Gandhi y los movimientos de independencia en Mozambique y Angola.

Es decir, si bien por un lado en las escuelas primarias del mundo se instruye a cumplir con la ley porque eso “es por el bien de todos”, también –en algunas sociedades más que en otras- se enseña que el desacato a la ley injusta es un acto heroico. Entonces, en esos lugares donde la gente cumple sin chistar con reglamentaciones absurdas, ¿vive gente sin criterio?

El individuo ante la ley

Por lo general, la implementación de una nueva ley conlleva un proceso de adaptación por parte de la ciudadanía y un despliegue retórico por parte del estado para convencer a sus ciudadanos. Dicho despliegue tiende a ser mayor cuando es una ley prohibitiva que cuando es una ley permisiva (pues las segundas son más comúnmente el reflejo de una demanda social ya generalizada). Y también tiende a ser mayor, además de ir acompañado de la implementación de un mayor aparato coercitivo, en las sociedades donde el prestigio del gobierno es menor. Piense, por ejemplo, en la implementación de las leyes antitabaco en EU, España y México.

[pull_quote_right]Qué tal si históricamente los gobiernos de estas sociedades “corruptas” se han empeñado en desprestigiarse a sí mismos, de modo que nadie, ni los propios policías creen en la utilidad de las leyes para asegurar la mejor convivencia social. Qué tal si estos gobiernos han redactado leyes maravillosas que ellos son los primeros en violar.[/pull_quote_right]

Así, no es que carezca de criterio la gente que vive en los lugares donde se cumplen sin cuestionar leyes absurdas (o que nos parecen absurdas) sino que, en estas sociedades, el gobierno como institución suele tener mayor prestigio tanto en el presente como históricamente. Esto implica que la naturaleza de la ley se entiende más como en esa versión de la escuela primaria -“es por el bien de todos”- que en cualquier otro sentido. Mejor aún, se confía en que la ley ha sido elaborada y dictada por las personas más capaces en la materia, aquellas que han investigado, analizado y discutido la mejor solución posible a una problemática social. Por lo tanto, si uno no entiende la razón de una ley que parece absurda, es porque a uno le faltan datos y no porque la ley sea absurda o abusiva. Igual que aquí, ¿cierto?

La corrupción de la ley

Pero en la mayor parte del mundo no sucede lo anterior. Incluso, en muchas de las sociedades donde hay un mayor cumplimiento de la ley, esto se debe no a una confianza o a un convencimiento racional sino a un aparato coercitivo atroz. Entonces, ¿por qué la ciudadanía no confía en su gobierno y sus leyes? Más aún, ¿por qué los primeros encargados de reforzar el cumplimiento de la ley –los policías- suelen olvidarse también de esta tarea?

Por ejemplo, en el caso de cierto país y más precisamente en el centro de ese cierto país, un oficial de tránsito suele aplicar la ley de forma discrecional. No me refiero aquí al caso de todos conocido de la extorsión mediante el invento de faltas al reglamento ni a las muy conocidas “mordidas” para evitar la infracción, sino a ese otro caso, también de todos conocido en esos lares, donde el oficial condona la falta: ya sea porque su primer interés no está en expedir una multa (y, por tanto, decide no hacerlo aun cuando el infractor insista en que lo haga) o porque se conmueve con el discurso del infractor, con el “no sea malito”. Cualquiera de estas situaciones es impensable –o, si sucede, es sumamente reprobable- en una sociedad que confía en sus leyes como mecanismo para asegurar la buena convivencia social. Ahí, un oficial no perdona a un criminal porque le dé flojera hacer una multa ni porque se conmueva: “ande, siga manejando borracho hasta su casa, pero porfis no lo vuelva a hacer”. Así, qué tal si en vez de subscribir esa hipótesis racista de que la corrupción es biológica (aunque ahora se diga “cultural”) pensamos otra versión. Qué tal si históricamente los gobiernos de estas sociedades “corruptas” se han empeñado en desprestigiarse a sí mismos, de modo que nadie, ni los propios policías creen en la utilidad de las leyes para asegurar la mejor convivencia social. Qué tal si estos gobiernos han redactado leyes maravillosas que ellos son los primeros en violar. Qué tal si, peor aún, estos gobiernos han utilizado la ley precisamente para lo contrario: no para asegurar la mejor convivencia sino para perpetuar la disparidad social, la existencia de los privilegios o la explotación de unos sobre otros. Si esto fuera así, entonces el incumplimiento sistematizado de la ley, la corrupción, tendría su “razón cultural” en la historia de la actuación de los gobiernos de dichas sociedades. Y un culpable claro de identificar: ese sector de la población, generalmente la clase alta, que ha detentado el poder y ha utilizado la ley a gusto y conveniencia.

Por supuesto, aquí estoy hablando de África.