Foto: Ámbar Barrera

Una de las integrantes del grupo de trabajo es del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, organización creada y presidida por RMV

Samantha Páez

@samantras

El viernes pasado (22 de abril) el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) publicó el resultado de la convocatoria quienes integran el grupo de trabajo que analizará la pertinencia de emitir una Alerta de Violencia de Género (AVG) en Puebla.

Como vaticinó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza -en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero pasado-, las académicas locales que conforman el grupo podrían no ser las adecuadas, incluso existen dudas sobre el proceso mismo para la conformación del equipo de especialistas.

El tema de la AVG se puso sobre la mesa en septiembre pasado cuando la diputada local Geraldine González Cervantes envió una iniciativa al Congreso del estado para solicitarla, sin embargo debido a que el Legislativo no está facultado para ello dejó la tarea a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla.

Para septiembre de 2015 sumaban 33 presuntos feminicidios en el año, esto de acuerdo con un análisis hemerográfico del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), y a ello se sumó la desaparición de Paulina Camargo Limón, de 19 años de edad y 18 semanas de embarazo.

La CDH dio a conocer el 28 de diciembre de 2015 que no haría la solicitud debido a que no encontró “elementos objetivos para hacerlo”.

Por este motivo dos organizaciones de la sociedad civil fueron las que pidieron la AVG para el estado. Primero fue el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica AC, el 9 de marzo, y luego Todos para Todos, el 30 de marzo.

Irregularidades desde la convocatoria

De acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, después de que las asociaciones piden la alerta y se acepta la solicitud se procede a la conformación de un grupo de trabajo “a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres”.

El grupo se integra por ocho personas: cuatro servidores públicos de Inmujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Mecanismo; y expertos seleccionados mediante convocatoria pública (dos estatales y dos nacionales).

Allí comienzan las anomalías, pues en la propia página de Inmujeres se publicaron dos convocatorias para conformar el grupo de trabajo: una el 11 de marzo y otra el 23 de marzo, aunque no se puede descargar el primer documento y el que sí se podía bajar ya no se encuenta disponible.

Lourdes Pérez Oseguera, académica e investigadora del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, de la Universidad Iberoamericana de Puebla (UIA), quien buscó formar parte del grupo, dijo a Lado B vía telefónica que ingresó sus documentos para participar desde la primera convocatoria, en ese momento le llegó un correo para confirmar que sus papeles fueron recibidos.

Posteriormente el director adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (Conavim), David Ricardo Uribe González, se comunicó con ella para informarle que habría una segunda convocatoria dado que la primera resultó “defectuosa”.

Uribe González dijo a Pérez Oseguera que sus documentos serían tomados en cuenta para la segunda convocatoria, ya que cumplió con todos los requisitos.

Después de ello la académica de la UIA envió diferentes correos electrónicos e incluso llamó a la Conavim para saber cuándo se publicarían los resultados de la convocatoria, pero no obtuvo respuesta.

También supo que dos personas recibieron llamadas de la Conavim para conformar el grupo de trabajo de manera directa, es decir, que tendrían trato preferencial pues sólo requerían “una carta de su rector”.

“¿Por qué lanzan la convocatoria? -cuestionó la académica-, además la convocatoria la lanzaron dos veces, nosotras nos enteramos una vez, corrimos porque además no la abrieron tantos días como debe ser, o sea, está lleno de irregularidades”.

Finalmente con fecha de publicación del viernes 22 de abril, aunque en el buscador de Google aparece la fecha del sábado 23 de abril, el Inmujeres dio a conocer que el grupo de trabajo lo conformarían Héctor Alberto Pérez Rivera y Mario Fausto Gómez Lamont, como especialistas nacionales, así como Elva Rivera Gómez y Catalina Aguilar Oropeza, como especialistas locales.

Dudas sobre la integración del grupo de trabajo

En los resultados de la convocatoria la Conamiv menciona que Catalina Aguilar Oropeza es colaboradora en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, organización que fue creada y es presidida por el gobernador Rafael Moreno Valle, como consta en el «ACUERDO del Ejecutivo del Estado, por el que crea el ‘Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla'» del 4 de abril de 2011.

De igual forma en los resultados se menciona que Aguilar Oropeza es representante de la Universidad de las Américas Puebla (Udalp). Sin embargo en el buscador de la universidad no aparece como integrante del cuerpo académico. 

En su currículum se indica que es presidenta honoraria de Cihuautla Voluntad Equidad Bienestar AC, pero al buscar a la organización en el Sistema de Información del Registro Federal de las OSC resulta que su objetivo es el “fomento de acciones para mejorar la economía popular” y no  el “fomento de la perspectiva de género y la prevención de la violencia contra la mujer, a través de acompañamiento interdisciplinario, pertinente y profesional” como lo solicitaba la Conavim en su convocatoria. Además de que el estatus de representación de la asociación civil está vencido y no ha presentado sus informes de 2012 a 2015.

Falta de transparencia en el proceso

Al respecto la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Ana Yeli Pérez Garrido, dijo durante una entrevista telefónica con Lado B que no es usual que el Inmujeres publique dos convocatorias.

—El procedimiento de acuerdo al reglamento (de la alerta) establece que se lanza una convocatoria, pero si en este caso hubo dos convocatorias se tendría que dar una explicación de por qué la otra convocatoria se suple.

La abogada refirió que el Inmujeres y la Conavim pudieron recurrir a diferentes recursos para garantizar el derecho a la transparencia, como son los boletines de prensa o las publicaciones en la página oficial.

Se revisó el portal de Inmujeres para ver si existía alguna referencia sobre el cambio de convocatoria pero no se encontró tal.

Sobre las inconformidades al momento de elegir a las académicas locales, Pérez Garrido apuntó que es importante que las organizaciones sociales pugnen porque haya mayor transparencia en el proceso de la Alerta de Violencia de Género.

En ese sentido se puede solicitar que la Conavim sea clara sobre quiénes son las personas que postularon para la convocatoria, así como en los puntos que se tomaron en cuenta para elegir a tal o cual especialista.

Además de que Lourdes Pérez podría interponer un amparo por la falta de transparencia y claridad en la emisión de la convocatoria, dado que esa situación la afectó de manera directa.

María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF), dijo en febrero pasado que la Conavim ya no quiere investigar los casos de alerta de género en los estados.

—Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran.

También advirtió que al momento de seleccionar a los y las integrantes del grupo de trabajo, la Conavim puede elegir a alguien ad hoc (a modo) para no declarar la alerta.

4a Marcha de las Putas en Puebla.
Foto: Ámbar Barrera

Inicio de actividades sin claridad

Pese a que de manera oficial el grupo de trabajo quedó instaurado el 22 de abril, el abogado Alejandro del Castillo Saavedra, tesorero del Instituto Mexicano de Psicología Jurídica AC, una de las asociaciones que solicitó la AVG, manifestó vía telefónica que los especialistas tienen por lo menos 10 días trabajando, aunque fue el lunes su presentación con las asociaciones solicitantes.

—La reunión de ayer (lunes 25 de abril) trató de que las organizaciones que fueron convocadas entraran una por una para dar sus puntos de vista y contestar a las preguntas de los miembros del grupo de trabajo.

Esto coincide con lo dicho por el director adjunto de Asuntos Jurídicos de la Conavim a Lado B el pasado 13 de abril, pues en ese momento señaló durante una entrevista telefónica que sería esa semana que se terminaría de conformar el grupo de trabajo para que “inicie actividades próximamente”.

Este miércoles (27 de abril) se buscó de nueva cuenta a la Conavim para saber con exactitud qué día inició labores el grupo de trabajo, al momento de la elaboración de esta nota no se obtuvo respuesta de la comisión.

Además de las organizaciones solicitantes de la AVG se habría llamado a otras dos organizaciones -de acuerdo con Alejandro del Castillo-, entre las cuales está la que representa Lourdes Pérez Oseguera, pero en la reunión del lunes no se le permitió la entrada, según refirió la especialista.

—A mí me pidieron que localizara a dos organizaciones que ellos no encontraban, una fue el Instituto (de Derechos Humanos Ignacio) Ellacuría, la otra la verdad no me acuerdo, pero sí tomé contacto con las dos. Les dije que a pesar de que estaban convocadas me extrañaba mucho que no las estuvieran llamando.

Pérez Oseguera refirió al respecto que no se le permitió la entrada el lunes pasado pero se le invitó a que asistiera el martes 26 de abril; sin embargo debido a la falta de transparencia y a las dudas que como instituto generaba el proceso decidió no ir.

Alejandro del Castillo consideró que los integrantes del grupo de trabajo son personas sensibles al tema de la violencia de género y disciplinados, a pesar de ello como organización estarán pendientes de que en los días que restan para hacer el análisis de la violencia de género –el reglamento marca que a partir de la convocatoria se tienen 30 días para que los especialistas hagan su investigación y elaborar un informe- se recaben los datos necesarios para emitir la alerta.

La normativa marca que a partir de la publicación del informe, así como de la aceptación por parte del Ejecutivo estatal, hay un plazo de seis meses para que éste diseñe estrategias y se establezcan las medidas para cumplir con las propuestas y combatir las problemáticas detectadas.

En caso de que el gobierno estatal no acepte el informe o que en un plazo de seis meses no demuestre que se están atendiendo las propuestas, la Secretaría de Gobernación declarará la AVG y determinará las acciones de prevención, seguridad y justicia que deberán implementarse.

Resultados de Convocatoria grupo de trabajo AVG Puebla Conavim by Lado B