A siete días de que se acabe el segundo mes del 2016, se contabilizan ya 15 asesinatos de mujeres con características de feminicidio en la entidad: Brenda Tlatelpa Mora, Manuela Jiménez Acatla, Modesta Flora Tapia, Adriana Santos, Ángela Leyva, Laura Rodríguez, Hermelinda Padilla López, Nancy Canceló, María Balbuena, Ingrid Vázquez Sánchez, Samaí Alejandra Márquez Salgado, una mujer no reconocida de Tenango de las Flores, Huauchinango; una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el libramiento de la 4 Sur esquina con 6 Norte, en Santa Cruz Temilco; un mujer desconocida en San Gregorio Zacapechpan, San Pedro Cholula, y una mujer hallada en un baldío de San Jerónimo Caleras.
Además, se suman a la lista de desaparecidas: Miriam Manzola Heras, Karla Romero Tezmol, Ana María Flores Medina y Danna Eufrasio Cuevas.
Esta ola de feminicidios no es, desgraciadamente, un asunto nuevo si se considera que de 2013 a la fecha las organizaciones de la sociedad civil han registrado cerca de 200 casos, contra 23 que reconocen las autoridades.
¿Pero por qué están o siguen sucediendo? Porque no hay una política de prevención.
Evidentemente no han dado resultados las leyes del Congreso y el gobernador Rafael Moreno Valle que endurecen las penas por feminicidios y que tipifican la tentativa de ese delito. Y no hay estrategias no punitivas para detener los asesinatos de mujeres; es decir, no existe una política transversal en cumplimiento con la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En solicitudes de información hechas a la Fiscalía General del Estado de Puebla sobre cómo capacitan a su personal en materia de perspectiva de género, contestó:
–Exhortar al personal al uso del lenguaje incluyente
–Se estableció un procedimiento para que los trabajadores soliciten su licencia de paternidad.
–Se difundió un procedimiento para presentación de quejas y/o denuncias por hostigamiento y acoso sexual y laboral en lo interno, y para beneficio de los ciudadanos se implementaron buzones en distintas áreas de la dependencia para que presenten sus quejas y denuncias.
–“Para conciliar la vida familiar y laboral” se llevaron a cabo talleres de: sombreros, gimnasia cerebral, show de cuentacuentos y un recorrido al Museo de los Ferrocarriles.
–Y además, se han generado diferentes cursos-talleres en temas de equidad de género para lograr su sensibilización. (Folio: 00174915)
El Tribunal Superior de Justicia ha respondido de maneras diferentes a las solicitudes de información hechas por diferentes personas. En febrero del 2013 dijo que había una sentencia por feminicidio, mientras que en marzo de 2015 contestó que no existía alguna, aunque por una investigación en curso de este portal hemos podido confirmar que sí existe al menos una sentencia de abril del 2015 por el feminicidio de Stefani Juárez Morales.
En respuesta a una solicitud de información hecha en enero del 2016, el Instituto Poblano de la Mujer informó a esta reportera que “con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de abril de 2014 del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014 – 2018, se está actualizando el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2011 – 2017. En virtud de lo anterior, se le informa que una vez aprobado el documento, se le hará llegar una copia en archivo electrónico al correo que señala en su solicitud”.
A esta fecha el correo no ha sido enviado, además, ese Programa publicado en el Diario Oficial de la Federación, ni siquiera es el Programa Federal equivalente, pues es el Programa integral contra la Trata. El Programa Estatal tiene al menos cuatro años de retraso y es justo ese Programa el que daría las pautas de acción del gobierno para que de manera integral se combata la violencia contra las mujeres y se diseñen políticas preventivas.
Al no haber Programa Estatal es imposible que exista un presupuesto para combatir la violencia hacia las mujeres, cuya máxima manifestación es el feminicidio, es por ello que de manera ocurrente cada dependencia echa a andar los programas que estima pertinentes, sin vincularlos con otras dependencias, sin crear convenios como lo marca la Ley; seguramente es por eso que la Procuraduría ofrece talleres de sombreros: como si los sombreros tuvieran que ver con perspectiva de género.
Desde el mes de junio del 2015 (el reglamento fue publicado desde el 2009), la Secretaría de Seguridad Pública ha integrado la base de datos de información sobre violencia contra las mujeres; una base que alimentan dependencias que brindan servicios de atención. Esta base, según su objetivo de creación, es que sirva para hacer diagnósticos y estudios que permitan diseñar políticas públicas desde una perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres; sin embargo esta base de datos aunque debiera ser de contenido estadístico, no está abierta al público pues está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales. De esta suerte, sin transparencia, queda totalmente al arbitrio del Estado cualquier diagnóstico de violencia.
EL PEPO