Desaparecidos: la memoria de la búsqueda más dolorosa

Alejandra Guillén │Revista Magis ITESO

Al cumplirse 25 años de buscar a su esposo, José Reyes Mayoral Jáuregui, la señora María Isabel Román de Mayoral decía que, a sus 78 años, seguiría buscando mientras pudiera. “Y aunque yo me muera siempre habrá gente buscando a los desaparecidos para exigir que, así vivos como se los llevaron, vivos nos los devuelvan”.¹

La señora Mayoral, como era conocida, fue una de las mujeres más activas del Comité de Familiares en Defensa de los Presos Políticos en Jalisco, una de las primeras organizaciones que luchaban contra la represión durante la época conocida como guerra sucia. Ella y las madres y los hermanos de otros desaparecidos realizaron manifestaciones en la Plaza de las Sombrillas en Guadalajara, organizaron mítines, volantearon, participaron en la primera huelga de hambre en 1978 en la Catedral Metropolitana de la ciudad de México, enfrentaron a agentes de seguridad, se encadenaron frente a la Secretaría de Gobernación, exigieron a gobernadores y presidentes en turno, lloraron un día tras otro con el dolor intacto e hicieron hasta lo imposible para exigir el regreso de aquellos a los que el Estado, afirmaban, mantenía en cárceles clandestinas.

Existe una fotografía del momento en que agentes de la Policía Judicial de Jalisco sacaron al señor Mayoral Jáuregui de su casa, el 23 de agosto de 1977. A pesar de esta evidencia, que permitió identificar a los responsables, doña Isabel murió sin conocer el paradero de su esposo, sin que se castigara a los culpables y sin que la sociedad continuara con la búsqueda, como ella imaginaba

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De los tiempos de la guerra sucia hay todavía alrededor de veinte desaparecidos en Jalisco (las listas difieren), especialmente de El Zapote. Muchos desaparecieron en 1977, año en el que sus familias se incorporaron al Comité fundado en 1974 por don Luciano Rentería y otras madres de presos políticos. La lucha era por la presentación con vida de los desaparecidos, por el acceso a la verdad y la justicia y para que episodios como el de la guerra sucia no se volvieran a repetir. Y, sin embargo, se repitieron con un despliegue refinado de técnicas de contrainsurgencia —como lo han explicado los académicos Carlos Fazio y Jacobo Silva, exintegrante de la guerrilla rural en Guerrero—, cobijadas por el discurso de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”.

Si bien la búsqueda por los desaparecidos en Jalisco durante la última década ha cobrado fuerza (se calcula que hay más de tres mil personas de las que se desconoce su paradero), en las movilizaciones recientes nunca se nombra a los hombres y mujeres que fueron arrancados de sus familias por el Estado mexicano durante la guerra sucia.

Leticia Carrasco, hermana de Jorge Carrasco, detenido y desaparecido en 1977 en el barrio El Zapote, piensa que no se aprendió nada de aquella época; que en lugar de solidarizarse con las familias de los desaparecidos, la sociedad ha preferido pensar que de seguro en algo andaban. Y es que no asumir como propios a los desaparecidos de los años setenta abonó a que se instalara la maquinaria de muerte del Estado. “El Estado vio que podía hacernos lo más horrible sin que pasara nada”, dice Carrasco. El mismo discurso funcionó con la supuesta guerra contra el narcotráfico, de manera que el exterminio se sintió como ajeno y se pensó que sólo alcanzaba a los que andaban por mal camino.

Tanto entonces como ahora, las familias de los desaparecidos —casi siempre sus madres— salieron a buscar a su gente, a repetir el nombre de los que faltan, a luchar por la vida entre tanto horror, a enfrentar a “los criminales mercenarios del gobierno”, como los llamaba doña Rosario Ibarra de Piedra.

Para no olvidar a las doñas ni a los desaparecidos, y como un gesto para continuar con la búsqueda de la señora Isabel Mayoral, es importante traer a la memoria la historia de la lucha en Jalisco del Comité de Familiares en Defensa de los Presos Políticos, del que sobreviven don Luciano Rentería, el abogado Enrique Velázquez y otras dos madres —aunque éstas, por su edad, ya no están en condiciones de dar entrevistas—.

Los recuerdos del panadero

Don Luciano Rentería Estrada es del rancho Santa Rosa, en Moyahua, Zacatecas; de familia anticlerical y solidaria, hermano menor de dos integrantes del Partido Comunista Mexicano, es buen lector gracias al maestro particular que su padre contrató. Por ello creció enterado de cuantas noticias llegaban en los periódicos de Jalisco.

A sus 89 años, don Luciano relata de pe a pa las anécdotas de su vida: lo mismo recuerda la lucha agraria en su pueblo que cuando fundó, ya en Guadalajara, el primer Comité de Familiares en Defensa de los Presos Políticos (1974), antecedente del Comité Pro Defensa de los Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, luego llamado Comité Eureka por doña Rosario Ibarra de Piedra.

La charla tiene lugar en el comedor, donde tiene apilados ejemplares de La Jornada y de la revista Proceso, mientras su hijo Armando Rentería prepara café de talega y completa los recuerdos de su padre.

Cuando llegó a Guadalajara, ya casado, don Luciano comenzó a hacer chamarras y pronto buscó las oficinas del Partido Comunista, al que estaba afiliado desde que dejó su rancho. Su camarada José Díaz Camaral le dijo: “Ponte a hacer pan —sin patrones— para la lucha comunista”. Así, don Luciano se hizo especialista en picones y sus hijos hacían los “entregos” en patín del diablo.

Junto con Samuel Meléndrez y Gilberto Enríquez reorganizaron el Partido Comunista en Jalisco y, como parte de su formación, viajó a países como China y la Unión Soviética. Dice orgulloso que todos sus hijos se hicieron de izquierda. Su hijo Armando se unió al Frente Estudiantil Revolucionario (FER), que luchaba por la democratización de la Universidad de Guadalajara y contra la represión de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). Los hermanos mayores de don Luciano, Apolinar e Inocencio, hasta entregaron a los muchachos dos pistolas para que se defendieran.

—¿Usted sabía que se enfrentaban a balazos y necesitaban apoyo?

—Yo sabía perfectamente todo.

Cuando los jóvenes decidieron irse a la lucha armada, Valentín Campa y Gilberto Rincón, del Partido Comunista Mexicano, fueron con Rentería Estrada a pedirle que lo impidiera, que apaciguara a los chavos, que las armas no eran el camino. El partido se deslindó de la guerrilla.

“Como soy de rancho, para mí era una tristeza que el partido no apoyara eso, pero en esa época la línea de los comunistas era estar más de acuerdo con la dirección del partido que con otras cosas. No te podías salir, era un ambiente encasillado. Cuando cayó a la cárcel mi hijo Armando (quien era responsable del comité de barrios de la Liga Comunista 23 de septiembre), vinieron Samuel Meléndrez, Gilberto Enríquez y Claudio Palacios. Hablaron conmigo para formar el Comité, ellos lo habían intentado y no podían. Eso fue en el 74. Cuando planteé a los presos la formación del Comité se pusieron en contra de que se formara, no estaban de acuerdo porque creían que era una jalada por venir del Partido Comunista”.

Don Luciano se fue a la puerta de la Penal de Oblatos a esperar a las madres, novias y familiares de los presos políticos. Cuando iban saliendo de la visita, les contaba lo que traía en mente. Sólo cuatro aceptaron: María Mora de Pérez, conocida como Mariquita, mamá de Enrique Pérez Mora, El Tenebras; Guadalupe Meléndrez de López, la mamá de Petros; y Graciela López de Cartagena, la mamá de Mario Álvaro Cartagena López, El Guaymas. Acordaron verse en casa de don Luciano.

A la reunión asistió Samuel Meléndrez para decirles que tenían que organizarse porque a los presos les estaban “truncando sus derechos” y no los podían dejar solos; existía el riesgo de que los desaparecieran cuando los llevaban a campos militares como La Mojonera, en Zapopan, para torturarlos. Aunque el Partido Comunista no estaba de acuerdo con la lucha armada, decidió solidarizarse porque, pensaban, “los muchachos son gente nuestra y los tienen en celdas de castigo, ¡tienen que luchar!”.

En agosto de 1974 los presos que estaban segregados empezaron a mandar al exterior vasijas con tres palillos, toallas con tres nudos, prendas con tres amarres. “Dijimos: ‘Nos quieren decir que faltan tres’. Le decíamos al director de la penal: ‘Faltan tres’, y él decía ‘no’ y nosotros ‘que sí’. Ellos no sabían cómo nos enterábamos. Le decíamos que no tenían derecho a sacarlos de acuerdo al reglamento de la Penitenciaría, y nos cerró las puertas el cabrón. Entonces le pusimos las mantas”, relata don Luciano.

Veintiséis personas caminaron desde su casa hasta la Penal de Oblatos, con volantes, mantas y pancartas; luego avanzaron hacia Palacio de Gobierno, donde el abogado Enrique Velázquez explicó la situación. Eran principios de septiembre y acababa de ser liberado el exgobernador José Guadalupe Zuno, secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de México. Las familias de los presos se trasladaron en taxis a la casa de Andrés Zuno a poner mantas frente a su casa; los vecinos creían que era una manifestación en apoyo al exgobernador. De la finca salió Vicente Zuno. “Nos conocía porque los comunistas nos uníamos con los Zuno, y preguntó: ‘¿Quién dirige aquí?’. ‘Nadien’, dijo una señora, ‘¿para qué queremos dirigentes? ¿Para que nos los descabecen? No, aquí todos somos dirigentes’”.

Vicente Zuno los citó al día siguiente en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco. La señora Lupita, mamá de Petros, tomó por el cuello al procurador Adolfo Rentería Agraz para exigirle que sacaran a los presos del penal. Él decía que estaba mal, pero que él no se enteraba.

—¡Cómo jijos de la mañana no se va a dar cuenta! —le reclamó Lupita.

—Venimos por nuestros presos, nos los están torturando en algún lado —exigió el abogado Enrique Velázquez.

Cuatro horas después regresaron a los tres presos —Rubén Ramírez González, El Purrundún; Juventino Campaña López y Ricardo Rodríguez Moreno—, lastimados pero con vida. Esta acción provocó que al Comité de Familiares en Defensa de Presos Políticos se acercaran más personas. La casa de don Luciano comenzó a llenarse de mamás de presos y desaparecidos —“Pero más de desaparecidos, ¿eh?”, resalta—. Las reuniones casi siempre eran en su casa, con pan recién salido del horno.

Entonces no había organizaciones defensoras de derechos humanos y don Luciano Rentería se apoyaba principalmente en el periodista Felipe Cobián para presionar públicamente a las autoridades para que dejaran de torturar y maltratar a los presos, para que no los desaparecieran.

Un movimiento nacional

En agosto de 1977, las familias de Jalisco se articularon a escala nacional para conformar el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, en el que participaban también personas de Nuevo León, Chihuahua, el Distrito Federal, Baja California, Sinaloa, Morelos y Guerrero.

“La doctora Blanca [Sierra] y demás compañeros que estaban en México me hablaron para que hablara con la señora [Rosario Ibarra de] Piedra, para que no anduviera sola, que lo hiciera con el comité, junto a nosotros. A mí me comisionaron a hablar con ella. La persona que hizo que nos viéramos fue Dulce María Sauri, esposa de José Luis Sierra (en ese entonces preso en Monterrey), porque Valentín Campa y un defensor de presos en México querían que estuviera ahí”.

—¿Convenció a la señora De Piedra?

—No le quedaba otro camino más que seguir.

El abogado Enrique Velázquez, quien siempre acompañó al Comité, comenta que en las primeras reuniones Rosario Ibarra de Piedra quería que la organización fuera únicamente de madres; él estuvo en desacuerdo y don Luciano medió diciendo que lo conveniente era que una madre fuera la que apareciera públicamente. Por su personalidad, ella tomó el liderazgo.

De Jalisco, las doñas que más participaron en esta época fueron María Isabel Román de Mayoral, María Luisa Gutiérrez de Carrasco, Felícitas Cervantes y Antonia Mercado, todas con desaparecidos de 1977. Para movilizarse obtenían recursos boteando, reuniendo dinero que les daban sus hijos, con centavos que salían de la panadería y con aportaciones de organizaciones como el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria.

En la presentación del documento Defensoras somos todas. Análisis de la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en la República Mexicana, publicado en noviembre de 2014, doña Rosario cuenta que “fue muy duro aquel tiempo. Nos colábamos en las manifestaciones que organizaban obreros, campesinos, maestros, estudiantes o colonos inconformes y no éramos vistas con buenos ojos. Nos hacían el vacío porque éramos ‘las madres de los subversivos’; pero poco a poco también iniciamos aquella lucha colectiva entre todos ellos y nosotros”.

La primera desaparición en Jalisco

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) reconoce como el primer detenido desaparecido a Rodolfo Reyes Crespo, “Erick o Emiliano”, el 24 de diciembre de 1973. Décadas después se localizó en el Archivo General de la Nación una ficha de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), firmada por Miguel Nazar Haro, en la que se describe a Rodolfo como miembro del Frente Estudiantil Revolucionario y se le acusa de haber participado en la planeación del secuestro de Fernando Aranguren Castiello. En las fotografías aparece con golpes visibles en el rostro y una playera manchada con lo que parece sangre.

Se decía que lo habían llevado al Campo Militar 1, adonde también llevaron a su madre para torturarla frente a él. La señora murió tiempo después. Por años no se consideró esta desaparición, hasta que apareció la ficha de la DFS.

Y aunque el caso de Reyes Crespo se remonta a 1973, el año negro de la desaparición forzada en Jalisco fue 1977. Y golpeó con especial saña a los jóvenes del barrio El Zapote, en Zapopan, como si se hubiera seguido el principio contrainsurgente de “hay que quitarle el agua al pez”, utilizado en Guerrero para exterminar la lucha rural del Partido de los Pobres: la población es el agua, que sirve como medio en el que se mueve la guerrilla, que es el pez.

El 18 de febrero de 1977 apareció en El Sol de Guadalajara una nota acerca de una balacera en la colonia Oblatos, en Guadalajara; hubo dos detenidos de la Liga 23 de Septiembre: Jorge Carrasco Gutiérrez y Víctor Arias de la Cruz. Jorge tenía 20 años, era obrero de la Tabacalera Mexicana y el hijo mayor que desde adolescente aportaba económicamente a la familia.

Su madre, María Luisa Gutiérrez, conocida como la señora Carrasco, sigue con vida, pero por razones de salud ya no está en condiciones de dar entrevistas. Sobre su lucha habla su hija, Leticia Carrasco, quien además realizó una investigación de las nueve desapariciones forzadas en El Zapote ocurridas entre febrero y abril de 1977.

“Cuando se llevan a Francisco Mercado Espinoza, tú sabes que la dfs los sometía a tortura y se iban contra los demás jóvenes porque se conocían entre ellos desde la infancia, tenían lazos de amistad por vivir en el mismo barrio. Tenían poco de vincularse con la Liga porque en el 76 se introdujo el elemento obrero con el rollo de la revolución proletaria. A Guillermo, que tenía 17 años, se lo llevaron sólo porque era sobrino de Alfonso. Otro jovencito, Miguel Ángel, era todavía más chiquito. Algunos no tenían nada que ver con la guerrilla, lo sabían y aun así se los llevaron”. En los documentos que obtuvo en el Archivo General de la Nación, Leticia corroboró que las detenciones habían sido hechas directamente por elementos la dfs o por la policía local o judicial. Luego se los llevaban a la ciudad de México, para ser recluidos en cárceles clandestinas o en el Campo Militar número 1. Y nunca más se volvía a saber de ellos.

La última vez que María Luisa vio a su hijo no alcanzó ni a abrazarlo, porque Jorge ya andaba en la clandestinidad. Cuando supo de su desaparición, ella y un hermano de Víctor acudieron a la Procuraduría General de la República, ubicada en las avenidas Unión y La Paz. Les dijeron que estaban ahí y luego regresaron para advertirles que se fueran porque, si no lo hacían, también les pasaría algo. Interpusieron un amparo en México y dondequiera que iban les decían que no los tenían, que no había ningún expediente. “Al ver agotadas las instancias, las familias buscaron formas de organizarse para presionar, para hacer un llamado a la sociedad, porque la sociedad no respondía, ni ahora responde; no aprendemos ninguna lección de la Historia. Así es como llegan con don Luciano”, señala Leticia Carrasco, actualmente investigadora de la Universidad de Guadalajara.

Las madres tenían más de 40 años de edad y provenían de familias tradicionales, en las que su papel era atender el hogar. La desaparición de sus hijos las obligó a salir de casa, a enfrentar al Estado, a soportar intimidaciones, detenciones, tortura.

Antes de la desaparición de Jorge Carrasco, a su padre también lo desaparecieron durante un mes, tiempo durante el cual fue torturado, lo que le provocó complicaciones nerviosas, retraimientos, traumas. Perdió su trabajo en la fábrica La Gloria y los vecinos se distanciaron, porque era común que llegaran hombres con metralletas y se metieran a las casas a sacar gente. Luego se mantuvo como el sostén económico de la familia para que la señora María Luisa se dedicara a buscar a su hijo, así tuviera que recorrer el mundo entero.

Leticia recuerda a su madre llorando todas las tardes y noches de su vida. Lo único que podía hacer era salir a buscar a su hijo. “Se hacían reuniones constantes, estaban pendientes del periódico, hablaban de lo que tenía que hacerse, un mitin, una carta abierta, si se iban a repartir volantes. Casi eran puras mujeres, los papás no asistían”.

Don Luciano Rentería habla de estas mujeres como las más valientes, como mujeres que no conocían el miedo. De El Zapote participaban en el Comité Pro Defensa, además de María Luisa, la señora Antonia Mercado, mamá de Raúl Mercado Martínez, y Felícitas Cervantes, madre de Alfonso Guzmán Cervantes.

Leticia Carrasco recuerda con especial cariño a Felícitas, doña Felis, porque cuando iba a su casa le platicaba de cuando Jorge Carrasco se juntaba con sus hijos, entre ellos Alfonso Guzmán, detenido por la Policía Municipal de Zapopan y la DFS el 27 de febrero de 1977, un día antes que Jorge Carrasco. En los periódicos se publicó que Alfonso estaba herido. Cuando Felícitas se enteró, fue de inmediato al Hospital Civil. Al guardia de ese día le preguntó por su hijo, él le prohibió pasar y doña Felícitas le dijo, llorando: “Pregúntele a su esposa lo que es el dolor de un hijo”. El hombre buscó el nombre, “Alfonso Guzmán Cervantes”, y se animó a confesarle con discreción que su hijo sí había estado ahí tres días, pero ya se lo habían llevado a la ciudad de México.

Dos meses después, el 15 de abril de 1977, hombres armados llegaron en una camioneta a detener a Guillermo Bautista Andalón, de 17 años, sobrino de Alfonso. Entonces la búsqueda de doña Felícitas desde entonces sería por su hijo y por su nieto.

Guillermo Bautista estudiaba el primer semestre de prepa y su madre, María Elena, pensaba que a su hijo se lo habían llevado porque tal vez lo habían visto con su tío Alfonso (Ellas son fuerza: Las mujeres del Comité Eureka-Jalisco, Vanessa Martínez Carvajal, 2003). La estrategia, parecía, se basaba en lastimar a las familias de El Zapote que tuvieran vínculos entre sí.

Huelgas y amnistía

El 28 de agosto de 1978 llegaron a la Catedral Metropolitana de la ciudad de México 110 personas, entre madres de desaparecidos y presos políticos. Llevaban pancartas y exigían la amnistía general, la libertad de todas las personas, la unión de padres con hijos desaparecidos. Buscaban, con esa primera huelga de hambre, presionar al presidente José López Portillo días antes del informe presidencial, para que decretara la amnistía. Don Luciano Rentería rememora que de Jalisco asistieron las señoras Isabel Román de Mayoral, María Luisa Gutiérrez, Felícitas Cervantes y “la señora Saavedra, que murió después porque la huelga le afectó a su salud”.

La idea de la Ley de Amnistía se atribuye al abogado Enrique Velázquez y a don Luciano Rentería, quienes encontraron esta figura en el tercer tomo de la enciclopedia México a través de los siglos.

Rosario Ibarra de Piedra presume que con ese logro encontraron a 148 desaparecidos y liberaron a mil 500 presos, anularon 2 mil órdenes de aprehensión y regresaron al país 57 exiliados. Pero los desaparecidos del Comité no aparecieron.

Enrique Velázquez comenzó a colaborar a principios de la década de los setenta con el abogado Alejandro Herrera Anaya, que entonces ya era conocido por ser de los únicos que defendían a los presos políticos de la época. Cuando eran casos de desaparecidos, interponían amparos y hacían gestiones de todo tipo. “A causa de las gestiones que hacíamos, logramos que apareciera gente. En una ocasión hablamos con [el gobernador] Flavio Romero de Velasco y me mandó a José Luis Álvarez, el subprocurador, a Salvador Cárdenas, procurador, y a José Leal Sanabria, para lo político. Planteamos la cosa de desaparecidos, ellos llamaron al Ejército, a Presidencia y aparecieron como 30 personas vivas. A unos los consignaron en San Luis Potosí, entre ellos Israel Gutiérrez, a quien sacaron del Campo Militar 1. A los otros los consignaron en Oblatos, les hicieron expedientes y les fijaron una fianza de entre 12 mil y 18 mil pesos. Me dieron el dinero y ya fui por ellos, los encontré todos shockeados, sólo uno se veía en sus cabales, los demás no sabían qué pasaba. Les dije que iban a ponerlos en libertad, pero la condición era que no participaran ya en los grupos armados, ni dieran entrevistas, ni se aprovechara esto como logro político o de propaganda del Comité. Quedó perfectamente entendido. Nunca he vuelto a saber de ellos”.

En Jalisco, el Centro Independiente de Política y Cultura Proletaria (CIP-CP) y el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación (GOHL) se solidarizaron durante años con el Comité, acompañando la discusión política de las madres y difundiendo información que no se publicaba en ningún medio de comunicación. Posteriormente, en 1979 se creó el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR). El frente aglutinó a 54 organizaciones y el cip-cp y Punto Crítico (en la ciudad de México) lograron posicionar que las doñas, como les decían, fueran las que tomaran las decisiones y no los partidos políticos de izquierda o los sindicatos. Esta organización nacional arropó a las familias y ayudó a evitar más desapariciones de quienes entonces eran perseguidos.

Con la excarcelación de los presos políticos las familias dejaban de participar en el Comité. Sólo iban quedando las mamás y esposas de los desaparecidos. En 1982, la señora Rosario Ibarra de Piedra fue candidata a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esto repercutió en que las acciones del Comité Eureka comenzaran a mermar.

“Fueron años de acciones, de audiencias con el presidente, con el gobernador, y nada, igual que lo hacen las mamás ahora. Por eso participaban en actos en otros estados, en el DF. Hicieron de todo, pero tal vez faltó un poco más de presión internacional y colectiva para que se vislumbrara la lucha de todas las madres y no sólo de la dirigencia, como la de Rosario”, reflexiona Leticia Carrasco, hermana del desaparecido Jorge Carrasco.

“Nunca dejen de buscar”

De María Luisa, su madre, Leticia recuerda que buscó por décadas hasta que su cuerpo se agotó, aunque continúa en duelo perpetuo. “Mi madre hizo lo que podía hacer, al igual que las demás. Hicieron lo que les tocaba: buscarlos en condiciones adversas. Que no se haya logrado la presentación de los desaparecidos no es por ellas, nos compete como sociedad que no supimos solidarizarnos en su momento y pues… el problema ahí sigue”.

Don Luciano Rentería siente que no hay cosa tan lastimosa como la desaparición forzada y piensa que “este capitalismo no va a dejar de hacer esto, sólo cambian los métodos”. Aunque no conoce a las familias que ahora buscan a los desaparecidos, como la señora Guadalupe Aguilar, que hace un par de años fundó Familias Unidas Por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), les aconseja que nunca dejen de buscar. Si hay algo que coincide entonces y ahora es que las autoridades hacen mesas, reuniones, se conmueven y hacen que las madres pierdan tiempo, todo esto como parte de su estrategia.

Una vieja sentencia afirma que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y México es un país dado a olvidar: la falta de memoria colectiva es uno de los principales males que afectan al país. Hace casi 40 años eran una veintena de familias jaliscienses las que buscaban a sus desaparecidos y las madres eran acompañadas por el Frente Nacional Contra la Represión. Ahora, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en la entidad hay dos mil 113 personas de las que no se conoce su paradero. Las madres han pedido una y otra vez que la sociedad no las dejen solas, que no esperen a tener un familiar desaparecido para organizarse en medio de esta guerra. Y es que si a algo le tienen miedo, es a morir sin saber dónde están sus hijos. m.

1. La historia que no pudieron borrar, de Sergio René de Dios Corona. La casa del mago, 2004.