Foto: Marlene Martínez

Karen de la Torre

@karelampia

Organizaciones de la sociedad civil registran al menos 144 feminicidios desde que se tipificó este delito, en 2013, mientras que la PGJ sólo reconoce 20. A esa misma dependencia le tomó 15 meses redactar un protocolo para investigarlos que ahora quedó desfasado con las recientes actualizaciones al tipo penal, la primera en julio y la última apenas la semana pasada. Eso, sin embargo, no debería ser pretexto para conducir una investigación ministerial con perspectiva de género, pues existen sentencias que obligan al Estado mexicano, no sólo a Puebla, a hacerlo. Pese a ello la PGJ sigue ocultando los feminicidios e ignorando la desaparición de mujeres que antecede, en un buen número de veces, a ese crimen.

El gobierno de Rafael Moreno Valle se convierte así en cómplice de la violencia hacia las mujeres. Cómplice feminicida.

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Ocho cuerpos de mujeres encontrados en un mismo sitio, con características similares, algunos torturados y todos violentados. Ocho cuerpos que se supone habrían cambiado estructuralmente a México; un cambio que debió iniciar en 2009, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declarara responsable al país por generar impunidad en delitos cometidos por razones de género. Un cambio que no se siente aunque han pasado casi 6 años desde entonces; lo que se conoce como “Campo algodonero”.

Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas, tenía apenas 8 días de desaparecida y 14 años de edad. Cuando la encontraron en el Campo algodonero junto con los otros 7 cadáveres,  no tenía rostro ni cabello. Seguro fueron los “animales, el viento o la tierra”, explicaron las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero los animales, el viento o la tierra no le hicieron nada al resto del cuerpo.

El campo algodonero exhibió la violencia estructural contra las mujeres que se practica en todo México: las autoridades de Ciudad Juárez dieron identidades sin metodologías fiables a esos ocho cuerpos abandonados, las investigaciones estuvieron llenas de irregularidades desde el momento en que se supo de las desapariciones, hasta cuando se aplicaron las necropsias.

“Los feminicidios son los asesinatos a mujeres por razón de género, es una clara expresión de odio hacia ellas, ¿y por qué es un extremo máximo?, porque todos los casos de feminicidio, al menos los que hemos registramos las organizaciones que trabajamos con el tema, tienen detrás otras violencias, otros delitos previos: acoso sexual, violencia física, verbal, emocional”, explica Fabiola Baleón, socióloga, integrante de El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana A. C.

Foto: Marlene Martínez

La antesala del feminicidio suele ser la desaparición.

Entre los puntos de la sentencia de la CIDH, se ordenó al país adecuar el Protocolo Alba “o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo”, siempre y cuando cumpliera con ciertos puntos:

1. Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida;
2. Establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona;
3. Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares;
4. Asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;
5. Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas, y
   
6. Priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña.

Para lograrlo, el 25 de noviembre del 2011 en la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los titulares de las Procuradurías de los Estados de México, aprobaron una serie de lineamientos a seguir para la investigación de las desapariciones, violaciones y “homicidios” contra mujeres por razones de género. Puebla fue de las primeras 15 entidades en aprobar su respectivo protocolo, mismo que constató la Corte Interamericana. Pero al parecer este protocolo fue hecho sin conocimiento de causa.

Un Protocolo sin aplicación

Aunque la perspectiva de género era uno de los ejes rectores del “Protocolo para la búsqueda y localización de las mujeres desaparecidas” (Puebla, 2012), se encontró cuestionable, además de que los lineamientos no distaban mucho de los que ya se estaban aplicando: no iba más allá de girar la información de la mujer o niña desaparecida a todas las corporaciones policiacas. En cuanto a la metodología de recabar información para la investigación, la policía debía acudir personalmente al domicilio de la familia de la persona desaparecida, tomar sus testimonios e identificar a la persona que la vio por última vez; y en caso de que la víctima padeciera de sus facultades mentales, había que buscarla en Alcohólicos Anónimos, mercados, hospitales, SEMEFO, o registros fotográficos de occisos no identificados de Servicios Periciales. Por supuesto, solicitar las sábanas telefónicas.

Foto: Marlene Martínez

Aquí la psicología forense jugaba una pieza clave: el modus vivendi  y el historial familiar de conductas podía ser determinante para evaluar si es que la desaparición obedecía más bien a una decisión.

¿Principio de perspectiva de género? ¿Qué tal el “ella quiso irse”, en la denuncia de la desaparición y posterior feminicidio de Judith Coatl? Este protocolo también suponía regirse por el principio de oficiosidad; cuestionable de igual manera: es de recordar cómo la familia de Araceli Vázquez denunció que el Ministerio Público les delegó la responsabilidad de investigar el feminicidio de esta joven de 23 años.

Es posible que este protocolo simplemente no funcionara. Habría que ver que tenía como referencia para su creación la Sentencia de la CIDH sobre el Campo algodonero, y en junio de este año se le preguntó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) vía Infomex, si es que se aplicaba el ya mencionado Protocolo Alba para los casos en que había una mujer desaparecida; esto debido a que en el 2012 el entonces secretario de gobernación, Alejandro Poiré, dijo en el evento de la firma de este mecanismo en Ciudad Juárez, que con las modificaciones hechas, sería el protocolo que se aplicaría en todo México.

Esta es parte de la respuesta:

 […] Hacemos de su conocimiento que el programa Alba Keneth es usado en el país de Guatemala; sin embargo, en el estado de Puebla se trabaja con el programa denominado Alerta AMBER, el cual consiste en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, siguiendo el Protocolo Nacional existente para tales efectos […] (Folio: 00190915)

No está de más decir que en cuanto a la indagación de los hechos por tratarse de razones de género, el programa de Alerta Ámber quedó rebasado, pues éste se limita a difundir las desapariciones de menores de edad en general. En cambio el protocolo Alba está diseñado para la búsqueda exhaustiva de las mujeres, niñas y niños desaparecidos, tomando en cuenta su situación de vulnerabilidad; en él debían participar varias instituciones estatales y sociedad civil. Consiste en tomar la denuncia sin obstáculos burocráticos para iniciar una “pesquisa”, es decir, comenzar la búsqueda de la persona en hospitales, refugios, centros de rehabilitación, hospedajes, etc., con ayuda de los familiares.

Foto: Marlene Martínez

Llega el Protocolo esperado

En orden cronológico.- En noviembre del 2012 se tipificó en el Estado de Puebla el delito de feminicidio con tres aspectos para determinarlo: odio o aversión a las mujeres; celos extremos; lesiones denigrantes, violencia sexual, amenazas o acoso, tratos crueles o inhumanos. Pasaron casi tres años y se publicó -en marzo de este año- el Protocolo para investigar el delito de feminicidio. Cuatro meses después de la publicación de este protocolo, cambió el tipo penal de feminicidio, se agregan más aspectos para su identificación como: abandonar el cuerpo de la mujer en la vía pública, y la violencia antecedente al asesinato.

No es todo, recientemente el Congreso del Estado aumentó la pena, hasta 70 años de prisión para el feminicida que asesine a una mujer embarazada.

Con los cambios, el Protocolo habría quedado desactualizado.

En este nuevo y desactualizado mecanismo, ya se habla de la reparación del daño (indemnización) por responsabilidad (obstaculización u omisiones) de la autoridad investigadora. De nueva cuenta la “perspectiva de género” aparece constante; se señala que toda diligencia por parte del Ministerio Público debe ser llevada bajo este principio. Hay una descripción más detallada de lo que le corresponde hacer a cada dependencia. En lo que le toca a la psicología forense, se debe buscar relación con otros delitos previos que se cometen generalmente en la desaparición de mujeres.

A lo largo del documento, se va reconociendo la importancia de investigar de inicio el delito como feminicidio, “la debida diligencia es obligación del Ministerio Público”, se lee. Hasta se menciona la conformación de un equipo interdesciplinario de investigación, y se enlista que los factores que deben inducir hacia la investigación de un feminicidio son: que la víctima sea mujer, que hubiere relación con el victimario, que la muerte fuera violenta, que se tengan indicios de que la privación de la vida fue por razones de género y que el hallazgo contenga elementos de degradación y humillación a la víctima.

Un indicio de que este protocolo podría ser letra muerta es la respuesta de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la PGJ a la solicitud con folio 00175015, en que  al contestar sobre el número de feminicidios registrados en el periodo del 2013 a lo que iba del 2015, se hace el señalamiento de que “las averiguaciones previas en la que se han hallado mujeres sin vida, se han iniciado por el delito de homicidio doloso”, aunque menciona que la línea de investigación no descarta un feminicidio.

El Protocolo es bastante claro al establecer que los policías investigadores deben buscar razones de género alrededor del crimen y, asimismo, lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación con su sentencia “Feminicidio. Diligencias que las autoridades se encuentras obligadas a realizar en su investigación”, que indica de manera imperativa la necesaria verificación de “la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta”, además de otros indicios como “maltrato crónico anterior” o violencia sexual.

Araceli Vázquez
Foto: Marlene Martínez

Las cifras de las bases de datos de feminicidios de las Organizaciones no gubernamentales, en comparación con las de la Procuraduría no van a la par; ni antes, ni después de la publicación del dispositivo de investigación, y las diferencias son bastante pronunciadas.

Paulina, la joven que está exhibiendo a la Procuraduría

“Resguardo de las pruebas”, “inmediatez”, “exhaustividad en la investigación” son además algunos aspectos del protocolo que -a meses de estar vigente- parece que tampoco se están tomando en cuenta, para muestra: Paulina Camargo Limón.

• El martes 26 de agosto desapareció Paulina Camargo;
• El jueves 28, José María, de quien estaba embarazada de 5 meses, confesó haberla asesinado y depositado su cuerpo en la basura.
• Los días 2 y 3 de septiembre un equipo de esta redacción fue a sondear a vecinos, pepenadores y trabajadores recolectores de basura en la unidad habitacional La Margarita; el domicilio de José María no estaba resguardado.
• Apenas el 2 de septiembre agentes del Ministerio Público interrogaron al chofer del camión que recolecta la basura en La Margarita para saber en qué lugar había depositado las toneladas de basura recogidas el 27 de agosto, día siguiente a la desaparición de Paulina
• Apenas el 3 de septiembre el equipo de esta redacción encontró agentes del Ministerio Público interrogando a los vecinos de José María. Ese día por la noche vaciaron algunos contenedores de basura y se llevaron algunas muestras.
• Hay 69 camiones recolectores de basura, tirando un promedio de mil 500 a mil 700 toneladas de basura al día, según información del Organismo Operador del Servicio de Limpia. Esa basura inmediatamente es removida y enterrada por la maquinaria en el relleno.

Ni resguardo de las pruebas, ni inmediatez, ni exhaustividad en la investigación.

“No, por supuesto que no, el Estado no lo reconoce, y si lo reconociera nos daríamos cuenta: implicaría acciones contra el feminicidio. Desde el 2013 que entró en vigor su tipificación hasta la fecha: 144 feminicidios han ocurrido en el Estado, y sólo 20 son reconocidos como tales. El Estado es un Estado omiso, permanece con un perfil de impunidad hacia los feminicidas y está permitiendo que se sigan asesinando a las mujeres y que sus cuerpos sean tirados en cualquier lugar”, expone Fabiola Baleón.