Aranzazú Ayala Martínez
@aranhera

Desde el inicio del gobierno de Rafael Moreno Valle y hasta finales de 2014, en Puebla han sido asesinadas más de 200 mujeres. Pese a las cifras, al día de hoy no hay programas ni acciones concretas para  la prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres. La psicóloga Natali Hernández, de la asociación civil El Taller, dijo que en Puebla no ha habido el reconocimiento público de parte de las autoridades para evitar la violencia, 

A pesar de la reciente petición de la diputada federal Roxana Luna de declarar la alerta de género para la entidad, y la publicación en marzo del protocolo para la investigación de feminicidios, la problemática sigue siendo ignorada. De acuerdo a los datos recabados por El Taller mediante registros hemerográficos, desde el inicio del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla y hasta el año pasado, se estiman alrededor de 240 feminicidios. El año pasado fueron 54 casos y de acuerdo al Observatorio Nacional contra el feminicidio en México (ONCF), de 2012 a 2013 fueron víctimas de feminicidio 158 mujeres en todo el estado.

Este año se presentó una iniciativa en el Congreso de Puebla en la que se modifican diversas disposiciones del Código Penal del estado, entre ellas la tipificación de feminicidio que se volvió más amplia. Entre otras cosas, aumenta las penas de 40 hasta 60 años en prisión.

En la reforma al artículo 338 Bis del 1o de julio de 2015, explicó Natali, se ampliaron las circunstancias para que se acredite un feminicidio: el hecho de que haya antecedentes de violencia de cualquier sujeto activo contra la víctima, tanto en los ámbitos laboral, familiar y escolar como de pareja, que se aproveche la relación sentimental o afectiva con la víctima para cometer el delito, el que se comprueben amenazas o acoso de parte del victimario, que la víctima haya sido incomunicada antes del asesinato y que su cuerpo sea expuesto en un lugar público. Si bien esto es un avance, las modificaciones a la tipificación siguen dejando de lado ciertos puntos importantes como los “celos extremos”, cuya determinación sigue siendo ambigua y discrecional.

Además, a lo largo del proceso de la tipificación del feminicidio las acciones se han hecho al revés. En vez de tipificarlo y acto seguido publicar el protocolo, éste tardó más de dos años en ser hecho. Después de que ya existiera el protocolo, que no tuvo mucha difusión, se reformó el Código Penal donde cambia la tipificación, lo que genera la necesidad de revisarlo para ver si está armonizado con los cambios a la ley o tiene que volverse a ajustar. La psicóloga dijo que existe una clara evidencia de falta de trabajo institucional, y parece que las acciones se han hecho a destiempo entre las distintas dependencias.

Pese a que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan temas de género insistieron en la revisión de los protocolos, en palabras de Natali las tomó por sorpresa que la aprobación de los cambios fuera tan rápida y que en la reforma siga habiendo cosas que puedan mejorarse. 

Ante la actitud del Estado de ignorar las peticiones de declarar la alerta de género, la psicóloga consideró que la alerta, si bien es una figura que sirve de presión mediática para exigir al gobierno mayor atención a los casos de violencia contra las mujeres, particularmente desde feminicidio, es una situación sumamente compleja porque la mayor parte de las autoridades lo toman como un tema político. “Si doy paso a la alerta es como admitir que no estoy haciendo nada, pero más que admitir hay que hacer mucho más”, dijo 

La alerta podría funcionar pero no sirve de nada si no hay voluntad política. Hernández puso como ejemplo el caso de Michoacán, donde en un primer momento se aceptó la declaratoria pero cuando las instancias se sentaron a dialogar para tomar acciones concretas, se fueron aplazando de manera indefinida.

El 24 de marzo la diputada federal Roxana Luna pidió se declarara la alerta de género para Puebla por las más de 200 mujeres que han sido asesinadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Sin embargo, la petición fue desestimada por la titular del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Verónica Sobrado, quien dijo en entrevista con medios de comunicación la semana pasada que para que ésta sea puesta en marcha es necesario que la violencia sea “sistemática”.

Desde 2014 ya se había pedido activar la alerta de género para la entidad. En diciembre del año pasado, los legisladores Ricardo Monreal y Ricardo Mejía pidieron al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, se declarara la alerta de género en Puebla por el elevado número de desapariciones de mujeres, que sigue en aumento, y la violencia feminicida. Pero hasta el momento, más allá de la tipificación del feminicidio y la publicación del protocolo para su investigación –años más tarde, hasta marzo de 2015, cuando el feminicidio se tipificó desde 2012–, no hay resultados ni programas concretos. La titular del IPM, al ser cuestionada sobre el número de feminicidios en Puebla, dijo que eso le correspondía a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y mencionó que se está trabajando aunque no explicó concretamente. También mencionó que el estado está “debajo de la media nacional” en asesinatos de mujeres.

Después de las declaraciones de Sobrado, Roxana Luna emitió un comunicado donde menciona que la violencia contra las mujeres no puede erradicarse mediante “pasitos”, sino que es necesario que se las autoridades asuman compromisos políticos reales, reiterando la urgencia de la activación de la violencia de género.

En la opinión de Natali Hernández, no es muy probable que las autoridades implementen la alerta de género, y consideró más importante mantener la expectativa y la pregunta abierta de si en verdad la alerta obligará a las instancias a hacer algo. “Esta sería la apuesta pero si siguen con la misma lógica de que se están haciendo cosas pero no sabemos qué, podría ser obsoleta. La alerta de género necesita también voluntad política para implementarse.”