Josué Cantorán

@josuedcv

La revista Líder, editada en la ciudad de Puebla, retiró a la reportera Arlette de la Torre Togán de su planilla de trabajadores, poco después de que ésta hizo saber a sus jefes inmediatos que presentaba un embarazo de alto riesgo que le impediría cubrir eventos durante una semana.

Por medio de un documento escrito en el que relató los hechos, la periodista acusó a Martín Gutiérrez Salvatori, jefe de redacción de la revista mensual, de incrementar su carga de trabajo cuando hizo de su conocimiento la situación de salud que presentaba.

Haciendo alusión a su embarazo, Gutiérrez Salvatori dijo a la comunicadora en reiteradas ocasiones que la publicación necesitaba de una persona “íntegra” que pudiera realizar de manera eficiente las encomiendas reporteriles asignadas.

Pese a que De la Torre Togán pidió a los directivos de la revista que le permitieran mantener su trabajo al menos unos meses más, de manera que pudiese solventar los costos relacionados con su embarazo y parto, la revista finalmente le ofreció permanecer como “freelance” con un salario de 2 mil pesos mensuales, oferta que ella rechazó.

Para la activista Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), los derechos laborales de la reportera fueron violados y su caso también es un ejemplo claro de violencia de género.

Puebla se encuentra entre los seis estados con mayores casos documentados de violencia contra las mujeres periodistas, de acuerdo con el informe “Impunidad: violencia contra mujeres periodistas. Análisis legal”, realizado por Cimac.

La despiden para no darle incapacidad

Sin ningún contratiempo había ocurrido el trabajo de la reportera Arlette de la Torre desde que fue contratada por Líder en octubre de 2013. Pero en octubre de 2014, tras saberse embarazada, la periodista se realizó exámenes médicos que arrojaron que su estado no era simple, pues presentaba sangrados que complicaron su embarazo.

El médico, quien diagnosticó los síntomas de la periodista como una amenaza de aborto, le ordenó guardar reposo absoluto durante una semana.

Aunque De la Torre Togán hizo saber de esta situación a Martín Gutiérrez Salvatori, su jefe de redacción, éste no sólo le agendó eventos sino que en la orden de información incluyó que consiguiera una entrevista exclusiva con un secretario estatal, encomienda que la reportera, pese a su estado, cumplió.

En los días siguientes, a pesar de que Arlette envió copias de los documentos médicos que acreditaban su complicada situación de salud, Gutiérrez Salvatori continuó agendándole eventos para cubrir de forma presencial.

Aunado a ello, el jefe de redacción solicitó la presencia de la reportera en la redacción, donde le dijo que la revista necesitaba de una persona “íntegra” que pudiera cumplir cabalmente con las encomiendas informativas, aludiendo a su embarazo.

El 17 de octubre, por medio de un compañero, la reportera se enteró que su puesto ya había sido ocupado por alguien más.

En una nueva visita a las oficinas de Líder, la periodista solicitó que se le dejase conservar su puesto al menos hasta diciembre, de manera que pudiera solventar los gastos que su embarazo y parto generarían. Aunque en un primer momento la revista aceptó, a la reportera se le informó de su despido definitivo cuando solicitó su agenda semanal.

Además, se le recordó de la amistad de Omar Alemán Chang, director general de la revista, con el alcalde Antonio Gali Fayad, “por si piensas meter demanda”.

La última oferta de Líder fue permitir a la reportera trabajar como “freelance”. Para la revista, ese término significa cubrir un evento en la mañana, ninguno en la tarde, enviar una sola nota diaria y recibir de remuneración 2 mil pesos mensuales. La periodista rechazó la oferta.

Violación a los derechos laborales y violencia de género: Odesyr

Para Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), el caso de Arlette es un ejemplo claro de violencia de género y de violación a los derechos laborales.

–¿Qué está pasando –cuestiona la activista– con este modelo de equidad de género que tanto pregonan las instituciones y que es una línea de trabajo desde el Instituto Nacional de las Mujeres, donde se supone que tendría que haber una transversalización de la equidad de género y reducción de brechas de desigualdad de género en las instituciones tanto públicas como privadas?

Rojas Arenas recuerda que la Ley Federal del Trabajo obliga a las empresas a brindar a sus empleados y empleadas una serie de prestaciones que incluye la incapacidad temporal en caso de embarazos de alto riesgo.

Sin embargo, la activista recalca que casos como el de Arlette, donde una mujer es despedida de su trabajo por presentar un embarazo de alto riesgo, siguen siendo comunes en Puebla y en México.

–De cuántas mujeres nos hemos enterado –dice– que si tienen un embarazo de alto riesgo ya no son productivas, ya no sirven para el trabajo, así como nada las desechan y no pasa nada. Afortunadamente, con Arlette sí salió a los medios, pero es importante puntualizar que esto sigue pasando, no es una excepción.

La directora del Odesyr recomienda que la periodista acuda no sólo a la Junta de Conciliación y Arbitraje a defender su caso, sino también al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a presentar una queja.

Puebla, foco de agresiones para mujeres periodistas

El Distrito Federal, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Puebla y Chiapas son los estados donde se concentra el mayor número de casos documentados de violencia contra mujeres periodistas. En Puebla se han cometido 4.7% de ellos en el periodo de 2012 a 2013.

Así lo consigna el informe “Impunidad: violencia contra mujeres periodistas. Análisis legal”, realizado por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac) y presentado en noviembre de 2014.

De acuerdo con dicho documento, los casos registrados en esta entidad han sido en su mayoría de violencia psicológica y verbal, seguido de violencia física y económica.

Además del de Arlette de la Torre, destaca en Puebla el caso de la reportera Yadira Llaven, del diario La Jornada de Oriente, quien recibió llamadas intimidatorias por su cobertura de la oposición de pobladores de las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl al gasoducto Morelos.