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Grecia: segundo infierno para inmigrantes y refugiados
Tras arriesgar su vida para llegar a Europa, miles de personas viven una segunda pesadilla en territorio griego, donde son víctimas de una política migratoria basada en la violencia
Por Lado B @ladobemx
26 de enero, 2015
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Tras arriesgar su vida para llegar a Europa, miles de personas viven una segunda pesadilla en territorio griego, donde son víctimas de una política migratoria basada en las detenciones, la criminalización de los recién llegados y la falta de derechos para los asilados.

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Huelga de hambre de refugiados sirios en Atenas. Fotografías: Aitor Sáez.

 Aitor Sáez | Periodismo Humano

@phumano

“¿Para qué quiero asilo en Grecia si no me van a dar ningún derecho? Ellos me han robado mi vida, a mí y a todos los que estamos en esta plaza. Todos hemos arriesgado nuestras vidas para venir aquí y ahora nos tratan como animales. Ese perro de ahí tiene más derechos que yo”. Muhammad Khaled es uno de los 200 sirios que mantuvo una larga huelga de hambre en frente del parlamento griego hasta que fueron desalojados. Las decenas de refugiados de la protesta son tan sólo la punta del iceberg de un problema que las propias Naciones Unidas han calificado de crisis humanitaria.

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Huelga de hambre de refugiados sirios en Atenas.

Con la creación del nuevo Servicio de Asilo, en junio de 2013, el porcentaje de reconocimiento del estatus de refugiado ha pasado de menos del 1% al 14% en un año. No obstante, la mayor parte de aceptaciones son para solicitantes provenientes de Siria, una nacionalidad especialmente protegida. Según explica Khaled, ser asilado en Grecia es papel mojado, porque el estado no garantiza ningún derecho, como el permiso de trabajo, vivienda, seguro médico o curso de idioma. “Es imposible quedarse aquí. Escapamos de una guerra para meternos en un infierno. En Grecia te dan un papel y te dejan en la calle sin nada, ni siquiera con el derecho de marcharte”.

Acorde con la Regulación de Dublín III, una vez los recién llegados son registrados en un país de la Unión Europea no pueden pedir asilo en otro país miembro. Para ello, la UE puso en marcha un sistema centralizado de huellas dactilar, el Eurodac. Debido al desbordamiento del sistema de asilo griego, en la práctica, los países europeos han dejado de enviar a los inmigrantes de nuevo a Grecia y desde hace un año son deportados directamente a su país de origen.

grecia3Khaled pagó unos 6.000 euros por viajar con su familia desde Turquía hasta alguna isla griega. En la lancha para siete iban 26, entre ellos mujeres y niños. En el suelo se amontonaban hasta tres personas, que gritaban a cada tanto para indicar que estaban vivas. El trayecto duró tres horas, “las peores tres horas de mi vida”, asegura Khaled. Una vez cerca de tierra la guarda costera los recogió y los detuvo. Tras pasar 14 días en una cárcel de Samos fueron trasladados a Atenas para iniciar la tramitación del asilo.

Muchos de los 500,000 inmigrantes irregulares en Grecia tenían la intención de llegar a otro país europeo, como Alemania o Suecia, pero sus caminos se han visto trabados por una agresiva política interna de aprehensión y criminalización. En el último año y medio la Nueva Oficina de Asilo ha mejorado la recepción de los recién llegados y ha aumentado el número de aprobaciones, sobre todo debido a la llegada masiva de sirios.

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Centro de detención de inmigrantes en Corinthos.

Sin embargo, el gobierno griego también ha reforzado la detención como pilar de su política migratoria. Entre otras medidas, se han aumentado de 6.000 a 7.500 las plazas en centros de detención, así como el número de las patrullas ‘Xenios Zeus’, dedicadas a la caza de inmigrantes irregulares.

Por ejemplo, Trésor Bomenga, fue detenido en la puerta de Caritas mientras esperaba para recibir comida. Pasó 19 meses en el centro de detención de Corinthos, con capacidad para 1.600 personas. “En una habitación de 12 metros cuadrados éramos cinco personas, algunos dormían en el suelo por falta de camas”, cuenta Trésor. “Los agentes nos trataban muy mal y a menudo veía como golpeaban a alguno de mis compañeros. Al final conseguían lo que querían: aterrorizarnos. Una vez por semana nos levantábamos y había alguien subido al tejado con la amenaza de tirarse. Cuando lograban bajarlo lo trasladaban a otro centro”, cuenta Trésor. “Cuando alguno de nosotros intentaba suicidarse castigaban al resto sirviendo menos cantidad de arroz o acortando las cuatro horas al día para salir al patio”. Trésor Bomenga aterrizó en Grecia en 2011 con la idea de llegar a Francia y trabajar como técnico en Telecomunicaciones, profesión de la que se había graduado en Senegal, su país de origen.

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Centro de Cáritas en Atenas.

Tras iniciar el proceso de asilo, como única alternativa para su puesta en libertad, ahora trabaja como voluntario para Caritas a la espera de agotar el proceso de petición de asilo, un trámite que en ocasiones puede alcanzar los cinco años. Una vez al mes Trésor visita a su amigo Diop, un senegalés que conoció dentro de la cárcel. En los dos minutos que dura la visita, tan sólo tiene tiempo para darle la bolsa con zapatos y galletas, y preguntar si todo está bien. El agente de turno se apresura para sacarlo del pasillo del pabellón D-2.7, donde Trésor vio como se le escapaba su sueño europeo.

Muchas de las detenciones incumplen con frecuencia la legalidad e incluso los Derechos Humanos. La abogada y miembro de la Fundación Helénica para Política Europea y Exterior (ELIAMEP), Danai Angeli, asegura que se producen detenciones de hasta cuatro o cinco meses en comisarías de policía, pensadas para retenciones de un par de días. “Las salas están bajo suelo, sin ventilación ni luz. Es como un zulo. Eso es una evidente violación de los Derechos Humanos”.

Por otro lado, en numerosas ocasiones las detenciones exceden el plazo máximo de 18 meses establecido por el Consejo Legal del Estado. Actualmente, hay más de 450 personas detenidas de forma indefinida, acorde con los datos recopilados por el Forum Griego de Refugiados. Danai Angeli recuerda que los inmigrantes detenidos en situación irregular no son criminales, tan sólo han cometido un delito administrativo y deberían ser tratados acorde con la legalidad para esos casos.

Durante su etapa como asesora legal en la nueva Oficina de Asilo, Angeli pudo corroborar enormes deficiencias en el funcionamiento del recién estrenado servicio, como la falta de intérpretes. “A veces teníamos que recurrir a voluntarios como traductores para visitar a los inmigrantes y llevar a cabo nuestro trabajo. Así no se podía agilizar nada”, explica Angeli. En el primer año tras su puesta en marcha, el servicio ya ha suprimido nueve de los 19 comités de apelación de los que disponía en un inicio.

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Centro de menores.

Danai Angeli considera que el ejecutivo heleno todavía emplea la detención como principal política migratoria, sin tener en cuenta la gravedad humana del fenómeno. Un ejemplo de las prioridades del gobierno son los 28 millones de euros anuales invertidos en la detención de 5.000 personas; o los 10,5 millones por año para mantener Amygdaleza, el mayor centro de detención del país. Según Angeli, estas medidas suponen un riesgo no sólo social, sino también financiero, y apunta que existe el marco legal apropiado para respetar los derechos fundamentales, pero de facto las medidas no se ajustan a la legalidad.

En un informe de Naciones Unidas sobre el estado de la inmigración en Grecia, el propio organismo sugiere que “la práctica generalizada de detenciones administrativas así como la duración de las detenciones tienen que ser revisadas”. En cuanto a la implementación del nuevo servicio de asilo, el documento denuncia que “existen obstáculos que limitan el progreso en la examinación de solicitudes acumuladas, debido a notificaciones ineficientes, errores o solicitudes incompletas, lo que causa problemas en la renovación de tarjetas de asilo y dificulta la aplicación de los derechos como asilado”.

El complicado acceso al sistema de asilo y las precarias condiciones en los campos de internamiento hace que muchos refugiados opten por vivir en la marginalidad. Es el caso de decenas de jóvenes afganos que prefieren vagabundear en las calles antes que meterse en un centro de menores.

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Gholamreza Jooya, 21, llegó en barco desde Turquía hasta la isla de Mitilini, donde estuvo detenido dos noches. Tras ser puesto en libertad pasó dos semanas ‘sin techo’ en Atenas. “Dormíamos en Alexandra Park y nos movíamos siempre en grupo para evitar ataques racistas. Ir juntos nos permitía también escaparnos con facilidad cuando nos cruzábamos con la polícia, porque cada uno corría en una dirección. A mí me detuvieron dos veces, pero me dejaron ir”, relata Gholamreza, que ahora se esconde en una fábrica abandonada de Patras.

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En los polígonos en frente del puerto de Patras unos 50 afganos de entre 14 y 25 años esperan la ocasión para colarse debajo de los camiones que embarcan hacia Italia. Durante el día se pasan las horas dando vueltas y por la noche se encaraman a las vallas del muelle para aprovechar cualquier despiste de los miembros de seguridad. “Yo ya llevo 50 días, pero otros, dos o tres meses. Cada vez está más difícil”, afirma Gholamreza, que abandonó Irán porque al ser afgano no tenía derecho a estudiar en la universidad y quería hacer una carrera en Física tras acabar la educación secundaria.

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Puerto de Patras.

Los jóvenes cocinan algo de pasta que una organización local les trae, pero su mayor preocupación son los comando, como llaman a la Policía griega. “Suelen venir dos veces por semana, entre las dos y las cinco de la madrugada. Algunos huimos y otros nos escondemos, depende donde durmamos esa noche”. Hace dos semanas uno de ellos murió al desplomarse el techo por donde corría para escapar de los agentes.

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Fábrica abandonada en Patras.

Si alguno de los muchachos es detenido le toca pagar el trabajo de la patrulla de turno. Tal y como cuenta Mahdi Rezai, 16, una de las veces que lo llevaron a comisaría lo tuvieron arrodillado mientras le pateaban los costados hasta quedarse sin respiración. Luego le golpearon en la cabeza. Durante la paliza los agentes soltaban insultos en persa. “¿Por qué aprenden persa sólo para insultarnos? Prefería estar en Turquía”, se lamenta Mahdi.

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Fábrica abandonada en Patras.

Una de las noches a la policía le dio por romper los pocos cristales que quedaban en las ventanas de la fábrica. En una de las salas, los refugiados afganos habían colocado una bandera y la utilizaban como mezquita, donde se reunían dos veces al día para rezar. Ahora, sin embargo, el suelo estaba demasiado sucio y según el Islam solamente se puede rezar en un sitio limpio. Mahdi asegura que otro de los problemas por la noche son las ratas y los espíritus. “En este edificio hay fantasmas y no nos dejan dormir”. La inocencia con la que describen su situación es un claro indicativo de su corta edad, apenas adolescentes, y posiblemente sea eso lo único que les mantiene animados.

Otro de los jóvenes, Asad Hassani, huyó de Afganistán por miedo a posibles represalias tras haber trabajado como traductor para el ejército americano. “Cuando Estados Unidos se fue sólo dejaron problemas. A todos los que colaboramos con ellos nos decían que habíamos comido cerdo, que no éramos musulmanes, y que nos iban a matar. Los talibanes capturaron a varios de mis compañeros en el trayecto hasta Kabul y los asesinaron”. Asad cobraba 600 euros al mes y ahorró lo suficiente para huir del país. “Pagué 2.000 euros en la frontera de Irán, 1.000 en Turquía y 1.500 por el barco hasta Grecia. La semana pasada quedé con un camionero para que me entrara en el barco y le di 1.000 euros, pero no apareció”, cuenta Asad.

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Como él, Mahdi, Gholamreza y Khaled, desde que en 2013 se levantara una valla de 12 km a lo largo de la frontera entre Grecia y Turquía, la mayoría de inmigrantes se han visto obligados a alcanzar territorio griego por mar. Según la guardia costera, en los seis primeros meses de 2014 hasta 25.000 personas intentaron llegar en barco, el doble que en el mismo periodo del año anterior.

Para ello el gobierno heleno, respaldado con fondos comunitarios, ha aumentado la vigilancia en las costas con la presencia del Frontex, la agencia europea para la protección de las fronteras; pero a diferencia de Italia, no ha extremado las medidas de seguridad para evitar muertes innecesarias. En enero de 2014, por ejemplo, una lancha guardacostas arrolló una pequeña embarcación con 25 inmigrantes, causando 12 víctimas mortales. Amnistía Internacional denunció la muerte de 208 personas en el mar Egeo entre agosto de 2012 y mayo de 2014. Otra de las prácticas habituales de la policía marítima son las devoluciones en caliente, tal y como ha señalado repetidas veces la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

[quote_box_left]Entrada originalmente publicada en Periodismo Humano. Click aquí para seguir leyendo. [/quote_box_left]

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